
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se pronunció sobre una denuncia pública que hizo la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia a través de su cuenta de X, en la que informó sobre presuntas irregularidades registradas en trámites de la entidad orientados a la compra de tierras. Según indicó la congresista, en la ANT estarían cobrando el 10% como comisión por estos negocios.
Para sustentar su denuncia compartió un contrato autenticado de mandato que fue suscrito, al parecer, entre una contratista de la entidad y un vendedor de varios predios. La abogada, cuyo nombre no fue revelado, tenía como función prestar servicios profesionales a la ANT para gestionar y adelantar trámites, procesos y actividades de competencia de la Secretaría General.
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“El 11 de noviembre de 2024 “la contratista” y el propietario de tres predios firmaron tres contratos de mandato, uno por cada uno, donde el dueño se habría comprometido a pagarle el 10% del valor que la ANT le diera por los terrenos. La comisión tenía como fundamento “la gestión” que realizaría la contratista para lograr que la ANT comprara los lotes”, detalló Valencia.
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Esos predios finalmente fueron adquiridos por la entidad, según indicó la candidata, por lo que solicitó a los entes de control competentes hacer una investigación sobre estos hechos que, a su juicio, podrían ser parte de hechos de corrupción mucho más grandes. “O los contratistas son unos avispados o los directivos los usan para recaudar el dinero y presionar a los compradores. Esto puede ser el inicio de una de las mayores ollas podridas del Gobierno Petro”, aseveró.
Ante esta denuncia, la ANT emitió un comunicado en el que aclaró que la persona señalada por la candidata presidencial en su declaración no mantiene ningún vínculo contractual con la entidad desde el 31 de diciembre de 2024 y que, durante su periodo laboral, no le fueron asignadas funciones ni autorizaciones relacionadas con la compra de predios, ni formaba parte de la dependencia encargada de estos trámites.
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Aunado a ello, informó que notificará a la Fiscalía General de la Nación sobre este caso y que solicitará una investigación adicional de la Oficina de Inspección de Tierras para esclarecer las circunstancias advertidas.

De igual manera, anunció la suspensión del pago por la compra de los predios, que todavía está en trámite. Esto, mientras se investigan los hechos y se determina si hubo alguna irregularidad en la suscripción de los contratos.
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“La compra de los predios mencionados corresponde al cumplimiento de acuerdos establecidos con organizaciones campesinas, bajo el seguimiento de la Personería Municipal y otros organismos de control, ante la falta de ofertas de tierras en ese municipio. Solicitudes, actas y requerimientos que reposan en el expediente de compra”, detalló la ANT en el comunicado.
Por otro lado, recordó que entre 2024 y 2025, la entidad presentó diez denuncias formales ante las autoridades por falsos tramitadores, identificando nombres de firmas, oficinas y personas involucradas en estas prácticas que afectan la reforma agraria. Indicó que estas acciones buscan impedir cualquier intermediación irregular en la gestión de tierras.
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El director nacional de la ANT, Felipe Harman, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X confirmando las acciones legales que ha adelantado la entidad ante hechos irregulares que ha identificado. En ese sentido, aseguró que la agencia recurrirá a las autoridades para que se indague sobre la denuncia de Valencia, a cuya familia señaló de estar involucrada en hechos anómalos que afectan a la ANT.
“Ha sido mi dirección la que ha puesto en conocimiento de las autoridades más de 10 oficinas de abogados dedicados a ofrecer sus servicios de acompañar trámites en la Agencia. Esta no será la excepción. Haremos la denuncia con la misma vehemencia con la que le exigimos a la familia de la Senadora que devuelva los baldíos de la Nación”, aseveró.
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