El Decreto 0044, expedido en medio de la emergencia del sistema eléctrico, encendió las alertas entre los generadores de energía por el peso financiero que les impone para sostener la continuidad del servicio. La norma, según el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera), traslada cargas homogéneas a empresas con realidades muy distintas, una decisión que podría comprometer la inversión y la estabilidad del sector.
El principal reparo del gremio está en la forma como el decreto distribuye las responsabilidades. De acuerdo con el Ceera, la medida obliga a los generadores a realizar aportes solidarios de energía para respaldar a las comercializadoras y evitar interrupciones en el suministro, sin diferenciar entre tecnologías, tamaños de proyectos ni condiciones financieras. Esa uniformidad, advierte, termina golpeando con mayor fuerza a los actores más pequeños.
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La preocupación es especialmente alta en el caso de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), que operan con márgenes ajustados, sin capacidad de regulación hídrica y bajo esquemas financieros sensibles a cambios regulatorios. Para este segmento, asumir nuevas obligaciones en un contexto de incertidumbre puede alterar su viabilidad económica.
En un comunicado, el Ceera reconoció que la coyuntura del sistema eléctrico es compleja y que requiere acciones extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio. El propio Decreto 0044, recordó el gremio, identifica problemas estructurales que no son nuevos: altas pérdidas técnicas y no técnicas, bajos niveles de recaudo, rezagos en inversión en infraestructura y una fuerte concentración de usuarios en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, el gremio insistió en que convertir a los generadores en el respaldo financiero de esas fallas estructurales abre riesgos de largo plazo. Desde su perspectiva, la generación eléctrica es una actividad intensiva en capital que depende de reglas claras, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Bajo ese escenario, trasladar la presión financiera al eslabón de la generación “desincentiva la inversión, afecta la bancabilidad de los proyectos y eleva el riesgo regulatorio”.
Pese a las críticas, el Ceera reiteró su disposición a contribuir de manera solidaria para enfrentar la emergencia actual del sistema. No obstante, subrayó que las soluciones no pueden comprometer el futuro del sector ni deteriorar la confianza de los inversionistas. “Resolver la emergencia del presente no puede implicar sembrar los riesgos del futuro”, concluyó el gremio.
¿Qué dice el decreto?
La declaratoria de emergencia económica también alcanzó a la industria encargada de producir electricidad en el país. El 21 de enero, la cartera de Hacienda oficializó el Decreto 0044 de 2026, una medida con la que el Ejecutivo plantea un mecanismo de reasignación de recursos dentro del propio mercado eléctrico, en un contexto marcado por el desbalance financiero que atraviesa el sistema.
El diseño del decreto apunta a canalizar fondos desde compañías que conservan resultados positivos hacia otras que enfrentan una situación crítica en sus finanzas. Para ello, el texto introduce dos instrumentos inéditos, un gravamen de carácter parafiscal y una obligación de entrega de energía, concebidos como herramientas para repartir parte de las cargas económicas derivadas de la actual coyuntura.
Según la explicación entregada por el Ministerio de Minas y Energía, la prioridad es sostener la prestación del servicio y contener el colapso de empresas que hoy se encuentran en alto riesgo financiero. Entre los casos más sensibles está Air-e, firma que permanece bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos debido a su delicada situación operativa.
Desde el Gobierno se insiste en que la medida no busca castigar a la industria, sino blindarla frente a un escenario de mayor gravedad. “Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de gobiernos anteriores y de decisiones que han asfixiado la política fiscal para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
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