
Cinco días antes de que comenzará a regir la Ley de Garantías en Colombia, se produjo una serie de remociones en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cobrando al menos 30 funcionarios de dicha entidad.
Entre los funcionarios salientes se encuentra Luz Dary Cruz, que se desempeñaba como directora de Talento Humano del Dapre, y que fue declarada como insubsistente en el cargo, siendo una herramienta legal que afecta a los puestos de libre nombramiento y remoción, permitiendo que cada administración conforme su equipo de confianza.
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Aunque inicialmente el anuncio de la salida de Cruz en la entidad generó cierta percepción de “justicia divina”, como reacción a años de gestiones consideradas polémicas bajo anteriores administraciones, se conoció que habría ejecutado una serie de maniobras para conservar su puesto en la Casa de Nariño, lo que ha generado zozobra e incertidumbre entre el personal del Palacio presidencial.
De acuerdo con fuentes internas consultadas por Infobae Colombia, Cruz había mencionado que su reintegro fue casi una orden hacia el propio presidente Gustavo Petro, al considerar que la mujer acumula 1.350 semanas cotizadas para la pensión, por lo que se estaría amparando en su estatus de prepensionada.
En varias conversaciones privadas reveladas por las fuentes anonimas del Palacio a este medio de comunicación, se observan cuestionamientos a las denominadas “llamadas certeras” que realizó Luz Dary Cruz para lograr su reintegro y debatiendo si el presidente Gustavo Petro está al tanto de su historial laboral.
El desconcierto se intensificó tras trascender declaraciones en las que Cruz habría dicho que “ese señor no me puede sacar y además le quedan solo 6 meses para irse con el rabo entre las patas”, frase que refleja el tenso vínculo con el presidente.
No obstante, las fuentes consultadas por este medio de comunicación aseguran que el mandatario nacional ni siquiera tiene conocimiento sobre la presencia de Luz Dary Cruz en el Departamento Administrativo de la Presidencia.
Por el momento, la entidad oficial no ha emitido ningun pronunciamiento sobre la reincorporación de Cruz, mientras que los funcionarios persisten en su preocupación frente al encargado de los nombramientos de los cargos, tema que ha generado bastante alteración en el ambiente interno.

Comunicado del Dapre
Además de Luz Dary Cruz, otros funcionarios que salieron de sus cargos fueron Yury Carolina Calderón, exjefe de prensa del Dapre, Hasbleidy Fajardo, prima de la exdirectora Angie Rodríguez y quien se desempeñaba como asesora grado 5, Letty Leal, subdirectora de la entidad, y José Raúl Moreno, recién nombrado jefe de despacho presidencial.
Así mismo, se conoció que entre los cesados se encuentran madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados y personas con incapacidades médicas certificadas,todos ellos amparados por figuras de protección laboral reforzada en la legislación colombiana, según fuentes consultadas por Blu Radio.
Ante ello, el Dapre emitió un comunicado donde negó la cifra inicial de los reportes periodísticos y afirmó que las desvinculaciones alcanzaron un total de 12 personas y no entre 30 y 40 como se difundió en distintos medios.
“Las personas que fueron retiradas contaban con una vinculación de ‘libre nombramiento y remoción’ y no eran parte de la carrera administrativa o por concurso”, indicó la entidad, que ahora es liderada por Nhora Mondragón.
También, el Departamento Administrativo afirmó que los 12 funcionarios salientes “eran de confianza de la pasada dirección”, en referencia a la hoy gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.
“Y al llegar una nueva administración, se considera que se están a disposición del nuevo director o directora, quien conformará su equipo cercano de trabajo”, puntualizaron.

Varias fuentes confirmaron la inminencia de demandas por parte de trabajadores afectados bajo figuras de protección especial.
El telón de fondo de estos movimientos es el endurecimiento de las restricciones que impone la Ley de Garantías. Desde el 8 de noviembre, esta norma ya impedía la firma de convenios interadministrativos en el ámbito territorial.
Esta situación se produce pese a que, el 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular en la que prohibía expresamente ejecutar despidos en este periodo.La instrucción llegó después de que el presidente Petro llamara la atención a ministros y directores en una sesión televisada del Consejo de Ministros.
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