Un incremento desmedido en el salario mínimo en Bogotá amenaza con desencadenar pérdida de más de 110.000 empleos formales en el corto plazo y dejaría a 2.000 familias sin subsidio de vivienda en 2026, según las proyecciones oficiales.
Estos impactos, que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables, forman parte del diagnóstico que expondrá la Concejal Sandra Forero en el debate “No todo lo que brilla es oro: las víctimas del aumento del salario mínimo”, programado para realizarse en el Concejo de Bogotá.
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El riesgo de perder tal cantidad de empleos formales podría manifestarse en los próximos 12 a 18 meses, agravando además la informalidad laboral. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la tasa de informalidad podría crecer 2,6 puntos porcentuales, alcanzando un preocupante 38 %.
Las consecuencias, indica la entidad, se sentirán de manera especial entre jóvenes, mujeres y trabajadores menos calificados.
Desde el último tercio del análisis oficial, emergen escenarios críticos: el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) advirtió que no lograría ejecutar siete obras planeadas, cuya realización beneficiaría a cerca de 500.000 personas.
Además, quedaría suspendida la intervención en la malla vial, el espacio público y los puentes peatonales, incrementando los problemas de movilidad y deterioro urbano para cientos de miles de bogotanos.
La concejal Sandra Forero aclaró que el debate no apunta contra los trabajadores sino a prevenir los efectos de lo que calificó como “una decisión populista sin el suficiente análisis técnico”.
Forero aseguró: “Queremos saber cómo va a proteger la Administración Distrital el empleo y la vivienda, cómo evitará que se frenen las obras y qué medidas concretas tomará para mitigar los impactos en salud, seguridad y educación, sin sacrificar oportunidades ni calidad de vida para los bogotanos.”, según declaró al Concejo de Bogotá.
El principal foco de preocupación se centra en las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 92 % del tejido empresarial en Bogotá. Con el aumento del salario mínimo fijado en 23 %, contratar formalmente se ha vuelto mucho más costoso para estas empresas.
Como resultado, la tendencia hacia la informalidad se vuelve más marcada, con los afectados concentrados en los sectores tradicionalmente más frágiles del mercado laboral.
En el sector vivienda, el incremento del valor unitario de los subsidios provoca que 2.000 hogares pierdan acceso a estas ayudas en 2026. Esta disminución en la cobertura de subsidios sucede en paralelo a la caída proyectada de los ingresos tributarios para el Distrito, tanto por concepto de impuesto predial como por el impuesto de industria y comercio (ICA), ya que se anticipa un menor crecimiento económico.
El efecto cascada de la medida se extiende a otras áreas estratégicas: en salud, advierten sobre posibles demoras y reducción en la calidad de los servicios, sumado a un mayor costo para las consultas médicas.
En educación, aumenta la posibilidad de que menos estudiantes accedan a subsidios de sostenimiento y de que no se ejecuten mejoras en infraestructura educativa.
En materia de seguridad, la presión presupuestal pone en duda el mantenimiento y la operación adecuados de vehículos, motocicletas y cámaras de videovigilancia, obligando a priorizar servicios sin poder cubrir la totalidad de las necesidades detectadas por el Distrito.
El Banco de la República puso el salario mínimo en el centro de su diagnóstico económico más reciente, tras la decisión de la Junta Directiva de subir la tasa de interés al 10,25%, un aumento de 100 puntos básicos.
Según el Emisor, el fuerte incremento del salario mínimo se convirtió en uno de los principales factores que frenaron la reducción de la inflación y elevaron las presiones sobre los precios durante 2025.
En su informe, el Banco advirtió que la inflación anual se estancó en 5,1% en 2025, un nivel similar al cierre de 2024, y proyectó que subirá a 6,3% en 2026, antes de descender a 3,7% en diciembre de 2027.
Este comportamiento, explicó la autoridad monetaria, está estrechamente ligado al impacto del aumento salarial sobre los costos laborales, la demanda interna y las expectativas inflacionarias.
El Emisor fue explícito al señalar que el incremento del salario mínimo superó el crecimiento de la productividad, lo que generó presiones adicionales en los costos de las empresas. A esto se sumaron la reducción de la jornada laboral y ajustes en precios regulados y alimentos, configurando un entorno que dificultó que la inflación siguiera convergiendo hacia la meta del 3%.
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