Impuesto al tabaco en emergencia económica: Ministerio de Salud asegura que “salvará medio millón de vidas”

El debate sobre los llamados impuestos saludables volvió al centro de la agenda pública con una postura firme del Ministerio de Salud y Protección Social. En medio del decreto de emergencia económica, la entidad defendió el aumento de los gravámenes a las bebidas alcohólicas, el tabaco y los vapeadores como una decisión que va más allá del recaudo y apunta, de forma directa, a reducir daños que hoy pesan sobre la salud y la economía del país.

Para el ministerio, el punto de partida es claro, el consumo de estos productos no solo enferma, también profundiza desigualdades y tensiona un sistema de salud que ya enfrenta múltiples desafíos. Por eso, el respaldo a la medida se plantea como una respuesta estructural, pensada para proteger vidas, garantizar recursos públicos y desincentivar hábitos que generan altos costos sociales.

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Desde la cartera de Salud se insiste en que no se trata de una reforma meramente fiscal. El aumento de impuestos, explican, tiene un componente profundamente preventivo. Al encarecer productos nocivos, se reduce su acceso, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, y se limita la entrada temprana a consumos que suelen marcar trayectorias de enfermedad a largo plazo. A la par, el Estado logra aliviar la presión financiera sobre hospitales y servicios médicos, al disminuir la carga de patologías asociadas al alcohol y al tabaco.

El caso del alcohol ocupa un lugar central en el diagnóstico oficial. Según las cifras expuestas por el Ministerio de Salud, esta sustancia se ha consolidado como el principal factor de riesgo de muerte entre personas de 15 a 49 años. Lesiones, enfermedades crónicas y siniestros viales aparecen en el radar de los impactos más graves. En ese contexto, el ajuste tributario busca reducir el consumo intensivo. Las proyecciones indican que el consumo de vino caería un 20%, al pasar de 31,5 millones a 25,2 millones de litros, mientras que las bebidas con mayor graduación alcohólica registrarían una disminución del 16%, bajando de 115 millones a 95 millones de litros.

Con el tabaco, el panorama no es menos preocupante. El ministerio recordó que, de acuerdo con el Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Colombia sigue teniendo uno de los precios más bajos de cigarrillos en la región, por debajo de los dos dólares. Ese contexto, advierten, facilita el acceso y perpetúa el consumo. Con el incremento de impuestos, se proyecta que la venta de cajetillas de 20 unidades se reduzca de 409 millones a 244 millones. Este descenso estaría ligado a la posibilidad de triplicar la tarifa impositiva, una medida que, según las estimaciones oficiales, podría salvar hasta medio millón de vidas en el mediano y largo plazo.

El fenómeno de los vapeadores también encendió las alarmas. Entre 2022 y 2024, cerca de 500.000 estudiantes en Colombia tuvieron acceso a estos dispositivos, una cifra que refleja la rápida expansión de su uso entre menores de edad. Con la nueva carga tributaria, el ministerio calcula que el consumo pasaría de 134 millones de mililitros a 67 millones, una reducción que consideran clave para frenar una práctica que suele presentarse como inofensiva, pero que conlleva riesgos comprobados.

Más allá de las cifras, la entidad señaló que el consumo de alcohol y tabaco limita el desarrollo del país y golpea con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, rechazó de manera categórica los argumentos que advierten un impacto negativo sobre la autonomía territorial o la destinación histórica de los recursos departamentales. También cuestionó los discursos que vinculan el aumento de impuestos con un crecimiento inevitable del comercio ilícito, señalando que esas narrativas responden, en muchos casos, a intereses industriales y no a evidencia independiente.

La posición oficial quedó resumida en un mensaje contundente: “Los impuestos saludables ofrecen una doble ganancia en términos de política pública. Por un lado, actúan sobre el comportamiento del consumidor, reduciendo la prevalencia del consumo de productos nocivos, especialmente entre jóvenes y poblaciones de menores ingresos; y por otro, fortalecen el recaudo fiscal, generando recursos adicionales que pueden destinarse a la financiación de programas de salud, educación y otros servicios públicos esenciales”.