Miles de transportistas y comerciantes se tomaron este martes 3 de febrero el puente internacional Rumichaca, principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, en una protesta que paralizó por completo el tránsito vehicular y comercial.
La movilización, denominada “Marcha por la Dignidad Fronteriza”, busca llamar la atención de ambos gobiernos frente a la guerra arancelaria que ha disparado el costo del comercio binacional y generado un grave impacto en las comunidades fronterizas.
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Los manifestantes exigieron la eliminación de los aranceles del 30 % impuestos por Colombia y Ecuador a una variedad de productos, medida que, según gremios consultados por el medio ecuatoriano Expreso, ha reducido el comercio formal en la frontera en un 99 %.
La protesta se centró en el puente de Rumichaca, el único paso terrestre habilitado para el transporte binacional, donde la fila de camiones alcanzó los 600 metros el sábado 31 de enero previo a la imposición de los aranceles.
La congestión evidenció la presión logística que enfrenta la región y cómo las comunidades dependen de este corredor para su sustento.
Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, aseguró que los bloqueos y las restricciones arancelarias generan pérdidas anuales de $570 millones para el sector transporte colombiano.
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“Nuestro gremio representa el 26 % de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, equivalentes a $2.200 millones cada año”, explicó Mena, advirtiendo que los efectos económicos trascienden al transporte e impactan directamente a familias y comerciantes que dependen de la frontera.
Por su parte, los exportadores ecuatorianos calculan que la imposición de aranceles podría traducirse en pérdidas cercanas a $273 millones al año, afectando especialmente a los sectores agrícola, alimenticio y de manufacturas.
La Cámara de Comercio de Tulcán, representada por Nelson Cano, alertó que el conflicto tiene un efecto multiplicador sobre sectores como almacenamiento de mercaderías, agencias de aduana y transporte internacional, que generan miles de empleos en la provincia ecuatoriana de Carchi. Allí, el transporte es la segunda actividad económica más relevante después de la agricultura.
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La confrontación arancelaria se inició tras la imposición sin aviso previo de un arancel del 30 % sobre productos colombianos por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciado el 21 de enero durante el Foro de Davos en Suiza.
La medida se justificó, según el mandatario ecuatoriano, por el déficit comercial con Colombia —superior a $1.000 millones— y por el incremento del flujo de cocaína hacia Ecuador, situación que, a su juicio, no ha sido controlada por el Gobierno de Gustavo Petro.
En represalia, Colombia aplicó un arancel equivalente sobre cerca de cincuenta productos ecuatorianos, incluyendo frijoles, arroz, plátanos, aceites, azúcar, llantas, calzado, tubos de aluminio, bombonas, botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.
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El desequilibrio comercial entre ambos países es evidente: Colombia exporta alrededor de $1.800 millones anuales a Ecuador, mientras que las ventas ecuatorianas a Colombia suman apenas $900 millones, lo que ha reforzado la posición de Quito frente a Bogotá.
Uno de los efectos más críticos de esta confrontación arancelaria es el riesgo sobre el suministro eléctrico ecuatoriano. Ecuador importa electricidad desde Colombia, especialmente en periodos de crisis energética como la vivida en 2024, cuando se registraron racionamientos de hasta 14 horas diarias y compras de electricidad por $334 millones.
Sin embargo, desde el 22 de enero, el gobierno colombiano suspendió parcialmente este suministro ante las tensiones bilaterales, poniendo en riesgo la estabilidad energética ecuatoriana en escenarios de sequía o baja generación.
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La respuesta de Ecuador incluyó un aumento del costo de transporte del crudo de Ecopetrol, de 3 a 30 dólares por barril, lo que afecta la operación y exportación de los 10 mil barriles diarios que usualmente cruzaban por su territorio.
Este incremento, junto con los aranceles y bloqueos, evidencia cómo la disputa comercial no solo paraliza el comercio formal, sino que también golpea a miles de trabajadores fronterizos y pone en jaque décadas de integración económica.
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