
La controversia entre Juan Carlos Pinzón y la firma encuestadora AtlasIntel marcó la agenda política de Colombia en enero. El candidato presidencial acusó a AtlasIntel de excluirlo injustificadamente de una encuesta relevante sobre la Gran Consulta por Colombia, poniendo en duda el rigor y la legitimidad del estudio.
De acuerdo con el comunicado publicado por la campaña de Pinzón el 26 de enero en Bogotá, la omisión de su nombre en el cuestionario representaba “un error grave e inaceptable” que, según la declaración, atentaba contra la credibilidad del ejercicio.
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Como respuesta, Andrei Roman, director ejecutivo de AtlasIntel, desmintió públicamente las acusaciones en declaraciones publicadas en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
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Roman explicó que la polémica partía de “una captura de pantalla de un cuestionario antiguo, anterior a la confirmación de la participación de Pinzón en la Gran Consulta por Colombia”. Afirmó que “el señor Pinzón fue incluido en la última encuesta AtlasIntel.
Roman enfatizó que la participación de Pinzón estuvo debidamente confirmada en la medición oficial más reciente y que los resultados que obtuvo allí superaron los alcanzados en otras firmas encuestadoras.
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En el desarrollo de enero, otros estudios de empresas como el Centro Nacional de Consultoría (CNC), Guarumo, Ecoanalítica y la firma española GAD3, mostraron un desempeño bajo por parte de Pinzón, con porcentajes de intención de voto de entre 1% y 2%, ubicándolo en los últimos lugares de preferencia. Sin embargo, en la encuesta de AtlasIntel publicada por Semana el 16 de enero, Pinzón consiguió su mejor resultado del mes.
El escenario adquirió mayor complejidad debido a la reacción pública y la repercusión mediática. Llamó la atención el hecho de que José Obdulio Gaviria, mentor político de Pinzón, suele indicar que una de las firmas encuestadoras en las que más confía es precisamente AtlasIntel, detalle que resalta la paradoja en torno a la denuncia.
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Tras el debate, AtlasIntel reiteró que, de acuerdo con sus propios datos y metodología, los resultados más favorables para Juan Carlos Pinzón en enero se reflejaron en su encuesta más reciente, desacreditando así la hipótesis de exclusión y renovando su defensa sobre el manejo riguroso de los datos electorales.
El comunicado de la campaña sostuvo que la exclusión de Pinzón en la encuesta “constituye una falla fundamental que invalida por completo los resultados publicados, ya que altera la naturaleza misma de la pregunta y distorsiona la voluntad de los ciudadanos”.
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La campaña incluso planteó la posibilidad de que existieran intenciones deliberadas detrás de la omisión, sugiriendo que la encuesta podía “favorecer a un candidato específico” o “afectar deliberadamente la percepción pública de la candidatura de Juan Carlos Pinzón”.
El equipo de Pinzón exigió que AtlasIntel detuviera de inmediato la encuesta, corrigiera el cuestionario y descartara los resultados obtenidos hasta el momento.
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Además, instó a los medios y ciudadanos a examinar rigurosamente las encuestas electorales y a desconfiar de las que no cumplan con los estándares técnicos y éticos mínimos exigidos en democracia.
Las encuestas muestran diferencias en la intención de voto para las elecciones en Colombia
A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en Colombia, las encuestas recientes muestran diferencias marcadas en la intención de voto entre los principales candidatos, según diversos estudios publicados por firmas como AtlasIntel, Gad 3, Guarumo, Centro Nacional de Consultoría (CNC) e Invamer.
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Entre los aspirantes destacados figuran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, pero los porcentajes reportados para cada uno varían significativamente de un sondeo a otro, reflejando la fragmentación del electorado y la volatilidad del contexto político.

El debate sobre la imparcialidad de estos resultados se intensificó tras la divulgación del último informe del CNC, que mostró una imagen favorable del presidente Gustavo Petro en un periodo de cuestionamientos a su gestión.
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Ante este panorama, surgieron denuncias sobre presuntos contratos previos entre la encuestadora y el Gobierno nacional, generando dudas sobre la independencia de los datos. El propio Petro utilizó estos estudios en sus redes sociales para respaldar su administración y plantear la posibilidad de una reelección.
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