
A menos de 24 horas de que expire la tregua criminal en Barranquilla entre Los Pepes y Los Costeños, el Gobierno nacional suspendió el traslado de cabecillas a cárceles de la ciudad y señaló que los diálogos por la paz urbana siguen abiertos.
La continuidad de delitos en la capital del Atlántico provoca escepticismo sobre la eficacia de dichas negociaciones, mientras gremios y autoridades locales advierten que la seguridad durante el Carnaval y la tranquilidad ciudadana siguen sin suficientes garantías.
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El acuerdo entre Los Pepes y Los Costeños, promovido con impulso oficial desde octubre de 2025, buscaba frenar violencias urbanas mediante una tregua que vencerá el 20 de enero de 2026.
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“Teniendo el 20 de enero como la fecha de finalización del acuerdo gestionado para que estas estructuras avanzaran en el desescalamiento de las violencias urbanas como gestos de paz, es menester comunicar de forma precisa y oportuna las siguientes decisiones y consideraciones", se puede leer en un comunicado del gobierno nacional, obtenido por Semana.
Esta pausa resultó de meses de acercamientos y presión institucional para reducir homicidios y delitos de extorsión en Barranquilla y municipios cercanos.

El Gobierno nacional anunció que “se avanzará en un espacio de conversación sociojurídico para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, el sometimiento a la justicia y el tránsito hacia la legalidad”.
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Las autoridades confirmaron el aplazamiento de los traslados de Digno Palomino (Los Pepes), Jorge Eliécer Díaz Collazos ( Alias Castor, Los Costeños) y Ober Ricardo Martínez (Alias El Negro Ober, Los Rastrojos Costeños), proceso inicialmente previsto en la Cárcel El Bosque de la ciudad.
La suspensión de los traslados obedece a la persistencia de delitos y a contradicciones identificadas en el proceso. El Ejecutivo solicitó a la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Policía actuar de forma contundente para combatir el crimen y fortalecer la seguridad ciudadana, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.
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El comunicado oficial también reconoció los aportes de las autoridades locales y de la Mesa Directiva del Concejo de Barranquilla como esenciales para avanzar en la consolidación de la paz urbana.
Las autoridades locales mantienen su alerta. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó que las cárceles de la ciudad no cuentan con la capacidad de seguridad penitenciaria necesaria para recibir a más de cuarenta reclusos que debían ser trasladados, y señaló que dicha medida podría afectar la seguridad durante eventos masivos como el Carnaval. El mandatario local cuestionó la legitimidad de la tregua:
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“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, expresó también preocupación sobre la preparación de las penitenciarías del departamento para albergar a los cabecillas.
Gremios empresariales manifestaron inquietud por las extorsiones que afectan a los comercios y que atribuyen directamente a las mismas organizaciones delincuenciales involucradas en el proceso de diálogo con el Gobierno. La expectativa de seguridad sigue siendo frágil entre comerciantes y la comunidad en Barranquilla.
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En el centro del proceso figuran personajes como Digno Palomino, señalado como cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico y la extorsión, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, responsable de hechos delictivos que han afectado la seguridad pública de la región.
Ambos permanecen detenidos y continúan vinculados a los procesos de negociación impulsados por el Ejecutivo para reducir la violencia en el Atlántico.

El desarrollo del diálogo incluye la mediación de Camilo Pineda y, más recientemente, el acompañamiento de Cyrillus Swinne, confirmaron Semana e Infobae Colombia. La Iglesia católica, bajo la orientación del padre Cirilo, seguirá participando y respaldando estos acercamientos, según informó la Presidencia.
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El presidente Gustavo Petro defendió la estrategia de paz urbana en sus declaraciones la Presidencia en la red X.
Destacó que, gracias a la combinación de diálogo y acciones de represión, se registró una “caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla”.
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