Golpe a la minería ilegal: autoridades inhabilitan nueve máquinas en la Amazonía colombiana

La Armada de Colombia ejecutó la inhabilitación de nueve dragas dedicadas a la minería ilegal en los departamentos de Caquetá y Putumayo, en una acción conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El operativo se llevó a cabo en los municipios de Solano y Solita, el departamento de Caquetá, así como en áreas rurales de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo, zonas de alta sensibilidad ambiental y estratégica para la región amazónica.

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De acuerdo con información oficial suministrada por la institución naval, las autoridades hallaron 261 galones de combustible tipo ACPM, motores, turboextractores y otros elementos que habitualmente se emplean en la extracción ilícita de minerales.

Los materiales habrían estado bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), Estructura Carolina Ramírez, organización que sostiene actividades ilegales en esta zona estratégica del sur colombiano.

Impacto ambiental y social de la minería ilegal

La minería ilegal con dragas genera graves afectaciones ambientales y sociales en la Amazonía. Las operaciones ilícitas contaminan los ríos con sedimentos y sustancias tóxicas, alteran los cauces naturales y destruyen ecosistemas acuáticos. Estos daños comprometen tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades ribereñas.

Fuentes militares detallaron que la destrucción controlada de las dragas y materiales incautados se realizó en el lugar, siguiendo los protocolos para evitar un daño mayor a los ecosistemas. El procedimiento buscó neutralizar la capacidad operativa de quienes financian sus actividades ilícitas con recursos extraídos del entorno amazónico.

El teniente coronel Fredy Anderson Cortés Otálora, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33, explicó que la fuerza pública identificó las nueve dragas junto a equipos y suministros líquidos, como combustible tipo ACPM, motores y turbohélices.

De acuerdo con el oficial, estos dispositivos tenían el objetivo de sostener la explotación ilegal de yacimientos mineros, generando un flujo constante de recursos para el grupo armado residual en la región.

Responsabilidad de grupos armados y respuestas estatales

Las verificaciones realizadas por la Brigada de Infantería de Marina No. 3 señalan que los equipos incautados pertenecían a la Estructura Carolina Ramírez, vinculada a actividades delictivas y la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales. La institución castrense detalló que el grupo residual utiliza la minería ilegal como una fuente principal de recursos para su funcionamiento.

“Localizamos y neutralizamos nueve dragas empleadas para la explotación ilícita, junto con insumos líquidos y motores. Se presume que estos dispositivos pertenecen al grupo armado residual Carolina Ramírez, que financia sus actividades fuera del marco de la ley mediante la minería ilegal”, afirmó Cortés Otálora.

El comandante agregó que la destrucción de los equipos se efectuó en el sitio para no generar un impacto adicional en el medio ambiente.

Continuidad de las operaciones y protección ambiental

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades amazónicas. La institución aseguró que mantendrá operaciones conjuntas e interinstitucionales orientadas a combatir las economías ilegales que afectan la biodiversidad y la estabilidad territorial.

“Estas acciones demuestran la prioridad que tiene la protección de los ecosistemas y del territorio nacional para la fuerza pública”, indicó Cortés Otálora. El oficial enfatizó que la coordinación entre las distintas fuerzas armadas fortalece la estrategia para enfrentar los delitos ambientales y sus consecuencias sociales en la región.

Las autoridades continúan supervisando las zonas intervenidas y mantienen vigilancia sobre los principales afluentes amazónicos, con el objetivo de impedir la reactivación de estas prácticas. La intervención de las Fuerzas Militares y el seguimiento a las rutas del tráfico ilegal de recursos buscan frenar el avance de la minería clandestina en la Amazonía, una de las áreas de mayor valor ecológico para el país y el continente.