La canciller Rosa Villavicencio cerró definitivamente la puerta a una nueva prórroga del contrato de expedición de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, en medio de la creciente controversia jurídica e institucional que rodea la transición hacia el nuevo modelo de documentos en Colombia.
Pese a las advertencias de los organismos de control y a la demanda que hoy estudia la justicia administrativa, el Gobierno mantiene firme la fecha del 1 de abril de 2026 como el inicio del sistema que dejará en manos del Estado —con apoyo de Portugal— la fabricación de pasaportes y visas.
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En declaraciones entregadas a Blu Radio el 5 de febrero de 2026, Villavicencio fue enfática en señalar que no se contempla una extensión adicional del contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado el proceso durante más de una década.
Según la canciller, el cronograma diseñado desde 2025 se ha cumplido y permite garantizar la continuidad del servicio sin retrocesos.
“No habrá prórroga. El cronograma que hemos establecido desde el año pasado va marchando sobre los tiempos y tendremos el pasaporte nuevo y con garantías a partir de abril”, afirmó.
La posición del Gobierno se da en un contexto de alta tensión institucional. Mientras el Ejecutivo defiende el cambio como un paso hacia la soberanía tecnológica y la protección de los datos de los ciudadanos, los organismos de control han advertido riesgos jurídicos, financieros y operativos en la implementación del nuevo esquema.
Aun así, la Cancillería insiste en que el país está listo para asumir la producción integral de sus documentos de identificación.
El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión adoptada en 2023 por el entonces canciller Álvaro Leyva, quien suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons al considerar que la licitación no garantizaba condiciones de transparencia ni de libre competencia.
Desde entonces, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsó un viraje estructural: primero mediante un memorando de entendimiento y luego a través de un acuerdo formal entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal, con el objetivo de transferir tecnología y capacidades al Estado colombiano.
Sin embargo, ese acuerdo tripartito no ha estado exento de cuestionamientos. En octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda de nulidad contra el contrato, cuyo valor supera el billón de pesos, al considerar que incumple requisitos esenciales de la contratación pública.
Aunque la demanda fue interpuesta meses atrás, su admisión por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reactivó el debate y aumentó la incertidumbre sobre el futuro del modelo.
Entre los argumentos del Ministerio Público se destaca que la participación económica de la Casa da Moeda de Portugal representaría apenas el 21% del valor total del contrato, muy por debajo del mínimo del 50% exigido por la Ley 1150 de 2007 para este tipo de acuerdos.
Además, la Procuraduría cuestiona la ausencia de un proceso competitivo de selección y advierte que la adjudicación directa podría configurar una violación al régimen de contratación estatal. Por ello, solicita la nulidad absoluta del contrato y la devolución de los recursos ejecutados.
A estas críticas se suman las advertencias técnicas y operativas. El procurador delegado para la vigilancia de la función pública, Marcio Melgosa, calificó el proceso como un “compendio de improvisaciones”, señalando debilidades desde la estructuración del acuerdo hasta la ejecución actual.
En la misma línea, la Contraloría General ha alertado sobre posibles retrasos, riesgos financieros y falta de claridad en el cronograma de transición hacia el nuevo sistema.
Las preocupaciones de los entes de control han derivado también en investigaciones disciplinarias que involucran a altos funcionarios.
El proceso incluye a la actual canciller Rosa Villavicencio, a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, y al exjefe del Despacho Presidencial Alfredo Saade, todos relacionados con la firma y ejecución del acuerdo con Portugal.
Pese a este escenario, el presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente la decisión del Gobierno.
A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró en octubre del 2025 que Colombia “tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía” y que los datos personales no deben quedar en manos de empresas privadas con fines comerciales.
Petro también sostuvo que el nuevo pasaporte colombiano estará entre los cuatro de mayor calidad en el mundo y que la Imprenta Nacional quedará fortalecida tras la transferencia tecnológica.
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