Contradicen al Gobierno Petro: así es como nuevo decreto de renta vitalicia eleva el dinero exigido para pensionarse en Colombia

Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) denominado “Renta vitalicia: cambios en el mecanismo de cobertura”, en el que se analiza el nuevo decreto de renta vitalicia emitido por el Ministerio de Hacienda en Colombia puso en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia. La entidad alertó que los cambios en el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo incrementarán el capital requerido para acceder a la pensión mínima y trasladarán riesgos y costos tanto a los afiliados como a las aseguradoras privadas.

“A mayor deslizamiento esperado, mayor es el capital que se requiere hoy para financiar una pensión mínima durante toda la vida del afiliado”, enfatizó la misma, al advertir el desafío que plantea este cambio normativo para trabajadores y jubilados. Esto, teniendo en cuenta que la renta vitalicia es un contrato de seguro mediante el cual una persona (el asegurado) entrega a una compañía de seguros un capital, generalmente proveniente de sus ahorros pensionales, a cambio de recibir pagos periódicos (mensuales o trimestrales) durante toda su vida.

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Y es que el crecimiento real del salario mínimo, entendido como la diferencia entre el aumento nominal de ese salario y la inflación observada, es el elemento clave para determinar el capital indispensable para financiar pensiones mínimas en Colombia. El valor, según el análisis, depende también de políticas públicas discrecionales. Por tanto, es frecuente que los incrementos reales del salario mínimo superen la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Dicho comportamiento incluye un riesgo actuarial poco predecible. El informe resalta que “el deslizamiento constituye un riesgo no asegurable, ya que no puede anticiparse ni cubrirse mediante instrumentos financieros tradicionales”. Como resultado, el acceso efectivo y la sostenibilidad del sistema de pensiones se ven comprometidos.

Los cambios normativos afectan a los cotizantes que, pese a cumplir la edad legal, no alcanzan las semanas necesarias para pensionarse. Estas personas podrían enfrentar insuficiencia de ahorros y verse forzadas a optar por modalidades menos estables de retiro, como el retiro programado o a prolongar su vida laboral. Asimismo, los que ya están pensionados bajo la modalidad de retiro programado enfrentan una descapitalización más acelerada.

Cambios para calcular el parámetro de deslizamiento en las pensiones mínimas

De igual forma, el Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025 modificó el criterio para calcular el parámetro de deslizamiento en las pensiones mínimas. Antes del cambio, el parámetro correspondía al promedio aritmético del crecimiento real de la productividad durante la última década; el Estado asumía la diferencia si el salario mínimo aumentaba por encima de ese promedio.

La nueva norma define que el parámetro de deslizamiento será el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad y el 35% del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo periodo. Según Anif, “en la práctica, esta regla tiende a estar dominada por el componente inflacionario, dado el bajo crecimiento histórico de la productividad”.

Asimismo, el riesgo derivado del crecimiento real del salario mínimo no desaparece, sino que se traslada del Estado hacia las aseguradoras y, en especial, hacia los trabajadores y pensionados. Cuando el salario mínimo supera el valor de referencia, la diferencia debe cubrirse mediante mayor capital o primas superiores, lo que afecta de forma directa la viabilidad de la renta vitalicia y eleva el costo del seguro previsional.

Incremento de capital para cada afiliado

El análisis de la asociación detalla que la modificación del cálculo incrementará el capital que cada afiliado debe reunir para financiar una pensión mínima bajo la modalidad de renta vitalicia. El ajuste representa un obstáculo mayor para los que alcanzan la edad de pensión, pero no logran acumular el total de semanas requeridas, ya que necesitarán mayor ahorro o deberán aceptar esquemas menos estables y cuantías menores.

Además, señala que los cambios afectan a pensionados actuales y al equilibrio financiero del sistema en su conjunto. “El cambio en el parámetro de deslizamiento incrementa el capital requerido para financiar una renta vitalicia de pensión mínima”, precisó, al advertir sobre los riesgos para la robustez social y la estabilidad del sistema de pensiones colombiano.

Qué dice el Gobierno Petro

Al respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con anterioridad, salió al paso de estas críticas en un comunicado en el que señaló que la reforma busca actualizar el mecanismo de cobertura para garantizar la sostenibilidad fiscal y, de forma simultánea, simplificar los trámites en el régimen de ahorro individual.

