Las Fuerzas Militares de Colombia intensificaron sus operaciones en la zona rural de Dibulla, en La Guajira, tras la masacre de cinco jóvenes ocurrida en Maicao, el 9 de enero, atribuida a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y una serie de carro bombas detonados controladamente por las autoridades.
El objetivo principal del despliegue es capturar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o “el Bendito Menor”, cabecilla de esta estructura armada.
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Durante el operativo fueron destruidos vehículos cargados con explosivos que presuntamente estaban destinados a atentados contra la población civil y la fuerza pública. La región permanece en alerta máxima por el riesgo de nuevos ataques.
La prioridad es frenar el accionar de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca, y capturar a su cabecilla, figura clave en la estructura armada ilegal con presencia en varias regiones del Caribe colombiano.
Durante las incursiones, tropas del Ejército Nacional lograron ingresar al área montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ubicaron un campamento clandestino del grupo armado.
Se destruyeron en el mismo lugar varios vehículos acondicionados con explosivos. “Presuntamente serían utilizados para realizar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública”, explicó el Ejército Nacional.
En la zona se hallaron rastros de sangre, lo que sugiere la existencia de heridos graves, por lo que las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre los centros de salud cercanos para evitar fugas y nuevos riesgos.
El operativo incluyó la utilización de aeronaves no tripuladas y radares en el corredor limítrofe entre La Guajira y Magdalena.
La persecución se centra en Pérez Toncel y Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, quienes, junto a más de quince hombres armados, lograron evadir a las tropas aprovechando la complejidad del terreno. En el lugar se incautaron materiales de guerra, víveres y equipos de comunicación que evidencian la capacidad logística del grupo.
Naín Andrés Pérez Toncel está señalado por homicidio, extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado en las regiones de La Guajira, Magdalena y Cesar.
Ha aparecido en videos difundidos en redes sociales patrullando las calles de Maicao junto a hombres armados y portando uniformes con brazaletes distintivos de la estructura armada. En esos mensajes declaraba estar “brindando la seguridad al pueblo” y lanzaba amenazas de “limpieza social” contra quienes consideraba enemigos.
Horas antes del crimen en Maicao, Pérez Toncel difundió mensajes intimidatorios en los que prometía represalias inmediatas. “Patrullamos todos los rincones de La Guajira”, afirmaba en uno de los videos, mientras advertía: “tienen sus horas contadas” y “fuete para todos los malcriados”.
Tras la masacre, un vocero de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada negó cualquier responsabilidad en el ataque, argumentando: “Eso no fue de parte de nuestra organización y mucho menos bajo las órdenes mías”.
La masacre, perpetrada el 9 de enero en el barrio Altos Parrantal de Maicao, dejó cinco personas muertas y dos heridas.
Las víctimas fueron identificadas como Eider Cantillo (33 años), Janer Bustamante (23), Alex Mendoza (25), Jean Carlos Meza Estrada (27) y Víctor Manuel Jurado Maza (32). Cuatro de ellos fallecieron en el lugar y uno más murió en un centro médico poco después; los dos heridos permanecen bajo atención médica.
Tras el ataque, las Fuerzas Militares anunciaron una recompensa de 500 millones de pesos a quien aporte información sobre el paradero de Pérez Toncel, y de 100 millones de pesos para quienes faciliten la captura de otros implicado.
El despliegue de investigaciones incluyó el envío de personal especializado de la Dijín y el bloqueo de rutas utilizadas por estructuras armadas en la región. Las operaciones continúan con el mandato de capturar o neutralizar a los responsables de la masacre y de otros delitos asociados.
Los Conquistadores de la Sierra Nevada mantienen una presencia significativa en Magdalena, La Guajira y Cesar, consolidando su control en economías ilícitas y ejerciendo violencia sobre la población civil.
Ambas fuentes coinciden en que existen otras organizaciones que, usando el nombre de las Acsn, cometen delitos como secuestros y extorsiones. Un vocero del grupo lo advirtió: “Hay muchas organizaciones cobrando extorsiones, secuestrando a nombre de nuestra organización y a nombre mío. Quiero dejar en claro que nosotros no vamos con ese actuar y tampoco actuamos de esa manera”.
La violencia de estos grupos genera un impacto regional que se traduce en desplazamientos forzados y un ambiente permanente de inseguridad en el Caribe colombiano.
Las autoridades han advertido, a partir de alertas tempranas desde 2019, del riesgo extremo que enfrenta el área.
El contexto se agrava con amenazas dirigidas a figuras estatales como el presidente Gustavo Petro, quien habría sido amenazado públicamente por Naín Pérez Toncel, entre otros episodios recientes.
Ante esta ola de violencia, la Defensoría del Pueblo llamó a los entes judiciales y al Ejecutivo a fortalecer las investigaciones y a ofrecer medidas de protección integrales que permitan resguardar a las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región.
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