Una reciente ola de insubsistencias en cargos directivos y de coordinación en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha reavivado el debate sobre los procedimientos internos de despido y la gestión del recurso humano en la Casa de Nariño.
La salida de Luz Dary Cruz, exdirectora de Talento Humano del Dapre, se suma a una serie de decisiones marcadas por la polémica y reclamos internos por la manera en que se han aplicado estas medidas en administraciones anteriores.
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La decisión de insubsistencia es una herramienta legal que afecta a los cargos de libre nombramiento y remoción, permitiendo que cada administración conforme su equipo de confianza. Según distintas fuentes anónimas, quienes hablaron con Infobae Colombia, es frecuente que estos relevos generen inconformidad interna y discusión pública en el Dapre.
Durante el periodo en que Angie Rodríguez ocupó la dirección del Dapre y Luz Dary Cruz lideró Talento Humano, los testimonios de extrabajadores señalaron procesos de despido sin transición ni empalme, y sin un cierre formal de funciones.
Varios exfuncionarios reportaron situaciones de maltrato. Relataron que, tras ser declarados insubsistentes, fueron grabados y acompañados por escoltas para desalojar sus oficinas de forma abrupta. Estas experiencias dieron lugar a denuncias y demandas contra la entidad.
El caso de Alexis Mahecha, exsubdirector del Dapre, trascendió a la opinión pública cuando manifestó su inconformidad con el trato recibido después de su salida. Este descontento refleja una inconformidad persistente que, según diversas voces, ha acompañado históricamente los relevos de personal en la institución.
La salida reciente de Luz Dary Cruz ha activado dinámicas conocidas en la entidad. Funcionarios y fuentes internas al Dapre mencionan ahora una percepción de “justicia divina” tras años de decisiones controvertidas. Señalan que estos cambios suelen verse como ajustes o respuestas a gestiones previas, más allá de los fundamentos legales o formales.
Según lo publicado por Infobae Colombia, al menos 30 funcionarios del Dapre, entre ellos Luz Dary Cruz y Yury Carolina Calderón (exjefa de prensa), fueron retirados la noche del 26 de enero. Este proceso fue atribuido a la llegada de Nhora Mondragón como nueva directora.
Las disposiciones de la Ley de Garantías limitan progresivamente la contratación y estructuración de las nóminas públicas, con el propósito de preservar la equidad en el proceso electoral y evitar el uso de recursos estatales para favorecer candidaturas oficiales.
Versiones internas sostienen que una de las motivaciones detrás de estas salidas sería liberar plazas para el ingreso de personal cercano a las campañas respaldadas por el jefe de Estado. Oficialmente, sin embargo, no se han atribuido motivos políticos a las recientes insubsistencias.
Los cambios de personal no solo afectan al Dapre. Medios como Semana y Caracol Radio informaron que Hasbleidy Fajardo, asesora y familiar de la exdirectora Rodríguez, también fue retirada de su cargo. Además, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se han producido remociones masivas, con al menos 130 servidores públicos afectados en un contexto similar de restricciones preelectorales.
Este episodio vuelve a poner de manifiesto la lógica de los relevos en cargos de confianza, reforzada por el marco normativo y el clima político rumbo a las elecciones. Sin embargo, se distingue porque quienes antes aplicaron estas medidas experimentan ahora, desde otra perspectiva, los efectos directos de esas decisiones.
Los despidos en el Dapre ocurren a días de la Ley de Garantías
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fueron retirados de sus cargos en la noche del 26 de enero, en una medida que ocurre a cinco días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías electorales en Colombia.
Este proceso de despidos coincide con el periodo previo a las elecciones presidenciales y congresuales de 2026 y afecta directamente al despacho del presidente Gustavo Petro.
La aplicación de la Ley de Garantías, que endurecerá las restricciones para la contratación directa y la reorganización de la nómina pública desde el 31 de enero, tiene como objetivo asegurar la equidad en los comicios programados para el 31 de mayo –fecha de la primera vuelta presidencial– y el 8 de marzo, día en que se celebrarán las elecciones al Congreso. Además, esta oleada de cambios ocurre en un contexto de recientes controversias por supuestos actos de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).
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