El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda colectiva para suspender de manera provisional cualquier intento de venta del activo Permian, propiedad de Ecopetrol en Estados Unidos y en donde se aplica la técnica del fracking. La acción responde a inquietudes sobre eventuales riesgos para los recursos públicos, la distribución de utilidades y la seguridad del abastecimiento energético en Colombia.
La demanda fue impulsada por la Fundación para el Estado de Derecho de Colombia (FEDe. Colombia), que solicitó que ningún proceso de desinversión avance sin un respaldo técnico independiente. Pide máxima transparencia y estudios verificables antes de cualquier decisión respecto al Permian. La admisión del proceso judicial fue anunciada el 28 de enero de 2026, en una coyuntura decisiva, con próximas definiciones sobre la Junta Directiva de Ecopetrol y la gestión de activos estratégicos.
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Con la apertura del trámite, el tribunal dispuso la notificación inmediata a todas las entidades implicadas y a la ciudadanía. Además, ordenó el estudio de una medida cautelar que impediría a Ecopetrol y al Ministerio de Hacienda proceder con la venta del Permian hasta garantizar la evaluación experta y la divulgación pública de los informes correspondientes.
Los argumentos principales de la demanda resaltan que una venta del Permian sin sustento técnico podría poner en peligro el patrimonio estatal, teniendo en cuenta que el Estado colombiano ostenta alrededor del 88,5% de participación en la empresa. Según la fundación, una desinversión afectaría las finanzas públicas, reduciría las utilidades transferidas al presupuesto nacional y podría comprometer el suministro de combustibles y gas, elementos esenciales para la economía.
Importantes para el flujo de caja
El documento destaca que el Permian representa una fracción importante de la producción de crudo, el flujo de caja y las utilidades de Ecopetrol. El valor estratégico del activo aumenta por la asociación vigente con Occidental Petroleum, lo que muestra la importancia en la operación internacional de la petrolera. La demanda exige que toda decisión esté sustentada en criterios técnicos comprobables y observando total transparencia.
Así las cosas, el escenario corporativo y político añade complejidad al proceso. La próxima asamblea de accionistas, del 5 de febrero, será clave al elegir una nueva Junta Directiva, determinante para el rumbo internacional de Ecopetrol y la continuidad de negocios apoyados en tecnologías como el fracking. El Gobierno encabezado por Gustavo Petro expresó reservas hacia dicha técnica, lo que generò posiciones divergentes dentro de la administración de la compañía y el Ejecutivo.
Precisamente, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, destacó la relevancia del Permian por su peso en reservas, producción y eficiencia. “Siempre he sido claro en que este es un activo importante, que suma en reservas y en producción, que suma eficiencia y limpieza del costo y de la extracción”, afirmó el funcionario a Caracol Radio. El directivo precisó que avanza una revisión sobre la posible desinversión de activos, tanto en Colombia como en el exterior.
“Se están recibiendo solicitudes de revisión para desinversiones de algunos activos, dentro y fuera del país, y el Permian podría ser uno de los que está en evaluación”, anotó al medio.
El debate se profundiza cada vez más ante las insistentes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que impulsan la venta del activo, y comentarios de exdirectivos que cuestionan el respaldo gubernamental al rumbo actual de Ecopetrol.
Valorización de Ecopetrol
De igual forma, Ecopetrol reportó la valorización del 27% en la acción en la Bolsa de Nueva York y un crecimiento superior al 32% en ISA, su filial, cifras que según Roa confirman el buen desempeño y la recuperación del valor del grupo. El presidente explicó que, a pesar de la Tasa Representativa del Mercado y la volatilidad internacional, la empresa superó las metas de producción y mantiene buenas perspectivas para sus reservas.
A nivel internacional, Ecopetrol enfrenta retos adicionales. El aumento del 900% en los aranceles impuestos por Ecuador al transporte de crudo colombiano llevó a la suspensión de operaciones desde octubre de 2023. Esto obligó a buscar rutas alternativas, elevando el costo por barril transportado de USD2,7 a USD12, y generó pérdidas cercanas a 3.000 barriles diarios, además de afectar la infraestructura con frecuentes sabotajes.
Disputa con Ecuador
La disputa con Ecuador motivó conversaciones entre Ecopetrol, Cenit y el Ministerio de Minas y Energía para buscar soluciones. Según la dirección de la empresa, la situación podría derivar en la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ante las afectaciones al libre comercio energético en la región.
De esta manera, la Fundación que interpuso la demanda reiteró que el propósito es velar por el interés general, por lo que exigen transparencia y rigor técnico en la gestión de bienes públicos, para evitar que factores políticos o presiones momentáneas condicionen el futuro patrimonial y energético del país.
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