Consejo Gremial le salió al paso a decisión de la SIC: “Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada”

En medio de la creciente discusión sobre el papel del Estado en la regulación del mercado, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, lanzó en la noche del miércoles 4 de febrero duras advertencias ante el reciente requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que solicitó a varias empresas que revelen sus parámetros internos para la fijación de precios; pues desde su perspectiva, genera tensión sobre el modelo de libre empresa en Colombia.

La líder gremial, con ocho apuntes en su perfil de X, expuso su postura, en la que hizo énfasis en las garantías constitucionales. “La Constitución es clara. El Estado no puede coadministrar empresas privadas. El artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial. Vigilar mercados nada tiene que ver con exigir cómo se fijan precios o márgenes”, afirmó Gutiérrez frente al anuncio confirmado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

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Del mismo modo, en relación con el enfoque masivo y preventivo del requerimiento, de acuerdo con lo expresado por Petro en defensa de la iniciativa, Gutiérrez fue vehemente en su rechazo. “Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas”, agregó la directiva en sus plataformas digitales.

Para Gutiérrez, la discusión, lejos de centrarse en tecnicismos normativos, adquirió un tono de advertencia sobre los riesgos para el sistema de mercado. “Perseguir abusos no es lo mismo que vigilar la rentabilidad. Sancionar prácticas anticompetitivas probadas es válido y lo apoyamos. Pero fiscalizar cuánto gana una empresa o cómo adopta esta sus políticas de mercado, sin indicios de ilegalidad, no sólo es riesgoso sino que es...”, adelantó la también titular de Acolgen.

Las alertas de la presidenta del Consejo Gremial ante la amenaza de intervencionismo del Estado

En ese sentido, intentó delimitar la frontera entre la protección del consumidor y el atropello a la autonomía empresarial. Para la dirigente, la línea que distingue la supervisión del intervencionismo es nítida: “Cuando el regulador cruza esa línea, el mercado deja de ser libre. Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”, sentenció en este aspecto, a su juicio una ‘bandera roja’ sobre el alcance del Ejecutivo.

Asimismo, en cuanto a la obligación de divulgar información estratégica, Gutiérrez fue enfática. “La reserva comercial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Obligar a revelar información estratégica sin proceso ni base legal debilita la seguridad jurídica y la confianza”, reiteró en su postura la presidenta del Consejo Gremial, que apuntó hacia la gestión del Gobierno, pues “el problema de Colombia no es que las empresas ganen. Es que el Estado no ejecute“.

De hecho, en su postura explicó que cuando el gobierno deja de corregir sus fallas y empieza a disciplinar al mercado, “pierden el empleo, la inversión y el crecimiento”, advirtió quien lidera el gremio. Con ello, Gutiérrez precisó que defender la libertad no es defender abusos, es defender el marco que hace posible la inversión, la innovación y el empleo”. Y remarcó que no es cuestión de ideología, sino de un hecho incorruptible: lo expuesto en la Constitución.

“La reserva comercial no se negocia, es una garantía constitucional. Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada y pasado mañana no habrá empresas ni productividad”, concluyó Gutiérrez, la presidenta del Consejo Gremial, que hizo público su tono de preocupación ante una escalada estatista que, en sus palabras, pondría en riesgo el motor fundamental del desarrollo económico nacional.