No es por plata, es por salud: Red PaPaz defiende impuestos que encarecen los ultraprocesados

La decisión de la Corte Constitucional de declarar exequibles los impuestos saludables incluidos en la Ley 2277 de 2022 volvió a poner en el centro del debate la relación entre política fiscal, salud pública y derechos de la niñez. Para Red PaPaz, una de las organizaciones que más ha impulsado estas medidas en Colombia, el fallo representa un respaldo clave a una política que busca ir más allá del recaudo y actuar directamente sobre los hábitos de consumo que afectan, desde edades tempranas, la salud de niñas, niños y adolescentes.

Desde la perspectiva de la organización, el aval del alto tribunal reafirma que estos impuestos no tienen un propósito meramente tributario. Como lo explicó Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz en entrevista para Infobae Colombia, “la finalidad primordial de los impuestos es extra-fiscal y preventiva, buscando desestimular el consumo de productos que generan externalidades negativas en la salud pública”. En ese sentido, la decisión de la Corte ratifica que el Estado puede intervenir en el mercado cuando está en juego la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a una alimentación adecuada.

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El impacto esperado en la alimentación infantil es uno de los puntos centrales del análisis. Para Piñeros, el aumento en el precio de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados no es un castigo al consumidor, sino una herramienta de política pública diseñada para modificar patrones de consumo. “El incremento en el precio de productos comestibles y bebibles ultraprocesados es una medida idónea para modificar los hábitos de consumo, impulsando la demanda hacia productos no gravados y más saludables”, señaló. Bajo esta lógica, el impuesto busca reducir la exposición temprana a alimentos asociados con enfermedades crónicas no transmisibles y proteger el desarrollo integral de la niñez.

Uno de los argumentos más recurrentes en contra de los impuestos saludables es la supuesta falta de sustento técnico. Sin embargo, desde Red PaPaz insistieron en que los criterios utilizados están alineados con la evidencia científica más sólida disponible. Piñeros explicó que “los criterios técnicos para la aplicación del impuesto (como los umbrales de azúcar, sodio y grasas saturadas) están fundamentados en estándares de salud pública reconocidos internacionalmente”. De acuerdo con la organización, estas referencias coinciden con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que señalan el gravamen a productos ultraprocesados como una intervención costo-efectiva frente al sobrepeso y la obesidad.

La directora de Red PaPaz también citó evidencia reciente que refuerza esta postura. “La serie de salud global publicada por The Lancet en noviembre de 2025, sobre los productos ultraprocesados y la salud humana, condensa la vasta evidencia que asocia directamente el consumo excesivo de nutrientes críticos y aditivos con enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, afectaciones a la salud mental, entre otros, que impactan el sistema de salud a largo plazo”, afirmó.

No obstante, la Ley 2277 también contempla exclusiones que han generado debate, especialmente en términos de equidad. Para Piñeros, estas decisiones tienen un efecto ambivalente. Por un lado, “la exclusión de productos como las fórmulas infantiles, alimentos para propósitos médicos especiales y soluciones de electrolitos se estableció para proteger niñas y niños con necesidades específicas”. Sin embargo, advirtió que estos productos son ultraprocesados y que su uso ha desplazado prácticas como la lactancia humana, “que es la práctica más segura y adecuada para la alimentación de niñas y niños”.

Por otro lado, la exclusión de productos de alto consumo buscó evitar un impacto desproporcionado en los hogares de menores ingresos. Aun así, Piñeros señaló que muchos de estos alimentos “son ultraprocesados, están llenos de aditivos y representan un riesgo para la salud de los hogares colombianos”. En línea con algunos salvamentos de voto en la Corte, advirtió que excluir productos ultraprocesados por su consumo masivo puede resultar regresivo en términos de salud.

De cara al futuro, la decisión del tribunal deja abierta la posibilidad de ajustes legislativos. Desde Red PaPaz plantean varias recomendaciones para fortalecer el diseño del impuesto, entre ellas la desgravación de alimentos saludables, la creación de una canasta básica familiar saludable y el ajuste de los umbrales técnicos. En particular, Piñeros subrayó la necesidad de “ajustar el umbral técnico (gramos de azúcar por 100 ml) para cerrar la exclusión que hoy deja por fuera a las bebidas con menos de 6 g/100 ml”.

Finalmente, la organización insistió en que los impuestos saludables no pueden operar de manera aislada. Piñeros recordó que, desde la sociedad civil, llevan más de siete años promoviendo un paquete integral de medidas que incluye etiquetado frontal, regulación de la publicidad y transformación de los entornos escolares. Aunque Colombia ya cuenta con impuestos saludables y sellos de advertencia, el reto ahora es avanzar hacia una implementación completa que garantice el derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuadas, especialmente para la niñez.