Gobernador de Antioquia apareció tras decisión de la Contraloría de archivar investigaciones sobre los CAI en Rionegro: “Qué bueno ver esto”

Un día después de que la Contraloría General de la República absolviera al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de la investigación que pesaba en su contra por presunto detrimento patrimonial en dos proyectos en el municipio de Rionegro, el mandatario departamental apareció en sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, Rendón aseguró que, pese a las investigaciones en su contra, siempre confió en el actuar del ente de control, además de asegurar que este tipo de investigaciones hacen parte de ‘las consecuencias’ por ser un servidor público.

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“En el ejercicio del servicio de lo público, un camino que escogí con vocación y convicción, hay que ser un libro abierto: se está expuesto a indagaciones y revisión sobre nuestro trabajo“, señaló el mandatario.

El gobernador de Antioquia también agradeció a medios de todo el país por la difusión de la información tras el archivo de la investigación, decisión que lo deja libre de cualquier tipo de sanción disciplinaria o legal.

“Se hace mucho despliegue cuando se abre una investigación, pero pasa de agache cuando queda demostrado el correcto proceder. Qué bueno ver hoy esto en los medios de comunicación“, continuó.

Finalmente, Rendón aseguró que la construcción de los dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro siempre fue pensada para ofrecer seguridad a la comunidad y no representó ninguna irregularidad en su planeación y ejecución.

“Lo que concluye la Contraloría General de la República es lo que sostuve y está acorde con nuestras actuaciones: 1. Inexistencia de daño patrimonial. 2. ⁠La obra fue ejecutada, recibida y está destinada a su fin. 3. No se perdieron recursos públicos: el bien existe, fue entregado, está habilitado administrativamente y está prestando servicio a la comunidad. 4. Sin detrimento patrimonial, no hay responsabilidad fiscal”, concluyó el gobernador en su cuenta de X.

El domingo 18 de enero, la Contraloría General de la República determinó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al descartar daño patrimonial en la construcción de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro.

La investigación había surgido por supuestas pérdidas al erario que, en conjunto, se estimaban en cerca de 1.200 millones de pesos debido a retrasos en la entrada en operación y a la presunta utilización de terrenos no aptos para los proyectos.

Según la decisión oficial, “no existe un daño con afectación patrimonial de los intereses estatales, teniendo en cuenta el material probatorio solicitado y aportado, donde logró demostrar de manera suficiente, clara y específica que no existe un detrimento patrimonial al erario, habida cuenta de que la obra contratada se encuentra ejecutada y en funcionamiento conforme a los requisitos técnicos y estructurales, de acuerdo con lo contratado”.

El proceso tenía su origen en las denuncias por debilidades de planeación, especialmente la falta de conceptos de viabilidad por parte de la Policía Nacional para el CAI de San Antonio de Pereira, lo que impidió que prestara servicio a la comunidad, y por la “pérdida total de la inversión” en Cuatro Esquinas, atribuida a errores en la planeación y la falta de cumplimiento del objetivo de reforzar la seguridad en el sector. Los montos señalados como posibles detrimentos eran de $830 millones y $433 millones, respectivamente.

En su defensa, Andrés Julián Rendón expuso que se adelantaron gestiones conjuntas con la Policía Nacional y el municipio de Rionegro para que ambas instalaciones fueran incorporadas a la estructura orgánica de la Policía y que se trabajó en una minuta de comodato, documento en trámite de validación.

La Contraloría aseguró que “se honró la esencia resarcitoria del proceso de responsabilidad fiscal y existiendo acervo probatorio suficiente que permite tener certeza sobre la inexistencia de daño al patrimonio del Estado, pues en el infolio se pudo constatar la funcionalidad de la obra tantas veces citada y construida conforme a los estándares técnicos y estructurales contratados, por lo tanto, se procederá a decretar el archivo del presente proceso de responsabilidad”.

La resolución decretó que no procede ningún recurso legal contra esta decisión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000, el caso solo podría reabrirse si aparecieran nuevas pruebas o se demostrase que la decisión se basó en documentaciones falsas.

Aunque el proceso fiscal terminó, el gobernador de Antioquia continúa bajo indagación en la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos, donde se han realizado interceptaciones telefónicas.