El acto de desobediencia civil iniciado por cientos de personas privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal, pudo en evidencia una crisis prolongada y profunda en este centro penitenciario de Medellín.
Desde la noche del lunes 26 de enero, las internas realizaron una protesta pacífica como respuesta a las condiciones que describen como “crueles e infrahumanas”, especialmente en lo que respecta a la alimentación y la atención sanitaria.
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Las internas del patio 18, en la sección femenina, mantuvieron la desobediencia durante 24 horas. Ellas reclaman que no deben pagar por productos básicos dentro del penal y exigen la autorización para recibir kits humanitarios y alimentos caseros.
Según las denunciantes, la crisis alimentaria es solo una parte de una problemática mucho mayor.
La atención médica es otro de los ejes de la protesta. La población recluida denuncia que solo hay un médico para todos los pabellones, tanto de hombres como de mujeres, lo que limita gravemente la respuesta ante emergencias o enfermedades. Esta insuficiencia agrava las tensiones y pone en riesgo la salud de los internos.
Ante la magnitud de la protesta, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia convocó una reunión urgente en la Alcaldía de Medellín. La cita, prevista para el miércoles 28 de enero a las 2:00 p. m., contará con la participación de la Personería, la Secretaría de Paz, la Procuraduría Provincial y la Dirección Regional del Inpec.
El objetivo central es acordar soluciones inmediatas para restablecer el suministro de bienes básicos y enfrentar la emergencia sanitaria.
Durante el encuentro también se discutirán denuncias de maltratos sistemáticos. Los reportes documentan discriminación contra la población trans y diversa, explotación laboral bajo coacción y obstrucciones en los procesos hormonales.
Asimismo, se han registrado tratos degradantes, como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante operativos de requisa realizados por el personal de guardia.
Con la expectativa de una resolución, las personas privadas de la libertad y sus familias esperan que las autoridades adopten medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y mejoren las condiciones de vida dentro de la cárcel El Pedregal.
Precedentes de denuncias en la cárcel El Pedregal
Las recientes denuncias sobre corrupción y hambre en la cárcel El Pedregal exponen una crisis humanitaria que se agrava día a día. En medio de la precariedad, los internos han debido sobrevivir gracias a la solidaridad de sus familias, que asumen el costo de los alimentos y enfrentan obstáculos impuestos por funcionarios.
El origen del problema se ubicó a comienzos de 2024, cuando las autoridades clausuraron el “rancho”, el lugar donde se preparaban los alimentos del penal. Inspecciones oficiales encontraron carne de caballo, comida descompuesta y contaminada con alambres, entre otros residuos, lo que llevó a la suspensión inmediata del servicio.
Tras ese cierre, la única alternativa fue que las familias ingresaran la comida por su cuenta. Esta medida trajo algo de alivio, aunque no para todos: los hombres recibieron apoyo familiar, pero las mujeres no pudieron gozar del mismo beneficio, profundizando la desigualdad dentro del centro penitenciario.
La Procuraduría, hacia finales de 2025, hizo público un informe preventivo que documentaba incumplimientos reiterados en la contratación del servicio de alimentación, lo que, según el informe, vulneró derechos fundamentales de los privados de la libertad.
El Tribunal Administrativo de Antioquia intervino en septiembre del año pasado, al emitir un fallo que obliga al Estado colombiano a garantizar una alimentación adecuada en cantidad y calidad para los internos de El Pedregal.
La decisión judicial respondió a denuncias reiteradas de hambre y trato inhumano, presentadas tanto por defensores como por los propios reclusos.
A pesar de los esfuerzos legales, la realidad no ha mejorado. Según Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, existía un acuerdo con el Inpec para que los familiares pudieran ingresar kits alimentarios básicos, cuyo costo diario es de 2.500 pesos por persona.
Las familias, muchas veces organizadas entre ellas, asumieron el gasto para evitar que sus seres queridos pasaran hasta treinta horas sin comer.
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