La mañana del viernes 23 de enero de 2026, se confirmó que un juez penal especializado de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra los integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) y dos cabecillas del ELN por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación.
Los episodios se presentaron en la región del Catatumbo, Norte de Santander, entre 2016 y 2017, y una de las más críticas por cuentas de las disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc que buscan quedarse con el territorio, cuya posición estratégica es valiosa por cuenta de las zonas de cultivo de hoja de coca y producción de cocaína.
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Las investigaciones identificaron que la retención de los comunicadores, procedentes de Colombia y Países Bajos, respondió a órdenes de los principales jefes del grupo ilegal, quienes buscaban controlar el territorio de El Tarra y otros municipios y restringir el ejercicio de la prensa.
El ente investigador presentó las pruebas en juicio oral y logró que se declarara a los acusados responsables de delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todos en su modalidad agravada.
Entre los condenados del ELN se encuentran:
- Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.
- Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García.
- Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán.
- Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito y los líderes del Frente de Guerra Nororiental, Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar.
Por el lado del Frente de Guerra Nororiental (también del ELN - Comando Central), el fallo también cobija a:
- Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o “Barbas”.
- José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o “Jaguar”.
Durante la investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se documentaron actos violentos e intimidatorios contra los periodistas y sus equipos, siguiendo directrices de los máximos líderes del ELN.
Los secuestros que llevaron a la condena de los líderes guerrilleros son:
- Salud Hernández Mora, cuyo rapto fue el 21 de mayo de 2016.
- Diego Alonso D´Pablos Aranda, junto a su camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera, secuestrados el 23 de mayo de 2016.
- Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero, secuestrados el 23 de mayo de 2016.
- Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, periodistas de Países Bajos, que fueron secuestrados el 17 de junio de 2017.
En el caso de los dos neerlandeses, en su momento y luego de su liberación, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el grupo guerrillero envió una comunicación escrita con los reporteros en la que argumentó los motivos del secuestro.
“La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los periodistas como portavoces de sus comunicaciones”, menciona el comunicado emitido en ese momento (20 de junio de 2017).
Más adelante en el mismo documento se resaltó la insistencia en que las autoridades, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, siguieran con los esfuerzos para lograr resultados concretos en contra de los captores.
Mientras que la misma mañana del viernes, Salud Hernández compartió un breve mensaje desde su cuenta de X, refiriéndose a la decisión, pero aprovechó el momento para lanzar varios dardos:
“Mi agradecimiento a la @FLIP_org por su excelente trabajo. Aunque veremos a esos criminales del ELN en Senado y Congreso si gana Cepeda", escribió Hernández.
Esto dijo “Antonio García” la misma semana que se conoció el fallo judicial: el acuerdo nacional
La controversia en torno a la propuesta de acuerdo nacional planteada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha instalado en el centro del debate político colombiano, mientras el país se prepara para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La iniciativa impulsada por el máximo comandante del grupo guerrillero, “Antonio García” (Eliecer Herlinto Chamorro Acosta), busca poner en discusión la adopción de reformas profundas y ha generado respuestas divididas entre el Gobierno, la oposición y diversos sectores sociales.
Aunque el ELN presentó formalmente la propuesta el 12 de enero, el impacto ha sido inmediato.
En el último tramo de la polémica, “Antonio García” puntualizó que su plataforma constituye “la continuidad del proceso de paz que se inició con el actual Gobierno”, pese a que la mesa de negociaciones bilateral permanece suspendida debido a la ola de violencia en Catatumbo.
Entre los puntos fundamentales, García detalló que el objetivo es alcanzar “un consenso para una política que defienda la soberanía nacional y que enfrente las agresiones y las intervenciones norteamericanas por la recolonización del continente (...) que se aborden temas estructurales que no se han tocado, como erradicar la corrupción, erradicar la pobreza, erradicar la persecución política, también superar el paramilitarismo. Un nuevo modelo económico, buscar la superación del narcotráfico, unas economías que defiendan los ecosistemas y nos enrumben a una transición energética”.
El comandante del ELN reiteró que la propuesta “no solamente va dirigida a los actores políticos del país, sino a la población en general”, y aseguró que su objetivo es que se avance en la discusión de cara a las próximas elecciones.
Desde el Gobierno, las objeciones fueron inmediatas. El presidente Gustavo Petro afirmó que cualquier avance hacia la paz requiere “pruebas claras, como la real salida del grupo eleno del territorio venezolano y el fin de actividades ilícitas”.
El mandatario advirtió además la posibilidad de coordinar una ofensiva militar junto a Venezuela si el ELN no cumple esas condiciones.
En una publicación en X, Petro afirmó: “Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. (...) Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”.
La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, responsabilizó al oficialismo por el fortalecimiento territorial de la guerrilla y calificó de disparate la pretendida asamblea constituyente.
Juvinao expresó: “Quién lo habría imaginado: el gobierno de @petrogustavo ha permitido que el ELN se fortalezca en 4 años lo que no había podido en toda su historia. Y ahora, a cambio, el ELN anuncia su apoyo al disparate de la asamblea constituyente. Aquí ya todos se quitaron la máscara”.
Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo tildó la iniciativa del ELN de “chantaje” y señaló como responsables al Gobierno nacional y a su candidato por “haber negociado, a través de la ‘Paz Total’, lo que estamos viendo hoy, el caos total (...) Esa es una responsabilidad política del Gobierno nacional y su candidato, que estuvieron dirigiendo esa negociación”.
En diálogo divulgado por la Delegación de Paz del ELN, García argumentó que la propuesta del acuerdo nacional retoma lineamientos definidos en la Convención Nacional de ese grupo y busca que “la sociedad colombiana participe en estos escenarios de construcción de país”.
El comandante aclaró que “en esta oportunidad, lo que reflexionamos es hasta dónde una propuesta de solución política ha contribuido o no para que el país cambie. A tal punto que siempre hemos dicho que la paz debe llevar a cambios para el país. Pero hoy podemos decir lo contrario. Esas propuestas de paz no nos han llevado a cambios para el país, tampoco a la paz”.
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