El general retirado Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, realizó una denuncia pública sobre la supuesta manipulación de testigos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según sus declaraciones recogidas por Semana, el exoficial advirtió que estas prácticas podrían comprometer la memoria testimonial y vulnerar el debido proceso.
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González Peña indicó que, de acuerdo con la información recibida, algunos comparecientes ante la JEP asisten a “espacios grupales de reconstrucción narrativa” previos a sus declaraciones formales. Estos encuentros, descritos por diversas fuentes y mencionados en la denuncia, tendrían lugar en hoteles o lugares externos a las sedes de la jurisdicción.
De acuerdo con la denuncia, estas sesiones son facilitadas por profesionales como trabajadores sociales, psicólogos y magistrados auxiliares, quienes coordinan la reunión de participantes, condenados o aspirantes a beneficios, para compartir y ajustar sus versiones antes de rendir testimonio.
El general retirado explicó que tales actividades, aunque presentadas como acompañamiento psicosocial, representan un riesgo desde la perspectiva de la psicología del testimonio. Señaló que la reconstrucción colectiva perjudica la autenticidad de los relatos judiciales y favorece la aparición de “memoria inducida”.
Afirmó: “Cuando la verdad empieza a construirse colectivamente, fuera del expediente y sin contradicción, lo que debería ser testimonio personal se transforma en una narrativa compartida”.
}González Peña sostuvo que “la esencia de cualquier sistema judicial serio es que la verdad surja de la memoria individual”.
Criticó que la memoria puede verse contaminada cuando varias personas reconstruyen episodios en conjunto, situación incompatible con una justicia que exige “precisión, autenticidad y trazabilidad”.
Advirtió también que este tipo de prácticas pueden afectar “el derecho a la contradicción, la defensa técnica y la verdad procesal”. Subrayó que la denominada “verdad compartida” dificulta la defensa de quienes sostienen su inocencia, pues termina imponiéndose un relato construido más por consenso que por pruebas concretas.
González Peña insistió en la importancia de resguardar la originalidad de la memoria testimonial en los procesos ante la JEP, advirtiendo que la credibilidad de la justicia transicional depende de que los testimonios sean auténticos y se respeten plenamente los derechos de las víctimas y los procesados.
Hasta ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha emitido respuesta oficial ante las observaciones planteadas por el general retirado.
La JEP condena a siete exmiembros del secretariado de las Farc por delitos vinculados al secuestro y víctimas quedaron inconformes
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dictó el 16 de septiembre de 2025 una condena contra siete exmiembros del secretariado de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la política de secuestros que implementó esa guerrilla entre 1993 y 2016.
La decisión ha suscitado una fuerte reacción negativa entre múltiples afectados y representantes de las víctimas, quienes consideran que el fallo supone una falta de proporcionalidad frente al daño sufrido y calificaron la medida de “burla”, “vergüenza” y “traición”.
De acuerdo con Clara Rojas, exsecuestrada y figura política, resulta difícil comprender por qué solo 4.325 de las más de 21.000 víctimas acreditadas participaron en las audiencias que derivaron en la sentencia. Rojas manifestó respeto por la resolución de la JEP, aunque señaló la escasa representación de quienes sufrieron el flagelo del secuestro.
La presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, Sofía Gaviria Correa, evidenció su inconformidad a través de redes sociales y calificó el fallo como una “vergüenza”. Gaviria denunció que “la decepción era total, no se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenían, que el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”.
Según el magistrado Camilo Suárez Aldana, quien lideró la ponencia, la sentencia busca medidas restaurativas y exige un mayor compromiso de los responsables: “Tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”.
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