La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional por la reducción de recursos ya comprometidos para dos de los proyectos de infraestructura más relevantes del país: la vía Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, en la región Caribe.
Según el gremio, la decisión podría derivar en incumplimientos contractuales, demandas millonarias contra el Estado y un deterioro de la confianza de los inversionistas.
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La alerta quedó consignada en una carta enviada a los ministros de Hacienda y Transporte, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que la CCI cuestiona la expedición del Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se redujeron apropiaciones presupuestales previamente aprobadas en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025.
Fue un recorte de casi un billón de pesos
De acuerdo con el documento, el ajuste presupuestal afecta recursos por más de 976.000 millones de pesos. De ese total, cerca de 339.000 millones estaban destinados al proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, mientras que más de 636.000 millones correspondían a la restauración ambiental del Canal del Dique, ambos bajo responsabilidad de la ANI.
Para la CCI, el problema no es solo el monto del recorte, sino la forma en que se realizó. El gremio sostiene que la decisión fue tomada de manera unilateral, sin una manifestación expresa de conformidad por parte de los contratistas privados, requisito exigido por la normativa vigente para modificar las condiciones financieras de proyectos desarrollados bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP).
¿Por qué las vigencias futuras son clave?
Los dos proyectos se ejecutan mediante APP, un modelo en el que los privados asumen inicialmente la financiación de las obras y el Estado se compromete a pagarles en el tiempo a través de las llamadas “vigencias futuras”.
Estas vigencias son compromisos legales de pago que el Gobierno adquiere para años posteriores, y que resultan fundamentales para garantizar la estabilidad financiera de proyectos de largo plazo.
Según la CCI, la reducción de estos recursos vulnera la confianza que debe existir entre el Estado y los inversionistas, y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos soberanos asumidos por la Nación.
Choque con el Plan Nacional de Desarrollo
En la carta, el gremio recuerda que tanto la vía Mulaló–Loboguerrero como el Canal del Dique están catalogados como proyectos estratégicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y su Plan Plurianual de Inversiones.
Por ello, advierte que eliminar o reducir su financiación rompe el principio de planeación presupuestal, que exige coherencia entre el presupuesto anual y los planes de desarrollo de mediano y largo plazo.
Para la CCI, esta decisión representa además un alto costo de oportunidad para el país, al afectar proyectos con impacto directo en la competitividad, el desarrollo regional y la sostenibilidad ambiental.
Riesgo de demandas y mayores costos para el Estado
El gremio también alertó sobre las posibles consecuencias fiscales de la medida. Si el Estado no cumple con los pagos comprometidos para 2025, podría verse obligado a reconocer intereses remuneratorios y moratorios que no estaban contemplados en la estructuración original de los proyectos.
Asimismo, se abriría la puerta a demandas contra la Nación por incumplimiento contractual, lo que terminaría encareciendo aún más las obras para las finanzas públicas.
Adicionalmente, la CCI señaló que un eventual incumplimiento en los pagos podría derivar en sanciones fiscales y disciplinarias para los funcionarios responsables, ante el riesgo de detrimento patrimonial.
Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Ministerio de Hacienda a incluir y girar oportunamente los recursos correspondientes a las vigencias futuras de 2025.
A juicio del gremio, cumplir estos compromisos no solo evitaría conflictos legales y financieros, sino que enviaría una señal de estabilidad institucional en un momento clave para atraer inversión y reactivar grandes proyectos de infraestructura en el país.
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