Catorce años después de la expulsión de una unidad militar del cerro Berlín, en el municipio de Toribío, Cauca, el episodio vuelve a cobrar vigencia en la esfera pública tras el reciente nombramiento de Alfredo Acosta como ministro de la Igualdad.
Este suceso, que involucró el enfrentamiento entre miembros de la comunidad indígena y el Ejército Nacional de Colombia, permanece como uno de los momentos más debatidos sobre la relación entre fuerzas armadas y la población local, así como sobre las consecuencias para el tratamiento institucional de la violencia en el país.
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En una reflexión otorgada a Semana, el sargento (r) Rodrigo García Maya manifestó que prefiere no quedarse en el resentimiento y optó por dejar atrás lo ocurrido durante la asonada de 2012. “Ya perdoné. Uno no puede vivir con el odio, porque el que carga ese sentimiento es uno mismo, no la otra persona”, expresó el suboficial en retiro. El impacto emocional del incidente para la tropa aún resuena, como se evidencia en su declaración: “No puede destruir su casa por matar un ratón. Yo ya perdoné. Por eso vivo tranquilo y camino con la frente en alto. Nadie puede vivir del pasado”.

El episodio, registrado en video y difundido ampliamente en 2012, muestra a soldados descendiendo rodeados por civiles, tras ser objeto de agresiones verbales y empujones, mientras recibían insultos y acusaciones de la población. García Maya, visiblemente afectado, rompió en llanto, gesto que se transformó en un símbolo de la indignación vivida por el contingente. Entre los presentes, Alfredo Acosta —hoy titular de la cartera de Igualdad— interpeló al sargento preguntando: “¿No le da vergüenza dispararle a gente inocente?” y “¿no le da vergüenza ser soldado?”, palabras que García Maya calificó como propias de “un momento de euforia”.

El suboficial retirado recalcó que las razones que originaron la presencia militar nada tenían que ver con hostilidades hacia la población civil. “No estábamos disparando contra nadie. No estábamos atacando a la comunidad. Estábamos cumpliendo una misión constitucional de control territorial y protección de la soberanía del Estado colombiano”, indicó García Maya al medio citado.
La interpretación del militar sobre aquellos hechos trasciende lo personal. “Fue indignación e impotencia. Fuimos objeto de acusaciones mentirosas e innecesarias. Nos señalaron de cosas que no habíamos hecho”, afirmó, aludiendo a que en ningún momento se pisaron territorios ancestrales ni se ejecutó algún tipo de ofensiva contra civiles.

Respecto al desarrollo mismo de la expulsión, García Maya mantiene que los hechos tuvieron un carácter premeditado. “Fue innecesaria, sin fundamentos, infundida. No fue algo espontáneo, fue algo planeado e incitado por agentes externos”, sostuvo; además, describió que la tropa vivió agresiones verbales, empujones e incitaciones al odio. Al profundizar sobre el contexto local, el exsuboficial enfatizó que la misión respondía a la presencia constante de grupos armados ilegales en la región. “Estábamos ejerciendo seguridad frente a estructuras que todavía hoy generan narcotráfico, proselitismo armado y violencia. Ese problema no se ha acabado y sigue vigente”, aseguró.
El hecho también provocó, en opinión de García Maya, un cambio en el enfoque estatal para tratar asonadas y agresiones dirigidas contra la fuerza pública. “Muchas políticas cambiaron. El Estado fue más duro con este tipo de asonadas, porque la violencia no puede venir del mismo pueblo contra el pueblo ni contra las tropas”, explicó, atribuyendo una transformación en la respuesta oficial tras los acontecimientos de Toribío.
Sobre el nombramiento de Alfredo Acosta como ministro de la Igualdad, García Maya prefirió abstenerse de emitir juicios, señalando: “No conozco los lineamientos ni los perfiles que se evalúan. Al desconocer eso, uno no puede juzgar ni criticar. Es parte de la política”. Sin embargo, también dejó en claro sus expectativas respecto al comportamiento de los funcionarios públicos: “Una persona que va a ostentar un cargo público debe ser una persona con honor y coherencia. No debería haber atacado al mismo gobierno del que ahora hace parte”.
El militar retirado señaló que en Colombia no es inusual encontrar figuras públicas con trayectorias controvertidas ascendiendo a posiciones de alto nivel. “Ahí es donde se deben evaluar los perfiles y determinar si una persona es idónea o no para ejercer un cargo público. Esa evaluación le corresponde al Gobierno y a las instituciones”, subrayó a Semana.
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