Según la cartera, el nuevo decreto “no implica que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia”. El Ministerio destacó que la obligación de cubrir este riesgo compete a la aseguradora, que asume esa responsabilidad mediante una prima media establecida en la ley, actualmente fijada en el 2,6% de las cotizaciones. De acuerdo con datos oficiales, en 2024 esa prima representó $5,22 billones. Además, informó que desde que el mecanismo creado por el Decreto 036 de 2015 entró en vigencia, el sistema giró cerca de $2,2 billones, con cerca de $1 billón correspondiente solo a 2025; para 2026, se calcula un giro de $1,8 billones.

Respecto a las pensiones de vejez, la cartera aclaró que si los trabajadores no logran reunir el capital necesario, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima cubre la diferencia, manteniéndose entonces la protección para el afiliado y un efecto neutro en las finanzas públicas.

Detalló también que el nuevo parámetro definido por el decreto aplicará solo a los contratos firmados a partir de 2027. Se estima que representa unas 10.000 operaciones anuales y que no tendrá impacto sobre los 20 millones de trabajadores afiliados actualmente.

Impacto financiero y preocupaciones de gremios

Tanto la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) como la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) solicitaron al Gobierno la apertura de una mesa técnica para analizar el impacto del decreto y evitar “efectos adversos sobre los trabajadores colombianos”.

Ambas organizaciones dijeron que la modificación traerá consigo menos pensionados, menores mesadas pensionales y un desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte. Según expresaron los gremios que lideran Gustavo Morales y Andrés Velasco, “este aumento en el costo llevaría a que la prima del seguro supere el límite legal del 3%, lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte”.

Fasecolda advirtió que, sin un seguro previsional funcional, se compromete la protección que en la actualidad ampara a cerca de 20 millones de trabajadores. En términos de vejez, Asofondos puntualizó que, aunque existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima para los afiliados que cumplen con 1.150 semanas de cotización, muchos afiliados podían pensionarse anticipadamente autofinanciando una renta vitalicia. Pero ahora, “decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse y/o aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual”.

Ambos gremios resaltaron que en el sistema previsional, los costos adicionales no desaparecen sino que se redistribuyen. Así, una parte recaerá sobre las aseguradoras y otra sobre los propios trabajadores. “Cuando se ajusta un componente del sistema pensional, los costos no desaparecen; solamente se trasladan”, explicaron en su declaración conjunta.

Fasecolda y Asofondos pidieron mantener abiertos los espacios de diálogo: “Exponemos con mayor detalle los efectos identificados sobre invalidez, sobrevivencia y vejez y analizamos alternativas para preservar la sostenibilidad del sistema sin afectar los mecanismos de protección existentes”, adujeron. Para los gremios, los incrementos en los costos del seguro podrían propiciar que la prima del seguro supere el tope legal, poniendo en riesgo la cobertura ante eventos de incapacidad y muerte para millones de afiliados.

Respuesta institucional y alertas regulatorias

Frente a la inminencia de la norma y la instrucción de repatriar inversiones, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa preventiva para el 20 de enero de 2026. El objetivo es anticipar y evaluar los riesgos relacionados con modificaciones en el sistema pensional colombiano, como la repatriación de inversiones de portafolios de fondos de pensiones.

La Procuraduría pidió “profundizar el análisis del proyecto normativo, considerando riesgos de mercado y de reinversión, posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios”. La entidad también llamó a que la evaluación tome en cuenta la capacidad del mercado local para absorber cambios y los posibles impactos en la estabilidad financiera y en la protección del ahorro de millones de afiliados.

Amparada en la Ley 100 de 1993 y en otras disposiciones vigentes, la Procuraduría insistió en que las instituciones realicen un estudio exhaustivo que ayude a prevenir consecuencias no deseadas para el sistema. La situación se vuelve aún más delicada ante la instrucción estatal de repatriar recursos asociados a fondos de pensiones.

Riesgos ligados a la repatriación de inversiones

La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera Mónica Higuera manifestó su inquietud por la directriz gubernamental de repatriar cerca de $125 billones en inversiones de los fondos de pensiones en un plazo de solo seis meses. En entrevista con La FM, Higuera dijo: “Expresé mi preocupación por la viabilidad de una operación de ese tamaño en un periodo tan corto”.

La experta resaltó las limitaciones de profundidad y liquidez del mercado de capitales colombiano, lo que haría difícil absorber una transferencia tan cuantiosa. Señaló que la medida implicaría desmantelar estrategias diversificadas y de largo plazo, forzando a los fondos a vender activos prematuramente y asumir pérdidas, lo cual podría impactar negativamente el valor de los portafolios administrados por las AFP.