Alias Moises, cabecilla de los Satanás en Cundinamarca tiene atemorizados a comerciantes y trnasportadores con sus amenazas de muerte

La expansión de la banda de Satanás bajo el mando de alias Moisés está desatando una ola de extorsiones y asesinatos que sitúa a comerciantes y transportadores de Cundinamarca en una situación límite. Mientras las víctimas denuncian falta de respuesta de las autoridades y acusan a la Fiscalía de desprotección, el temor se propaga desde Soacha hacia varios municipios de la sabana de Bogotá.

Los mensajes de amenaza, junto con videos de homicidios, dejan claro que quienes se niegan a pagar “los aportes” están en riesgo de muerte, según informó el medio Semana.

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En los recientes meses, los pobladores de Soacha y, ahora, de localidades como Zipaquirá, Cajicá, Chía, Madrid y Mosquera, reciben advertencias como: “Le dejamos un panfleto por allá y ustedes no han copiado. Necesitamos que se pongan al día con nosotros, con la organización de Moisés. Tengan claro que nosotros tenemos muertos allá. El que no se ponga al día no lo vamos a dejar trabajar”, de acuerdo con mensajes recogidos por el medio de comunicación.

Los responsables envían videos que registran la ejecución de taxistas, calibradores y comerciantes reacios al pago.

El responsable máximo, alias Moisés, es un ciudadano venezolano que asumió el control de la estructura criminal dirigida por José Manuel Vera Sulvarán, conocido como alias Satanás. Adoptando tácticas de intimidación y gestión propias de una organización empresarial ilícita, coordina los cobros, regula las sumas y negocia en reuniones virtuales.

Las víctimas han descrito a Semana la dinámica de estas extorsiones, en las que los propios comerciantes piden rebajas en las cuotas semanales impuestas. Una conversación registrada en audios en poder de la Fiscalía da cuenta de estas exigencias: “Por la chaza estamos cobrando $30.000; ustedes dan una cifra exacta de cuántos son. El que no paga no puede trabajar”, enfatizó alias Moisés.

Frente a las peticiones de los afectados, que reclaman imposibilidad de pago, la respuesta ha sido contundente. Los victimarios aseguraron que: “Ya hay personas pagando, serias y leales. Les pedí un precio neto, un tope con todos. Usted me dice cuántas chazas son y miramos un precio redondo”.

Un grupo de 84 vendedores expresó: “Habemos familias que solo venden tinto y les queda muy duro $30.000 semanales”. No obstante, Moisés insistió en fijar una suma única global para el grupo.

Esta estrategia, según refieren los testimonios obtenidos por el informativo, ha implantado un sistema de vigilancia y denuncia interna forzada: “Ustedes, como colaboradores, tienen que darse cuenta de quién los perjudica también. Entonces, tienen que mostrarnos quiénes son los que no pagan, porque ustedes son los que saben, porque esa persona les daña a ustedes el aporte. Entonces, tienen que decirnos quién es el que no paga y nosotros le enviamos allá a los muchachos”, instruyó alias Moisés a las víctimas.

La expansión del dominio criminal no ha encontrado resistencia institucional efectiva. Los investigadores desconocen el paradero de alias Moisés, aunque han identificado su voz y sus números telefónicos, presumiendo que dirige las operaciones desde Venezuela, de acuerdo con el reporte de Semana.

A pesar de la estela de homicidios —al menos media docena, en su mayoría grabados en video como prueba de poder— y de la reiteración de amenazas, las denuncias parecen quedar estancadas. Los audios, videos y pruebas permanecen en archivos judiciales sin avances notables.

El desmontaje de grupos específicos como el Gaula dentro de la Fiscalía ha agudizado la sensación de abandono. Semana recogió alertas desde el interior del ente acusador que subrayan que sin estas unidades especializadas, las víctimas han quedado expuestas y sin esperanza efectiva de protección, con la única salida de ceder a las exigencias extorsivas.

“Ha pasado más de un año y estamos trabajando con las uñas, porque las ventas están muy malas. Cómo es posible que uno siga pagando $700.000 pesos y cuando no les paga al día lo amenazan. Ya no sabemos qué hacer, si salir o no. La verdad, es una situación sumamente fuerte y acá seguimos esperando respuesta de la Fiscalía”, relataron los afectados a Semana.

El miedo se ha traducido en migración forzada y cierre de negocios. Algunos prefieren abandonar la región, aunque la organización criminal amenaza también a quienes intentan huir. Según los testimonios recogidos, “si uno va a vender, tiene que avisarles y darles más de la mitad de lo que cuesta el puesto, porque nos tienen vigilados a ver si a alguien se le ocurre vender”.

Hoy, las víctimas relatan pagar sus cuotas a través de transferencias digitales —en su mayoría a un mismo número de celular vinculado a cuentas de Nequi— mientras observan cómo sus denuncias son minimizadas por los pocos fiscales asignados a Cundinamarca. “Ya casi un año en la misma situación. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Esto no es fácil y se la pasan por aquí cerca, donde uno vive, toda la noche, como vigilando si uno se va a ir. He sabido de otros comerciantes que han tenido que cerrar y aun así les siguen cobrando, los amenazan, les mandan mensajes, les hacen videos”, confiaron a Semana.

La presión criminal se sostiene con circuitos de vigilancia, amenazas colectivas y la exhibición de su capacidad letal, mientras la respuesta institucional sigue sin cambios sustantivos.