La persistente negativa de la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, a atender las demandas de aumento salarial y formalización laboral provocó que trabajadores de varias seccionales del departamento intensifiquen sus acciones de protesta, entre ellas encadenarse frente a las oficinas principales y movilizarse en las calles.
Este conflicto sindical, que se traduce en asambleas permanentes y marchas en municipios como Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, amenaza con afectar el abastecimiento eléctrico de más de 940.000 usuarios si llega a concretarse una paralización total de actividades.
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Según declaraciones de Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia adscritos a Sintraelecol, la Electrificadora de Santander exhibe una solidez financiera destacada: solo en 2024 alcanzó ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, obtuvo una utilidad neta cercana a los 252 mil millones y proyecta destinar más de 1,5 billones de pesos en inversiones entre 2025 y 2028.
Roncancio advirtió que restar importancia a los reclamos laborales equivale a desconocer el aporte del capital humano y advirtió que esta “falta de gobernanza en el conflicto genera un alto riesgo operacional”.
Sostuvo además: “La junta directiva de esta compañía y, sobre todo, EPM deben tener en cuenta todos los factores y los riesgos que se pueden presentar. Por eso, hacemos un llamado a la empresa para que en las oportunidades que aún faltan en este conflicto, haga una propuesta acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo”.
El sindicato sostiene que el plan de peticiones, centrado en el ajuste salarial conforme al incremento del salario mínimo legal vigente y la formalización laboral para evitar la tercerización, se fundamenta en la robusta posición financiera de la empresa.
Los empleados también reclaman garantías de seguridad adecuadas para quienes ejercen labores de alto riesgo en redes eléctricas y transformadores.
La negativa de la empresa a aceptar la intermediación del Ministerio del Trabajo, requerida por los trabajadores, se interpreta como evidencia de escasa disposición a alcanzar consensos.
“La Electrificadora de Santander se ha negado a reconocer el derecho a la progresividad laboral, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo y en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Los trabajadores exigen el ajuste del salario vital conforme a los decretos del Gobierno nacional y en concordancia con el aumento del salario mínimo mensual legal vigente; así mismo, piden la formalización, aprobada en la reciente reforma laboral, para evitar las tercerizaciones”, afirmaron los sindicatos.
El conflicto llegó a un punto álgido luego de que, tras el vencimiento de la fase de arreglo directo a inicios de enero, los trabajadores accedieran a una prórroga de 21 días solicitada por los directivos de la empresa, con la expectativa de un acuerdo. Al no observarse avances, iniciaron las movilizaciones y manifestaciones, las cuales incluyeron un acto simbólico de encadenamiento frente a la sede de la Essa.
Por su parte, la administración de la Electrificadora de Santander argumentó que los ingresos de la empresa fluctúan de acuerdo con el Índice de Precios al Productor (IPP), que cerró en torno al 2% en 2024, generando una brecha con las solicitudes laborales. A la vez, reconoció la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los empleados y señaló: “Los incrementos deben estar por encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC), y en esa medida las propuestas se irán migrando entre este valor del IPC más unos puntos”.
La empresa mantiene una calificación triple A (AAA), la más alta de las agencias de riesgo, que garantiza su capacidad para cumplir obligaciones financieras y minimiza las posibilidades de incumplimiento. Perder esta calificación, señalan los trabajadores, afectaría la confianza del mercado, encarecería los costos de financiamiento y dañaría la reputación corporativa.
El sindicato advierte que las decisiones empresariales y deficiencias de gobernanza podrían poner en entredicho tanto la estabilidad de la compañía como el respaldo de la calificación triple A (AAA).
Los trabajadores reiteraron su llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a los órganos de control, exigiendo una intervención que derive en una solución pronta y constitucional al conflicto laboral.
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