El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a los señalamientos sobre el uso de recursos públicos para la defensa jurídica tras la inclusión en la llamada lista Clinton, una medida adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La reacción del mandatario se produjo en medio de la controversia por un contrato destinado a la contratación de abogados y por las preguntas sobre si ese respaldo cobija a su familia. La información fue divulgada por Semana.
De acuerdo con lo expuesto, la sanción del Tesoro estadounidense también alcanzó a Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, lo que abrió un debate político y jurídico sobre el alcance de la defensa del Estado colombiano frente a decisiones de autoridades extranjeras.
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El jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta personal de X para responder a críticas provenientes de sectores de oposición.
En su mensaje, Petro rechazó que se esté financiando con dineros públicos la defensa de personas distintas al representante legal del Estado. “Y quién le dijo a usted, Paola, que los abogados, para defender el patrimonio y la imagen pública de Colombia, cosa que han hecho todos los pasados gobiernos, cobijan a las personas que menciona”, escribió el mandatario, en referencia directa a la senadora Paola Holguín.
El presidente amplió su posición en el mismo mensaje al afirmar: “¿De dónde saca tamaña calumnia? Los recursos públicos solo pueden cobijar al representante legal y, por constitución de la nación, el representante de la nación, por orden constitucional, así no lo admita usted en su sectarismo violento”. El Gobierno sostiene que la contratación se limita a la defensa institucional del Estado.
La aclaración presidencial respondió a un trino previo de la congresista del Centro Democrático, quien planteó varias observaciones sobre la naturaleza de las sanciones. En su publicación, Holguín afirmó: “Petro, algunas claridades: 1. Su ingreso, el de su esposa Verónica, su hijo Nicolás y su ministro del Interior Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se da por falta de compromiso en el combate al narcotráfico, filtración de información de inteligencia y obstrucción a la justicia. Eso nada tiene que ver con la oposición”.
La senadora agregó en el mismo mensaje: “2. Esa sanción es personal; por lo tanto, los abogados no pueden pagarse con recursos de la Nación. El contrato que usted acepta (Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026) constituye posible detrimento patrimonial y abuso de autoridad. 3. Sus trinos no engañan a nadie y los permanentes escándalos de corrupción de su Gobierno le restaron cualquier legitimidad”.
Este intercambio se dio luego de otro mensaje publicado por el propio Petro, en el que se refirió a gestiones políticas en el exterior. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en X, publicación que antecedió la respuesta de la congresista.
El contrato de defensa jurídica, cuyo valor asciende a 10.000 millones de pesos, se convirtió en el centro del debate, al tratarse de recursos públicos destinados a enfrentar los efectos de la sanción internacional. Según lo informado, dicho contrato corresponde a la Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026, aceptada por el Gobierno para atender la situación derivada de la inclusión en la lista SDN.
A raíz de esta controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar. El procurador Gregorio Eljach ordenó iniciar actuaciones para establecer si existen responsabilidades disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato y el eventual uso de recursos del Estado.
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La congresista también criticó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras la revocatoria de la decisión judicial contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. La medida se relaciona con 23 solicitudes presentadas en vida por el senador y precandidato presidencial
