El Ministerio de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idágarra, se pronunció tras la muerte del coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Neiva, que falleció el miércoles 21 de enero de 2026 como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado sicarial ocurrido días antes.
El hecho, que también cobró la vida de Ismael Rodríguez, menor de 11 años e hijo del director del penal, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, motivó un llamado del Gobierno nacional para esclarecer lo sucedido y reforzar las condiciones de seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario.
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El jefe de la cartera de justicia lamentó y condenó de manera enérgica el fallecimiento del subdirector, calificando el crimen como un ataque directo contra la institucionalidad y contra quienes ejercen funciones públicas relacionadas con la seguridad y el cumplimiento de la ley.
“Este crimen constituye un ataque directo contra la institucionalidad y contra quienes, desde distintas responsabilidades, trabajan por la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la ley”, señaló Idárraga, y exigió que las autoridades avancen con rigor y prontitud en la identificación y judicialización de los responsables, con el objetivo de evitar la impunidad.
En el mismo pronunciamiento, el ministro expresó su solidaridad y condolencias a los familiares y allegados tanto del coronel Solano como del menor fallecido, quien inicialmente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras recibir un impacto de bala en la cabeza, pero los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.
Según la información oficial, el atentado ocurrió hacia las 6:48 a. m. del martes 13 de enero, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, a la altura del sector cercano al cementerio Jardines del Paraíso. El vehículo en el que se movilizaban el director, el subdirector y el menor fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y que dispararon de manera reiterada.
Tras el ataque, el Inpec y la Policía Nacional confirmaron que “el subdirector del penal, Renato Solano Osorio, y el menor, hijo del director, fueron alcanzados por las balas durante el atentado”, mientras que el director del establecimiento resultó ileso. El Inpec informó posteriormente, mediante un comunicado oficial difundido a las 10:11 a. m. del mismo día, el fallecimiento del niño, mientras el subdirector continuaba bajo atención médica especializada.
El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, se pronunció desde su cuenta en la red social X para expresar sus condolencias. “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del Subdirector del ERON Neiva, Coronel Renato Solano, tras los hechos de violencia ocurridos recientemente. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, señaló.
Gutiérrez Rojas también indicó que las investigaciones se desarrollan de manera conjunta con la Policía Nacional. En declaraciones recogidas por los medios, afirmó que no se descarta que el atentado esté relacionado con las funciones penitenciarias de las víctimas o con un posible intento de hurto. Las autoridades desplegaron personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta labores de revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.
Llamado del Gobierno y medidas de protección
En su pronunciamiento, el Ministerio de Justicia subrayó que el Gobierno nacional mantendrá una coordinación permanente con las autoridades competentes para fortalecer las acciones de protección dirigidas a los servidores públicos del sistema penitenciario y carcelario. La cartera reiteró su compromiso “con el respeto por la vida, el Estado de derecho y la lucha contra las estructuras criminales que atentan contra la estabilidad institucional del país”.
El atentado se produjo en un contexto de recientes cambios en la dirección del penal de Neiva, tras la llegada de Édgar Rodríguez al cargo. En la región del Huila se habían registrado previamente otros hechos violentos contra funcionarios penitenciarios, situación que ha motivado alertas sobre las condiciones de seguridad en las que desarrollan sus labores y sobre la exposición de sus familias.
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