La disputa entre Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por el cobro del IVA a las importaciones de combustibles volvió a escalar y prende alertas en el sector energético y fiscal del país.
La petrolera estatal confirmó que fue notificada de una resolución que ratifica una sanción por $5,3 billones, más intereses moratorios, relacionada con el impuesto a la importación de gasolina durante el período comprendido entre 2022 y 2024.
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La decisión fue adoptada mediante la Resolución 000571, notificada el pasado 22 de enero de 2026, en la que la Dian confirmó lo establecido previamente en la Liquidación Oficial de Corrección emitida en agosto de 2025.
Aunque Ecopetrol aseguró que continuará cumpliendo sus obligaciones tributarias y aduaneras, reiteró que mantiene diferencias de interpretación normativa con la autoridad tributaria y que acudirá a las instancias judiciales correspondientes.
La sanción que reaviva el conflicto tributario
Según explicó Ecopetrol en un comunicado oficial publicado el 23 de enero de 2026, la Dian actuó “en línea con su interpretación y siguiendo el procedimiento aduanero vigente” al confirmar el cobro del IVA del 19% sobre la importación de gasolina, así como una sanción asociada, cuyo valor conjunto asciende a $5,3 billones, sin incluir los intereses por mora.
El origen del conflicto está en la forma en que debe liquidarse el impuesto. Mientras la Dian sostiene que el IVA debe cobrarse sobre el valor declarado en aduanas, Ecopetrol argumenta que la aplicación de la tarifa del 19% y, especialmente, su retroactividad, no es procedente. La compañía venía pagando una tarifa menor y asegura que el cambio en la interpretación genera un impacto financiero significativo.
Pese a la magnitud de la sanción, la petrolera subrayó que la controversia se ha desarrollado bajo un esquema de trabajo colaborativo con la Dian y que respetará las decisiones que se adopten en las instancias judiciales que conozcan el caso.
Las advertencias de la USO y el impacto financiero
El conflicto tomó mayor relevancia pública a comienzos de mayo de 2025, cuando la Unión Sindical Obrera (USO) reveló que la Dian pretendía cobrar inicialmente $9,4 billones por concepto de IVA a las importaciones de gasolina, suma que incluía valores correspondientes a Ecopetrol, la Refinería de Cartagena e intereses de mora.
La USO advirtió además que la autoridad tributaria buscaría extender el cobro a las importaciones de Acpm, lo que elevaría la cifra hasta $21 billones. En su momento, el expresidente del sindicato, César Loza, calificó el cobro como una “reforma tributaria individual” que podría comprometer la estabilidad financiera de la empresa más grande del país y afectar sus planes de inversión.
Desde el sindicato también se denunció que las medidas de cobro respondían a la necesidad del Gobierno de cerrar el faltante de recaudo fiscal registrado en 2024, y se pidió a la Dian reconsiderar lo que calificaron como un IVA “discriminatorio”.
Qué sigue para Ecopetrol y la Dian
Aunque la disputa aún no tiene una definición de fondo, Ecopetrol confirmó que ya comenzó a pagar el IVA sobre las importaciones de gasolina y Acpm conforme a lo dispuesto por la Dian, mientras se resuelve el proceso legal. De acuerdo con estimaciones del propio grupo empresarial, solo en 2025 el valor pagado por este concepto superó los $3,6 billones.
La compañía aclaró que dichos recursos podrían ser recuperados en caso de que las autoridades judiciales fallen a su favor y ordenen la devolución del dinero. Por ahora, el caso se perfila como uno de los litigios tributarios más relevantes de los últimos años, no solo por el monto en discusión, sino por sus implicaciones para las finanzas públicas y el sector energético colombiano.
Mientras avanza el proceso, el pulso entre Ecopetrol y la Dian seguirá siendo observado de cerca por inversionistas, analistas y el Gobierno, en un contexto de estrechez fiscal y alta sensibilidad frente a los ingresos del Estado.
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