La UNP retiró a un contratista y cabeza importante del Partido Comunes tras denuncia formal de acoso sexual: hay precedentes y antecedentes

Un contratista y dirigente del partido Comunes en la Unidad Nacional de Protección (UNP) afronta una denuncia formal de acoso sexual que activó los protocolos institucionales y llevó a la no renovación de su contrato, así como al retiro de su pareja del cargo de coordinación de denuncias.

La denuncia, radicada el 10 de diciembre ante la Fiscalía General de la Nación y la Subcomisión de Transversalidad de Género de la UNP, obtenida por Semana, señala a Nicolás Sarmiento Ramírez, contratista en la entidad desde 2020 y referente distrital en Comunes, de tocamientos y acercamientos sin consentimiento a una compañera desde 2022.

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La trabajadora relata que Sarmiento Ramírez era una figura de influencia, allegado a líderes como el congresista Sergio Marín y activo en actividades distritales y reuniones políticas.

Según su testimonio recogido por el medio mencionado, el acusado utilizaba su posición jerárquica para condicionar oportunidades laborales y generar escenarios de vulnerabilidad.

La denunciante describe episodios reiterados de invitaciones laborales y personales, seguimiento a través de redes sociales e insistencia fuera del entorno profesional. En uno de los hechos centrales, manifestó que, tras compartir su situación económica en una reunión, Sarmiento le ofreció gestionar una vacante y posteriormente, en un encuentro fuera del trabajo, habría hecho contacto físico no consentido.

Al rechazar las aproximaciones, la afectada reportó respuestas insistentes, propuestas personales reiteradas y situaciones incómodas tanto en áreas laborales como en espacios públicos. “He venido presentando varias situaciones de acoso sexual por parte del señor Nicolás Sarmiento desde el año 2022, cuando lo distinguí por primera vez”, expresó según Semana.

El relato también hace referencia a invitaciones al consumo de bebidas alcohólicas, contactos insistentes por mensajería y actitudes intimidatorias, lo que llevó a la víctima a limitar el contacto profesional y personal.

Los episodios, narrados en la denuncia conocida por Semana, se intensificaron en 2024 durante la coincidencia de ambos en la subdirección de la UNP en Bogotá. La presencia de la pareja de Sarmiento en el área de recepción de reportes internos complicó adicionalmente la denuncia, según la versión de la trabajadora.

Una de las situaciones más graves, según la denuncia, ocurrió en marzo de 2025 en una comisión oficial en Sincelejo, donde nuevamente se reportó contacto físico sin consentimiento.

La trabajadora manifestó temor ante eventuales represalias y riesgos laborales o personales: “Lo veo como una persona intocable que en cualquier momento puede tener alguna represalia”.

Un documento de un grupo feminista citado por Semana respalda la existencia de un “acoso sistemático” en el partido Comunes y la UNP, alertando sobre patrones recurrentes de hostigamiento, amenazas y ausencia de garantías para denuncias y protección de víctimas.

“Las mujeres afectadas, funcionarias, contratistas, escoltas y militantes, coinciden en sus relatos: todas hablan de miedo, de vulnerabilidad y de una absoluta falta de garantías institucionales para denunciar”, advierte el informe.

El texto enfatiza el riesgo de perder el empleo para quienes denuncian y destaca las amenazas vinculadas a posiciones jerárquicas, así como las invitaciones reiteradas en espacios cercanos a residencias y alojamientos.

Frente a la acusación, la dirección de la UNP activó de inmediato las rutas institucionales de atención. Augusto Rodríguez, director de la entidad, aseguró a Semana que el equipo de Asesoría Psicológica intervino al instante, brindando acompañamiento, atención integral y evitando la revictimización, siguiendo las rutas internas contra el acoso.

La UNP informó sobre el caso a la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad, y asignó seguimiento y protección a la denunciante desde diciembre.

En materia laboral, mientras se garantizó la continuidad contractual de la denunciante durante el proceso, el contrato de Sarmiento Ramírez no será renovado para 2026. De manera paralela, la pareja de Sarmiento fue retirada de la coordinación de denuncias; aunque sigue como funcionaria en la entidad, dejó de tener funciones relacionadas con la recepción de reportes internos desde diciembre, de acuerdo con las acciones institucionales adoptadas.

Consultado por el medio mencionado, Nicolás Sarmiento Ramírez rechazó las acusaciones, calificándolas de “falsas” por mensajería escrita y declinó responder telefónicamente.

La UNP sostiene que la respuesta interna y la coordinación con las autoridades contribuyeron a garantizar un entorno de protección integral ante este tipo de situaciones.