El envío de policía judicial por orden de la magistrada Cristina Lombana a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y su presunta insistencia en eliminar un mensaje oficial referente al caso del magistrado Francisco Farfán provocaron malestar entre los magistrados y profundizaron la división interna de la Sala de Instrucción.
El episodio, conocido en una reciente publicación de la revista Cambio, expuso tensiones existentes y desató nuevas disputas por el control del principal órgano judicial de Colombia.
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Según información revelada por el diario nacional, en al menos dos ocasiones, Lombana habría solicitado a la policía judicial recabar documentos en la presidencia de la Corte sobre el origen y la veracidad de un mensaje publicado el 12 de noviembre de 2025 en la red social X.
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Este mensaje informaba que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes había tomado una decisión favorable a Farfán, que era investigado por una supuesta filtración de información reservada a la familia Gnecco.
La magistrada habría pedido de manera reiterada que el mensaje fuera retirado de las redes sociales institucionales, argumentando presuntas inconsistencias en la información y cuestionando la existencia y la validez del documento que exoneraba a Farfán.
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Ante sus señalamientos, tanto la presidencia como la Sala de Gobierno de la Corte desestimaron sus dudas y sostuvieron la veracidad del mensaje difundido, lo que habría impedido que la publicación se borrara, según reveló Cambio.
Sin embargo, el ambiente de inconformidad se habría intensificado cuando algunos magistrados consideraron excesivo que Lombana acudiera a la policía judicial para obtener documentos internos.
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Diversas fuentes consultadas por el diario nacional afirmaron que estas diligencias debieron gestionarse directamente ante la Comisión de Acusación, instancia responsable de la investigación, y no ante la presidencia de la Corte.
“Equivocó los cauces. No debió haber buscado en la presidencia de la Corte, sino en la Comisión, y así se le dijo”, expresó una fuente interna a Cambio. Aunque Lombana cuenta con apoyos puntuales, su proceder fue ampliamente rechazado en la Sala Plena, incrementando el nerviosismo institucional.
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Este episodio se suma a antecedentes notorios en la trayectoria de Lombana. Ha sido recusada en más de 50 ocasiones y sus relaciones con otros magistrados habrían sido motivo de controversia desde su ingreso, incluidas críticas por presuntos conflictos de interés y falta de imparcialidad. Se le ha señalado, además, por omitir vínculos en su hoja de vida y por supuestas filtraciones de información.
La situación ya era tensa tras el escándalo que envolvía a Francisco Farfán, acusado de filtrar datos reservados. Entre 2023 y 2024, Farfán se acogió a una licencia para defenderse; durante ese tiempo, Lombana asumió algunos de sus expedientes, entre ellos la investigación contra Arturo Char, en la que pidió la liberación de este último.
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La polémica pública surgió tras la publicación en redes sociales, a iniciativa del entonces presidente de la Corte Octavio Tejeiro, de una comunicación de la Comisión de Acusación que informaba que no se abriría investigación formal contra Farfán. La presidencia, amparada en la documentación de la Comisión, defendió la medida como un acto de transparencia.
La investigación preliminar se centró en determinar si Farfán había revelado información secreta o incurrido en prevaricato debido a intervenciones telefónicas relacionadas con la familia Gnecco.
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La Comisión determinó que no había pruebas ni vínculos personales que sostuvieran la acusación, desestimando la apertura de investigación con una votación mayoritaria (8-1) el 10 de junio de 2025.
“Resulta improbable que el investigado haya compartido información reservada pues no tenía conocimiento detallado sobre los actos investigativos ni sobre su mención en los mismos”, concluyó la Comisión en el auto inhibitorio que archivó el caso, según documentación consultada por Cambio.
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El informe añadió que los auxiliares Mejía y Ortega no incluyeron en su análisis un elemento clave que mencionaba a Farfán, lo que llevó a la Comisión a considerar que la omisión recaía sobre esos funcionarios y no sobre el magistrado. No se compulsaron copias en su contra, aunque Mejía mantiene una investigación administrativa pendiente.
De fondo, este episodio incrementa la incertidumbre sobre la próxima elección de la presidencia de la Sala de Instrucción. Las recientes discordias entre magistrados consolidan un escenario de división y afectan las opciones de algunos juristas para encabezar el órgano en el siguiente periodo.
Fuentes internas reiteraron a Cambio que la actuación y los canales institucionales elegidos por Lombana no solo debilitaron la confianza, sino que tensaron todavía más la competencia por el poder dentro del tribunal.
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