El presidente Gustavo Petro respondió a una información difundida por el diario El Tiempo que señalaba la creación de 1.000 empleos estatales pocos días antes del inicio de la ley de garantía por el año electoral.
El mandatario rechazó esa interpretación y sostuvo que no se trata de nuevas plazas, sino de la inclusión de más de 800 contratistas de larga data en la planta permanente de Colpensiones, como parte de un proceso de modernización.
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La decisión, afirmó Petro, obedece a una obligación constitucional para otorgar estabilidad laboral a aquellos que llevaban años trabajando bajo condiciones precarias.
A través de sus redes sociales, el presidente subrayó: “Aquí no hay nuevos empleos como dice la prensa tradicional desinformadora, aquí cumplimos la orden constitucional de realizar a las personas que trabajan en el estado, incluso desde hace lustros, sin estabilidad”.
El jefe de Estado calificó este proceso como una consecuencia directa de la ley laboral y destacó: “Está es la consecuencia de la ley laboral: la dignidad”.
Colpensiones se encuentra en pleno proceso de modernización, ya que busca cumplir los requisitos de la actual ley pensional, que permanece a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Ministerio del Trabajo incorporará inspectores temporales previo a restricciones fiscales
A una semana de que la Ley de Garantías limite la contratación estatal y eleve las exigencias de austeridad fiscal en Colombia, el Gobierno Petro dispuso la creación de 1.141 cargos temporales en el Ministerio del Trabajo, según información publicada por el diario El Tiempo.
Esta decisión, materializada mediante el Decreto 052 del 22 de enero de 2026, establece que las nuevas plazas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El objetivo explícito, según el propio decreto, es reforzar la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas laborales en el contexto de la implementación de la reforma laboral prevista en la Ley 2466 de 2025.
El ingreso de estos 1.141 funcionarios ocurre en medio de la emergencia económica declarada y ocurre cuando distintos sectores exigen mayor disciplina en el gasto público. El detalle y la justificación técnica de la medida aún no han sido explicados de forma detallada por el Gobierno nacional.
En redes sociales y entre la oposición, el comunicado suscitó inquietud por el impacto fiscal y por la oportunidad escogida: a solo ocho días de que la Ley de Garantías, que restringirá nuevas contrataciones y ampliaciones presupuestales, entre en vigor el 31 de enero de 2026.
Según los documentos que circulan en medios y plataformas digitales, el grueso de las nuevas plazas, 1.000 en total, corresponde a inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Los 141 cargos restantes incluyen profesionales especializados y puestos de nivel universitario.
El decreto especifica: “Ante la sobrecarga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral, consagrada en la Ley 2466 de 2025, es menester la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo.”
El anuncio fue recibido con escepticismo y rechazo por parte de líderes políticos y voces de la sociedad civil. María Fernanda Cabal, senadora de oposición, afirmó: “Mientras Petro decreta emergencias económicas, exige más impuestos, él feliz crea 1.000 empleos en el Ministerio del Trabajo. Aquí los colombianos no trabajan por mejor salud, educación, seguridad o infraestructura. Trabajan para pagarle la burocracia a Petro”.
En la misma línea, el concejal de Bogotá Daniel Briceño opinó que la creación de los mil 141 puestos, justo antes de que empiecen a regir las restricciones de la Ley de Garantías, refuerza la percepción de que existen motivaciones políticas detrás de la ampliación del aparato estatal.
Según su análisis, esto sucede en un contexto de emergencia económica y debilitamiento de las finanzas públicas, lo que incrementa las dudas acerca de la transparencia y la coherencia de las políticas gubernamentales ante el desafío económico que enfrenta el país.
Hasta el momento, el Gobierno Petro no ha ofrecido un balance detallado sobre el impacto fiscal ni ha explicado públicamente las razones técnicas que fundamentan la medida.
La controversia mantiene abierto el debate sobre la gestión de los recursos públicos y el uso de las facultades administrativas en periodos de excepcionalidad económica.
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