Ejército aclaró gasto de presupuesto en el Catatumbo: haría parte de operaciones no armadas con la comunidad

El Gobierno de Colombia decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y varios municipios de Cesar, en respuesta a una crisis humanitaria sin precedentes por el conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

Desde la firma del decreto, el 4 de enero del 2025, y el inicio del conflicto, se han registrado más de 100.000 desplazamientos, más de 130 asesinatos y al menos 160 capturas.

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De acuerdo con documentos obtenidos por Semana, el Ejército Nacional recibió cerca de $443.444 millones de estos recursos, destinados a reforzar el despliegue de tropas, adquirir equipo y sostener las operaciones en la región.

Una parte de estos fondos fue invertida en artículos ajenos a tareas directamente militares. Más de $1.200 millones se destinaron a pocillos para café, camisetas, gorras, papelería ecológica, equipos de impresión, licencias de software, portátiles de diseño gráfico y equipos audiovisuales.

Según el Ejército, se adquirieron 1.000 gorras por $15,5 millones, 1.000 camisetas por $17 millones y 1.000 mugs por $10,5 millones. El restante del rubro, unos $1.217 millones, se usó para materiales logísticos y de papelería, como máquinas duplicadoras y computadores portátiles.

El Ejército explicó a Infobae Colombia que el objetivo de adquirir estos productos era fortalecer el vínculo y la confianza con las comunidades del Catatumbo. Un vocero de la institución señaló: “Se busca llevar un mensaje de decirles tranquilos que su Ejército está acá”.

Además, se impulsaron campañas para prevenir el reclutamiento forzado y la desinformación, junto con la difusión de líneas de atención para víctimas de grupos ilegales.

La institución reiteró que estos suministros y actividades hacen parte de una estrategia integral de estabilización y proyección estatal en zonas vulnerables. En sus palabras: “Se potencializa la capacidad integral del Ejército para poder llegar a las comunidades”.

En materia de equipos militares, los fondos permitieron la compra de aproximadamente 1.000 drones por $24.000 millones y de ocho sistemas antidrones por $54.000 millones.

El concepto de protección comprendió una inversión de $140.000 millones en armamento, munición, kits de blindaje y drones. Para sostenimiento, se asignaron $136.000 millones, que incluyeron el blindaje de helicópteros Black Hawk, repuestos de aeronaves, uniformes y materias primas.

La política de adquisiciones sumó, además, la compra de 2.542 fusiles ACE 5.56 por $24.000 millones y el pedido de 8.6 millones de municiones calibre 5.56, que superó los $25.000 millones. La partida para movimiento y maniobra ascendió $77.000 millones, mientras que $60.000 millones se orientaron a mando y control, incluyendo la compra de camionetas, tractocamiones, ambulancias medicalizadas y una casa prefabricada para la atención de desmovilizados.

El rubro de gastos reservados alcanzó los $11.000 millones, destinados en su mayoría a recompensas e inteligencia.

La adquisición de radios de comunicación para los pelotones superó los $24.000 millones. Por otra parte, el alquiler de helicópteros MI-17, necesario ante el deterioro de la flota, cubrió 475 horas de vuelo contratadas a empresas privadas, representando un gasto de más de $20.000 millones.

Según el Ejército, la compra de bienes no convencionales responde a necesidades operativas y doctrinales, dentro de acciones que buscan prevenir la influencia de actores ilegales y consolidar la presencia estatal. El vocero consultado subrayó la transparencia y legalidad en la administración de los fondos derivados de la emergencia.

Al concluir el primer año del Plan Operacional Catatumbo, la institución comunicó que todos los contratos previstos se ejecutaron en su totalidad y conforme a la normativa vigente.

Pese a la declaratoria de emergencia, hacia el cierre de 2025 persistían más de 800 nuevos desplazados y 1.500 personas confinadas en la zona.

El presidente Gustavo Petro impulsó impuestos extraordinarios que permitieron recaudar cerca de un billón de pesos y destinó una porción significativa de estos fondos a las operaciones del Ejército Nacional.

Las nuevas medidas fiscales incluyeron un impuesto especial del 1% para la extracción de hidrocarburos y carbón en Catatumbo, además de un incremento del 1% en el impuesto de timbre nacional aplicado a determinados documentos y actos.

Adicionalmente, se estableció un IVA del 19% a los juegos de azar en línea, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de maximizar la recaudación para atender la crisis, según recabó el medio.

Sin embargo, también es cierto que el Ejército Nacional ha desarrollado durante un año una estrategia basada en el esfuerzo no armado para mitigar la crisis humanitaria en el Catatumbo y promover la reconstrucción del tejido social de la región.

A través de operaciones humanitarias, iniciativas educativas, programas productivos y alianzas interinstitucionales, la institución ha enfocado sus acciones en beneficiar a comunidades en situación de alta vulnerabilidad y propiciar condiciones para el desarrollo y la estabilidad regional.

La intervención ha involucrado tanto la entrega de ayudas como programas de formación y actividades culturales integradoras.

• Se distribuyeron 227 toneladas de ayudas humanitarias en Cúcuta, Ocaña y Tibú, junto con campañas de información y perifoneo aéreo que incluyeron 108.000 volantes institucionales.
• Se entregaron 655 computadores portátiles en zonas rurales de Tibú y Sardinata a través del programa Computadores para Educar, fortaleciendo la educación en áreas apartadas.
• El programa Eco Kids benefició a niños y adolescentes de La Gabarra, El Tarra, San Calixto y Sardinata, promoviendo la enseñanza de inglés mediante material didáctico y radio educativa.
• Se apoyó el desarrollo de cuatro proyectos productivos agrícolas y la capacitación de asociaciones de mujeres emprendedoras, incluyendo la gestión de materia prima para sus iniciativas en Tibú.
• Actividades culturales e integración, como la celebración de quince años y del Día de la Madre, beneficiaron a comunidades desplazadas y menores bajo protección institucional.