Gobierno Petro tiene embolatados $23.000 millones por mala gestión de la Dian y otros ministerios con el impuesto al turismo

La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre deficiencias graves en la recaudación, administración y ejecución del impuesto al turismo en Colombia, aquel que es cobrado en el momento en que el pasajero compre el tiquete aéreo de tráfico internacional, cuyo viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior.

La alerta se hizo al identificar hallazgos fiscales por $28.310 millones correspondientes a la vigencia 2023. Las irregularidades detectadas afectan a entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con consecuencias para los municipios beneficiarios de proyectos estratégicos.

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Según la entidad, la mayor incidencia fiscal detectada corresponde al proyecto de embarcaderos fluviales, que fue financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por Fontur. El proyecto, iniciado el 26 de diciembre de 2023 con un plazo contractual de 20 meses y finalización prevista para el 25 de agosto de 2025, contemplaba la instalación de 88 embarcaderos en 81 municipios del país.

Aunque la fabricación de los 88 módulos fue concluida, solo cinco se instalaron y entregaron:

• Puerto Wilches (Santander).
• María La Baja (Bolívar).
• Cerro de San Antonio (Magdalena).
• Plato (Magdalena).
• San Sebastián de Buenavista (Magdalena).

Problemas de planeación y supervisión

El desfase entre la ejecución financiera y el avance físico evidenció problemas de planeación y supervisión, además de fallas contractuales. Como resultado, se estableció una presunta incidencia fiscal de $23.006 millones, así como responsabilidades disciplinarias.

Al respecto, el delegado de Comercio y Desarrollo de la Contraloría, Rodolfo Zea, advirtió que “desde la Contraloría General de la República, en la Delegada de Comercio y Desarrollo Regional, veníamos advirtiendo de que existe descoordinación en el recaudo y utilización del impuesto al turismo por las entidades que participan”.

Frente a la auditoría de cumplimiento, el funcionario sostuvo que se constató una deficiente fiscalización en el control de las declaraciones que deben hacer las aerolíneas. De igual manera, explicó que, por cada turista internacional que viaja a Colombia, las aerolíneas tienen la obligación de recaudar USD15, pero “no se ha hecho la adecuada labor de fiscalización en las sanciones por la presentación extemporánea de estas declaraciones”.

Durante los años fiscales 2021 y 2022, la Contraloría documentó numerosas presentaciones extemporáneas en la declaración del impuesto al turismo, situación que representa una posible afectación fiscal de $5.303 millones y la apertura de eventuales procesos disciplinarios. Zea enfatizó que “esto evidenció que hay un daño fiscal para el país por más de cinco mil millones de pesos”.

Falta de licencias y permisos ambientales

Sobre el desarrollo del proyecto de embarcaderos, puntualizó el delegado en que estos “están hechos, pero no los han podido instalar debido a que faltan licencias, permisos ambientales, accesos de vías y unos estudios y diseños en detalle que permitan llegar de manera adecuada a estas zonas fluviales de Colombia”. A juicio de él, el saldo del daño al erario público es de más de $23.000 millones. Añadió que “aquí la Contraloría encontró que hay $28.000 millones que están en riesgo o que ya tienen un presunto daño fiscal”.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, en el área de fiscalización tributaria persisten deficiencias continuas. El ente de control determinó que la Dian no empleó de forma efectiva sus facultades legales para la administración, fiscalización y control del impuesto, a pesar de contar con amplias competencias normativas para verificar, liquidar y sancionar los eventuales incumplimientos en la declaración y transferencia del impuesto al turismo.

Afectaciones en el Presupuesto General de la Nación

Las omisiones, conforme al diagnóstico institucional, incrementan el riesgo de pérdida de recursos públicos y afectan el ingreso oportuno al Presupuesto General de la Nación (PGN). Además, los hechos descritos comprometen la gestión administrativa de Fontur, el MinCIT, la Dian y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que pone en riesgo recursos estratégicos para la promoción, competitividad y sostenibilidad del sector turístico, considerado uno de los motores económicos del país.

La Contraloría recordó que los fondos recaudados mediante el impuesto al turismo se utilizan para financiar programas de promoción, competitividad, formación y desarrollo de infraestructura turística, así como para invertir en el tejido social de las regiones favorecidas.

El informe concluye que, ante la determinación de hallazgos fiscales y disciplinarios, los casos serán remitidos a la Procuraduría General de la Nación y a la delegada de responsabilidad fiscal, que deberán definir las actuaciones a seguir a partir de las irregularidades identificadas.