El análisis del decreto legislativo 0044 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional estableció nuevos impuestos al sector de generación de energía en el marco de la emergencia económica, quedó en manos del magistrado Vladimir Fernández, quien ordenó la práctica de varias pruebas antes de presentar una ponencia ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, según conoció en primicia Blu Radio.
De acuerdo con un auto de ocho páginas conocido por esa emisora, el magistrado solicitó al Gobierno explicar de qué manera las medidas contempladas en el decreto contribuyen a superar la crisis económica que motivó la declaratoria de emergencia y cómo estas decisiones permitirían evitar interrupciones en la prestación del servicio eléctrico, con énfasis en los riesgos advertidos en la región Caribe, donde se han señalado dificultades financieras y operativas del sistema.
Entre los requerimientos centrales, el despacho del magistrado pidió que se precise por qué fue necesario acudir a un decreto legislativo, en lugar de utilizar mecanismos ordinarios como proyectos de ley, ajustes tarifarios o regulaciones sectoriales vigentes dentro del marco institucional del sector energético colombiano.
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Asimismo, se solicitó información detallada sobre el impacto de las medidas tributarias en distintos frentes, incluyendo las tarifas de energía, el funcionamiento del mercado energético, la sostenibilidad financiera de los agentes del sistema y las posibles consecuencias para los usuarios finales, con especial atención a la población vulnerable.
El decreto bajo revisión creó el denominado “aporte solidario de energía”, una figura impositiva aplicada a los generadores, con el objetivo de fortalecer las finanzas del sector y atender los efectos económicos derivados de la coyuntura que llevó a la declaratoria del estado de excepción. La Corte busca establecer si existe una relación directa y suficiente entre la emergencia declarada y las medidas adoptadas.
Dentro del trámite probatorio, el magistrado Fernández invitó a presentar conceptos técnicos y jurídicos a varias entidades del orden nacional y territorial. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las gobernaciones de más de 10 departamentos del Caribe, una de las regiones señaladas como prioritarias en el análisis.
Estas entidades deberán pronunciarse sobre aspectos como la viabilidad económica del decreto, su coherencia con el marco regulatorio del sector, los efectos sobre la estabilidad del sistema eléctrico y la pertinencia de las medidas frente a la situación que enfrenta el país en materia energética.
Una vez recopiladas todas las pruebas solicitadas, el magistrado Vladimir Fernández tendrá a su cargo la elaboración de la ponencia, que posteriormente será sometida a votación de la Sala Plena de la Corte Constitucional, instancia encargada de definir si el decreto se ajusta o no a la Constitución.
Este proceso se desarrolla en un contexto institucional particular, luego de que la Corte Constitucional aplicara por primera vez la figura de la suspensión provisional de un estado de excepción. Dicha decisión dejó sin efectos temporales la emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.
La suspensión provisional implicó que los decretos derivados de la emergencia, incluido el 0044 de 2026, quedaran congelados hasta que la Corte adopte una decisión definitiva. En ese escenario, el análisis probatorio adquiere un papel central para determinar si las medidas cumplen con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y conexidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.
El magistrado Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia antes de llegar a la Corte, asumió este expediente tras un sorteo interno, como lo establece el reglamento del alto tribunal. Su despacho deberá evaluar tanto los argumentos del Ejecutivo como los conceptos técnicos que alleguen las entidades convocadas.
El estudio también contempla examinar si el decreto garantiza la continuidad del servicio público de energía, uno de los elementos señalados por el Gobierno como prioritarios, especialmente en zonas donde se han advertido riesgos de desfinanciamiento de las empresas prestadoras.
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