Una comisión internacional procedente del País Vasco inspeccionó a inicios de febrero de 2026 una bodega en el barrio El Prado de Barranquilla, señalada como presunto centro de tortura y detención clandestina en el marco de graves crímenes de lesa humanidad vinculados al caso Jorge Adolfo Freytter Romero.
Durante el recorrido, los expertos hallaron el lugar en estado de abandono, con maleza, escombros y manchas presuntamente de sangre en las paredes.
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En el interior se encontraron objetos asociados a Uniapuestas, una firma dirigida anteriormente por Enilce López, alias La Gata,.
La prensa y reportes judiciales apuntan que el inmueble ha sido vinculado históricamente al crimen organizado y al narcotráfico, lo que refuerza su relevancia para la comprensión de la violencia y el paramilitarismo en la región Caribe.
La bodega ha sido reconocida por organizaciones y expertos como el escenario donde ocurrieron el secuestro, la tortura y el asesinato del profesor y líder sindical Jorge Adolfo Freytter Romero en agosto de 2001.
De acuerdo con Cajar, Freytter había denunciado irregularidades en la Universidad del Atlántico y fue víctima de desaparición forzada y homicidio por parte de estructuras paramilitares en connivencia con agentes estatales. Su caso forma parte de una serie de crímenes sistemáticos contra estudiantes, docentes y activistas sindicales cometidos en el Caribe colombiano entre 1996 y 2006.
Según Cajar, al menos siete personas sufrieron detención y tortura en el inmueble. Esto convirtió a la bodega en símbolo de la violencia sistemática y de la impunidad de la época.
Aunque hubo sentencias individuales, la mayoría de los máximos responsables y autores intelectuales del crimen de Freytter no han sido enjuiciados, como señala Cajar. El reclamo de la familia y de organizaciones de derechos humanos por justicia, verdad y garantías de no repetición sigue vigente.
El asesinato de Freytter Romero se mantiene como referente entre los movimientos sociales y sindicales. En 2020, el Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional en el caso y se comprometió a medidas de reparación, como la creación de la Beca Jorge Adolfo Freytter Romero para apoyar a jóvenes del Caribe, informó Cajar.
La reciente inspección fue impulsada por la Asociación Freytter Romero, en conjunto con instituciones del País Vasco y contó con especialistas en antropología social, derechos humanos, análisis político y medicina forense.
El forense Benito Morentin aplicó el Protocolo de Minnesota sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas, una metodología internacional que exige rigor en la documentación y análisis de estos escenarios.
Morentin expuso a Caracol Radio que existen dos hipótesis principales sobre la muerte del profesor: la asfixia con una bolsa durante actos de tortura o un disparo. “Los resultados de estas verificaciones serán determinantes para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer quién dio la orden para asesinar al docente, cuyo cuerpo fue hallado en una carretera del Magdalena”, afirmó el experto.
La comisión internacional también mantuvo encuentros con autoridades colombianas, organizaciones sociales, colectivos de víctimas y la Alcaldía de Barranquilla..
El propósito es promover la resignificación del inmueble, impulsando su transformación en un espacio de memoria y pedagogía en derechos humanos.
Jorge Enrique Freytter, hijo del profesor asesinado, declaró a Caracol Radio: “Hemos dado un paso muy grande al venir a esta infraestructura del terror. Lo que hemos constatado es que era un escenario avalado por organismos del Estado en convivencia con estructuras paramilitares”.
Para la Asociación Freytter, la utilización del Protocolo de Minnesota y la recuperación de estos lugares permiten avanzar en la garantía de no repetición y en la construcción de memoria para las víctimas.
Esta proyección internacional ha intensificado el diálogo institucional, y genera expectativas respecto al futuro de la bodega como parte de la memoria colectiva y la justicia transicional en Colombia. Organizaciones de víctimas y expertos subrayan la importancia de reconocer públicamente estos espacios y dotarlos de valor pedagógico y reparador.
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