Gustavo Petro se fue contra Efraín Cepeda tras acusaciones por supuestas coimas en contratos del Barranquilla: “Empoderar políticamente el crimen”

Las acusaciones sobre el presunto cobro de 300 millones de pesos por parte del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, han puesto en el foco la gestión de contratos públicos en Barranquilla.

De hecho, horas después de que se conociera la investigación en la que se salpicaría al congresista, el presidente Gustavo Petro apareció en sus redes sociales para cuestionar el presunto actuar del congresista, acusado de recibir coimas, al parecer, de un contrato firmado por la Secretaría de Gobierno de Barranquilla.

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El mandatario usó su cuenta de X para lanzarle pullas a Cepeda, de quien insinuó que pudo haber comprado votos en la capital del Atlántico para llegar a la cámara alta y, desde allí, liderar la supuesta estrategia de cobros a contratos.

“La costa Caribe colombiana necesita que su ciudadanía no permita la compra de votos. Si el pueblo caribe elige sus representantes libremente, el Caribe se desarrollará en beneficio de toda su población”, escribió el presidente.

Asimismo, el mandatario aseguró que, por instrucción suya, entregó la orden de perseguir a cualquier persona que se presuma podría comprar votos en las próximas elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo de 2026.

En su mensaje y sin especificar nombres, aunque usando la investigación de la Revista Raya contra Efraín Cepeda, Petro aseguró que la mecánica fraudulenta de comprar votos habría llevado al poder Legislativo a varios congresistas que, según él, hacen parte de organizaciones mafiosas.

“Toda la policía del Caribe tiene la orden presidencial de priorizar la persecusión de los compradores de votos, muchos coinciden con integrantes de organizaciones mafiosas. Permitir la compra de votos es empoderar políticamente el crimen. Por eso el paramilitarismo narcotraficante dominó de manera tan pavorosa el territorio caribeño, no solo porque asesinó en masacres a decenas de miles de campesinos sino porque tenía casi todo el poder político a través de la compra de votos”, concluyó el mandatario.

Las palabras del presidente se dan después de que se conociera la existencia de un contrato de $3.000 millones, que se adjudicó en medio de la crisis carcelaria, con el centro penitenciario El Bosque registrando el mayor hacinamiento del país (232%).

Según información conocida por el medio independiente, entre 2016 y 2019, Clemente Fajardo Chams ocupó el cargo de secretario de Gobierno en Barranquilla. El entonces funcionario habría sido el encargado de recaudar el 10% de cada contrato público a nombre de Cepeda.

Los chats obtenidos por el medio muestran que, el 20 de abril de 2018, Fajardo habría presionado al contratista Luis Enrique Guzmán Chams para que concretara el pago correspondiente a “Fincho”, supuesto apodo de Cepeda.

En uno de los mensajes, Fajardo escribió: “Primo, en serio, la presión que recibo es insoportable... Te pido porfa que le empieces a cumplir. Sino me voy a afectar yo”. De esta forma, urgía una solución para entregar el dinero pactado.

Estas conversaciones detallarían el procedimiento: Fajardo argumentó ante Guzmán que la supuesta entrega anticipada del dinero era habitual y advirtió sobre las consecuencias de incumplir.

Como alternativa, Guzmán propuso obtener la firma del entonces secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, para liberar fondos y cubrir la presunta coima. Según la Revista Raya, Fajardo contactó luego a Jaime Pumarejo, por entonces cercano al círculo de la alcaldía, pidiendo su ayuda para destrabar la firma y acelerar el desembolso.

De acuerdo con los documentos revisados, Guzmán habría entregado $180 millones a Fajardo en su apartamento, quedando el resto pendiente debido a pagos incumplidos asociados al contrato de la cárcel.

Este esquema, sin embargo, no se habría limitado a ese contrato. Guzmán relató a Señal Investigativa que enfrentó presiones similares durante la obra del megatanque de agua, una infraestructura de $20.000 millones anunciada en 2015 y destinada a más de 800.000 habitantes de Barranquilla.

El contratista afirmó que funcionarios del distrito y del Área Metropolitana exigían coimas para permitir el avance de la obra y el pago de actas. Según la versión recogida por Revista Raya, los pagos ilegales estarían dirigidos a saldar deudas políticas y de campaña.

Tras sus denuncias, Guzmán indicó ante la Fiscalía que recibió amenazas y fue víctima de dos atentados en 2019, de los cuales resultó ileso gracias a que su vehículo era blindado.

En esta trama aparecen otros actores clave. Además de Cepeda y Fajardo, figuran Alejandro Char, entonces alcalde de Barranquilla, y Rafael Lafont, actual secretario de Obras Públicas.

Según la información conocida, el exministro y exalcalde Jaime Pumarejo habría conocido los intercambios vinculados al contrato de la cárcel. Santiago Castro Gómez también habría tenido influencia en la trayectoria pública de Fajardo.

Consultado por el medio independiente, Cepeda negó cualquier vínculo reciente con Fajardo. “Hace 10 años ni milita conmigo, hace 10 años que no hablo con él ni lo veo, por lo menos eso. Toca preguntarle a él”, señaló.

El senador sostuvo que actualmente no mantiene relación con el exsecretario de Gobierno y se excusó para atender una llamada oficial. Fajardo, por su parte, no respondió a los intentos de contacto por llamadas ni mensajes de WhatsApp, según el mismo medio.