El nombramiento de René Guarín Cortés como director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) motivó una reacción pública por parte de un amplio grupo de oficiales retirados y asociaciones de reservistas, veteranos, pensionados y víctimas de la fuerza pública, quienes enviaron una carta abierta al Gobierno nacional manifestando su rechazo a la decisión adoptada mediante el Decreto 0010 del 14 de enero de 2026.
En el documento, suscrito bajo la denominación de la mesa de trabajo “Fuerza Púrpura”, los firmantes señalaron preocupaciones de carácter institucional, jurídico y ético relacionadas con la designación.
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En la comunicación, dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, y a las autoridades competentes, las organizaciones expusieron que el cargo de director general de la DNI reviste una especial sensibilidad para la seguridad nacional y el orden democrático, razón por la cual, a su juicio, debe ser ocupado por una persona con experiencia técnica específica, trayectoria institucional y credenciales de neutralidad política.
La carta advierte que la inteligencia estatal no debe convertirse en un instrumento de intereses partidistas ni ideológicos.
Señalamientos sobre antecedentes y memoria histórica
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento está relacionado con los antecedentes de René Guarín Cortés. En la carta, los oficiales retirados recordaron que el funcionario fue señalado en el pasado por hechos ocurridos durante su militancia en el grupo insurgente M-19, incluyendo una captura en 1988 en el marco de un intento fallido de secuestro, así como acciones que calificaron como de carácter terrorista. Según el texto, estos episodios han sido reseñados durante años en distintos medios de información de alcance nacional.
El documento también hace referencia a la trayectoria pública de Guarín Cortés como vocero de víctimas del caso del Palacio de Justicia, a partir de la desaparición de su hermana Cristina Guarín. Al respecto, la carta sostiene que durante un largo periodo no se hizo pública su militancia activa en el grupo armado responsable de esa tragedia, situación que las asociaciones consideran un engaño a la opinión pública y a las víctimas del conflicto armado.
En ese contexto, los firmantes señalaron que este hecho podría afectar los principios de transparencia y ética pública que deben regir el ejercicio de funciones estatales, especialmente en un organismo de inteligencia estratégica.
Advertencia sobre “deterioro” institucional en la DNI
Otro de los puntos destacados en la carta abierta es la preocupación por lo que las organizaciones describen como un deterioro institucional en la Dirección Nacional de Inteligencia durante la actual administración. Según el texto, la entidad ha experimentado una rotación frecuente de directores, así como nombramientos que, a juicio de los firmantes, no siempre han obedecido a criterios técnicos o de experiencia específica en inteligencia.
La comunicación recuerda que la DNI fue creada para reemplazar al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el objetivo de blindar al Estado frente a manipulaciones políticas indebidas. En ese sentido, cita la Ley 1621 de 2013, que establece que la misión constitucional del organismo es garantizar la seguridad nacional, la soberanía y el orden democrático, bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En la carta se afirma de manera textual que “la inteligencia no puede politizarse”, y que permitir el acceso al cargo a una persona sin experiencia comprobada en inteligencia estratégica representa un riesgo para el sistema de seguridad del país.
El rechazo expresado por los oficiales retirados se suma a las acciones judiciales ya en curso contra el nombramiento. El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela radicó el 16 de enero de 2026 una demanda de nulidad simple ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dirigida contra la Presidencia de la República, con el objetivo de que se declare la nulidad absoluta del decreto que designó a Guarín Cortés como director encargado de la DNI.
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