
Crece la polémica en Colombia luego de que la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el profundo déficit de recursos que enfrenta la reparación a las víctimas del conflicto armado, a raíz del bajo cumplimiento de la antigua guerrilla de las Farc en la entrega de bienes y dinero comprometidos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El informe del organismo plantea que solo existe un inmueble transferido de manera efectiva de los 722 reportados por el antiguo grupo armado, mientras que del efectivo aportado, el Estado colombiano ha recibido únicamente 2.114 millones de pesos de los más de 12.070 millones acordados, lo que representa solo el 17% del compromiso económico suscrito en el Acuerdo de Paz.
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Incluso, la Contraloría determinó que, de los 450.000 dólares prometidos por las Farc, 1.500 dólares resultaron ser falsos.
Además, la Contraloría señaló que, pese a que la antigua guerrilla declaró cientos de bienes, los avances concretos en la entrega de propiedades, tierras y activos han sido mínimos.

De acuerdo con el informe, solo 252.000 gramos de oro han sido entregados de los 440.000 gramos pactados y, respecto a las cabezas de ganado, se han recibido apenas 258 de las 24.000 comprometidas.
Así mismo, se reveló que, de los 51.992 bienes muebles acordados, el Estado ha recibido únicamente 1.830 y, en relación a los medios de transporte, de 319 unidades reportadas, solo se han entregado 31.
Adicional a ello, el informe de la Contraloría señala que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha efectuado la verificación de las caletas entregadas por las Farc, lo que, sumado a la ineficiencia administrativa de los últimos gobiernos, incrementa la incertidumbre sobre la eficacia de la justicia transicional.

Respuesta de los exFarc
Frente al análisis detallado por el órgano de control, desde la extinta guerrilla, que se transformó en un partido político denominado Comunes, se pronunciaron al respecto.
Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo para la anterior organización terrorista, defendió la transparencia del proceso, advirtiendo que nuevas exigencias constituyen un acto de estigmatización contra el hoy grupo político.
A su vez, el exnegociador de paz del extinto grupo armado, en diálogo con Caracol Radio W, invitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y Naciones Unidas (ONU) para que profundicen en el análisis de la entrega de sus bienes, con el fin de disipar la actual controversia.
“Cada proceso que se hizo se realizó de manera clara y, por supuesto, que el inventario de bienes que se entregó inicialmente, la Fiscalía lo filtró, lo hizo público, a partir de unas ruedas de prensa en las que hacían mofa del inventario (...) esto es estigmatización”, indicó el exlíder guerrillero al medio citado.

Añadió que la delincuencia y la violencia en los territorios obstaculizaron la continuidad de los trabajos. “Entregamos el inventario, nos fuimos al territorio, empezaron a matarnos, empezaron a asesinarnos, empezaron a llevarse los otros actores que entraron a llevarse las cosas y llegamos en un momento en que no pudimos volver al territorio (...) tenemos que entender que se dieron unas situaciones muy complejas, pero que hubo de parte nuestra toda la disposición y cumplimos con lo que nos correspondía”, explicó.
En referencia a la validez del inventario de bienes, Alape dijo al medio que existen actas emitidas por las autoridades que dan fe de cada una de las entregas. “Todo lo que se entregó no era que se dejaba aquí, sino que se hacía un procedimiento con actas y demás. Por eso nos parece extraño y yo creería que era necesario convocar o consultarle a la SAE para que mire las actas”, manifestó.
Frente a las críticas de una posible vulneración a las víctimas del conflicto, Alape respondió: “No nos estamos burlando. Yo creo que hemos sido muy reiterativos en todas las acciones que tienen que ver con la reparación, el reconocimiento, la solicitud del perdón de los hechos del conflicto. Y aquí pusimos en disposición el patrimonio de guerra para la reparación”.

En cuanto a la entrega de un solo inmueble de los 772 prometidos en el acuerdo, el vocero del partido político aclaró que ese era el único que contaba con los documentos legales.
“Efectivamente, un solo predio recibió la SAE. ¿Por qué? Porque aquí hay unos intríngulis, digamos, legales y era el único predio que tenía matrícula inmobiliaria, que estaba legalizado. Los demás predios estaban en zonas de reserva, en zonas protegidas, en la retaguardia guerrillera. Hay uno en Sumapaz, pero no lo pudo recibir la SAE porque no tenía papeles, porque no era legal, entonces no podía monetizarlo”, remarcó.
Por último, Pastor Alape aseveró que el antiguo grupo armado ya cumplió con la entrega de sus bienes, por lo que cuestionó el informe revelado por la Contraloría.
“Efectivamente, no hay más bienes para entregar. Está muy claro que cualquier recurso del patrimonio de guerra que se quedara a cualquiera de nosotros, eso era violación de la ley, era entrar en otros procesos de violación al compromiso adquirido. Esa es la realidad”, concluyó.
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