Gobierno Petro confirmó que los alcaldes en Colombia manejarán más dinero en 2026: por qué y cuánto será

El presupuesto asignado a los municipios de Colombia por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) alcanzará $88,4 billones en 2026, lo que representa un incremento del 7,8% en comparación con 2025, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El aumento fue anunciado luego del ajuste aplicado a la última transferencia del SGP en 2025, una medida que ya había generado controversia entre el Gobierno nacional y los alcaldes, agrupados en la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), que alertaron sobre el impacto inmediato en la financiación de programas sociales.

Según el DNP, la reducción puntual en la última doceava del SGP para 2025, que es el último desembolso mensual que el Gobierno hace cada año a las entidades territoriales en Colombia (estos pagos financian servicios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico), será del 48,8% frente al mismo periodo de 2024, al bajar de $2,1 billones a $1,09 billones.

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La entidad explicó que esta decisión responde al cumplimiento estricto de los artículos 356 y 357 de la Constitución y de los artículos 85 y 86 de la Ley 715 de 2001, que obligan a ajustar la distribución anual de las transferencias cuando el recaudo de los ingresos corrientes de la Nación es inferior al estimado en la Ley de Presupuesto.

La entidad precisó que la caída del recaudo en 2024 forzó un ajuste automático que se concentra solo en la última transferencia de 2025, sin que implique una reducción anual del volumen de recursos.

Tendencia al alza

Destacó que, en términos anuales, el SGP mantendrá su tendencia al alza, lo que se consolidará en 2026 con la asignación más alta registrada. El presupuesto para esa vigencia fue presentado al Congreso de la República en julio de 2025 y sancionado como Ley de Presupuesto General en diciembre, lo que —según enfatizó el DNP— garantiza el carácter constitucionalmente protegido del SGP, incluso en contextos de volatilidad económica.

La explicación técnica de la misma resalta que “el sistema emplea un promedio móvil de cuatro años de los ingresos corrientes de la Nación con el propósito de suavizar fluctuaciones y brindar mayor previsibilidad financiera a municipios y departamentos”. El mecanismo busca evitar impactos bruscos y permitir una planeación presupuestal estable.

La crítica de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes antes habían hecho algunas advertencias ante una posible reducción. El director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro Giraldo, calificó la decisión oficial como el resultado de una “interpretación inconstitucional” y advirtió que el recorte afectaba con gravedad las finanzas municipales. Manifestó que los municipios deberán recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la población.

A su vez, el alcalde de Soacha Julián Sánchez Acosta, presidente de Fedemunicipios, señaló que el ajuste en la última transferencia de 2025 equivale a un “golpe fiscal a las finanzas territoriales y con ello a los derechos de millones de colombianos”, que dependen de los recursos del SGP para la garantía de servicios y derechos esenciales.

Reforma al SGP

De cara al futuro, las autoridades nacionales y el Congreso ya dieron vía libre a la reforma al SGP.

El DNP recordó que la reforma al sistema en Colombia, aprobada en diciembre de 2024, incluye cambios para fortalecer la autonomía fiscal de departamentos, distritos y municipios. Busca aumentar de manera progresiva las transferencias de la Nación a las entidades territoriales, pasando del porcentaje actual hasta alcanzar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) en un plazo de 12 años, con inicio en 2027 y meta en 2038.

Puntos principales de la reforma

• Ley de Competencias: la aplicación de la reforma depende de una Ley de Competencias, que definirá las responsabilidades que asumirán las entidades territoriales. El Gobierno debe presentar este proyecto en los seis meses siguientes a la aprobación de la reforma. El 15 de diciembre se hizo la radicación del proyecto de ley.
• Reducción de brechas regionales: se priorizará la asignación de recursos a zonas con mayores necesidades, buscando disminuir las desigualdades económicas y sociales entre regiones.
• Sostenibilidad fiscal: el aumento de recursos será gradual y acompañado de una redistribución de competencias, para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.