Exmilitares y mercenarios colombianos hablaron por primera vez tras el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse

El coronel retirado Carlos Giovanni Guerrero habló sobre la situación de él y otros mercenarios colombianos sobre el proceso judicial que enfrenta junto a otros ciudadanos colombianos acusados del asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moise.

Durante la entrevista en Vélez por la mañana, de Luis Carlos Vélez, Guerrero denunció irregularidades judiciales en Haití tras el magnicidio ocurrido en 2021 en Puerto Príncipe. Señaló que la inestabilidad en la justicia haitiana sigue afectando tanto su situación como la de los demás colombianos acusados en Haití.

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“Durante estos cuatro años y medio, hemos tenido seis jueces. Unos han renunciado por amenazas, otros por corrupción”, afirmó en el programa de Vélez. Detalló que la constante rotación de funcionarios ha dificultado el desarrollo del proceso y el acceso a garantías para los acusados.

Guerrero relató que los procesados presentaron un derecho de petición buscando una respuesta judicial clara. Sin embargo, manifestó que al ser remitidos a la corte, “no hay presunción de inocencia, ni debido proceso. La apelación no fue aceptada y, en la Corte, todo el tiempo nos señalan como si fuéramos los culpables… La presunción de inocencia en ningún momento”. El exmilitar sostuvo que las autoridades haitianas no han respetado los principios fundamentales de un proceso penal.

“Nos tratan como si ya fuéramos culpables”, concluyó el coronel retirado en diálogo con Vélez por la mañana, de Luis Carlos Vélez. A cuatro años y medio del asesinato de Moise, Guerrero percibe que la falta de garantías y las condiciones del proceso judicial han deteriorado la confianza en lograr una defensa efectiva ante los tribunales.

Guerrero asegura que todo comenzó con la promesa de un trabajo legítimo: “Vine aquí con un sueño, con una esperanza, con una ilusión: a trabajar, a hacer lo que mejor sé hacer, ser militar, prestar seguridad, prestar mis servicios. Y resulté envuelto en una cosa atroz,” afirmó en diálogo con Vélez por la mañana. Según su relato, él y sus compañeros llegaron a Haití para brindar seguridad a un proyecto hidroeléctrico y, mientras tanto, proteger a un candidato presidencial. “Jamás tuvimos intención de venirle a hacerle daño a nadie, pero ni más faltaba”, insistió.

“Llevamos cuatro años y medio lejos de nuestras familias, sin un juicio, sin pruebas, pagando una condena anticipada que está prohibida en todo estado social de derecho”, denunció Guerrero desde la prisión.

La situación sanitaria es desesperante: “Actualmente, yo tengo tuberculosis, producto del hacinamiento en el que me encuentro y no he recibido tratamiento adecuado. Tengo compañeros con hipertensión donde no reciben sus medicamentos oportunamente y sin decirles tratamientos odontológicos. Cinco años sin ver un odontólogo”, contó.

La noche del crimen, Guerrero sostiene que actuaron bajo órdenes y en coordinación con autoridades locales y extranjeras.

“Nos levantan y nos dicen que hay que hacer una asistencia en seguridad a la Policía Nacional de Haití. No le vi ningún problema. Estaban los señores del FBI presentes. La policía estaba con sus uniformes, con sus camionetas, y asistimos al lugar… En ningún momento me imaginé que ese lugar era la casa presidencial”, narró. Su versión apunta a una emboscada: “Empezó el ataque, un ataque misericordia, con munición punto cincuenta, antitanque, granadas de mano, granadas lacrimógenas, algo descomunal, algo bestial. Jamás me atacaron con esa contundencia”.

Las denuncias de tortura y tratos inhumanos son reiteradas. “Nos hicieron firmar documentos en criollo, idioma que no hablamos ni entendemos, sin la presencia de un abogado… A mí me figuraron la cara a punta de golpes y de patadas y de amenazas. Tengo compañeros que fueron quemados con ácido, apuñalados, colgados en una barra y le daban puños, a otros les quemaron los testículos con un briquet,” narró Guerrero. También mencionó la falta de acción por parte de las autoridades judiciales haitianas: “Aquí el que tiene la palabra es la policía porque tiene las armas”.

El sentimiento de abandono pesa sobre los detenidos. Guerrero fue enfático: “Necesitamos más gestiones diplomáticas… Un acercamiento del Gobierno colombiano con Haití para que nos saquen de este lugar. Son cuatro años y medio sin un debido proceso, donde se han violado todos nuestros derechos fundamentales, todos nuestros derechos procesales”.

La petición final es un llamado a la solidaridad nacional: “Nosotros también somos colombianos, paisanos del señor presidente Petro, de toda la gente de Colombia. Por favor, no se olviden de nosotros. Si hubieran pruebas, si hubiésemos sido culpables, ya estaríamos condenados”.