Así se reconfiguró el Gobierno Petro tras remezón en el círculo cercano del presidente: el ‘fuego amigo’ sigue en los pasillos

Las recientes modificaciones introducidas por el presidente Gustavo Petro han transformado el gabinete presidencial y su círculo más cercano en medio de fuertes tensiones internas.

En las últimas 48 horas, la Casa de Nariño fue escenario de movimientos clave, como los relevos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio de Igualdad.

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Sin embargo, los movimientos repentinos del presidente Petro se dan apenas iniciando el 2026 y a tan solo 15 días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que generó un mar de críticas.

En medio de la última ‘reconfiguración’ del jefe de Estado, José Raúl Moreno asumió protagonismo al ser ratificado como jefe de Despacho y nuevo titular del Departamento Administrativo de la Presidencia. Además, quedó a cargo temporalmente del Ministerio de Igualdad hasta que se nombre a un nuevo ministro.

Moreno, considerado una figura discreta y cercana a la agenda presidencial, reemplaza a Angie Rodríguez, quien, tras 11 meses en ese puesto, fue trasladada al Fondo de Adaptación.

El relevo en la Dirección Nacional de Inteligencia se produjo con la renuncia de Jorge Lemus a solicitud presidencial. Lemus, antiguo militante del M-19, cede el cargo a René Guarín, quien venía desempeñándose como responsable de tecnología y sistemas de la Presidencia.

Wilmar Mejía, director estratégico de inteligencia, fue suspendido en ese proceso, mientras persisten cuestionamientos sobre presuntas filtraciones de información a grupos armados.

Por otro lado, Juan Carlos Florián dejó la jefatura del Ministerio de Igualdad tras la solicitud de renuncia por parte del presidente y en medio de controversias administrativas que Florián negó. Su salida se confirmó con su ausencia en el primer Consejo de Ministros del año y representa el cambio número 58 en el gabinete desde el comienzo del actual mandato.

El trasfondo de estas decisiones involucra disputas internas y enfrentamientos de poder evidentes entre figuras como Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd). La tensión se reflejó, por ejemplo, en que Carrillo fue excluido del grupo de WhatsApp de altos funcionarios poco antes de la salida de Rodríguez.

Otros episodios han alimentado un ambiente tenso dentro del Ejecutivo. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció posible vigilancia a través del software Pegasus, señalando al Ministerio de Defensa y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, así como al sargento viceprimero Darwin Rodríguez Ramírez, como eventuales responsables.

Augusto Rodríguez se ha visto envuelto en choques, especialmente con Armando Benedetti, actual ministro del Interior. La figura de Benedetti divide opiniones dentro del gabinete: algunos funcionarios cuestionan su estilo y origen político, mientras otros destacan su capacidad para articular consensos, incluso ante figuras como la vicepresidenta Francia Márquez y la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia. “Siempre la cogen conmigo”, sostuvo Benedetti, rechazando ser el centro de las disputas ministeriales.

Los ministerios de Salud (Guillermo Jaramillo), Trabajo (Antonio Sanguino) y Hacienda (Germán Ávila) se presentan estables, pues sus titulares mantienen línea directa con el presidente Petro y han respaldado reformas clave.

Sin embargo, circulan rumores sobre posibles movimientos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo la dirección de Carina Murcia, y en el Ministerio del Interior, sin confirmaciones claras de los posibles movimientos.

Las recientes decisiones responden, en parte, a la urgencia de consolidar el control y garantizar la transparencia antes de la Ley de Garantías, que restringirá la contratación estatal en el período electoral. El refuerzo del círculo de aliados más fieles busca sostener la gobernabilidad en un escenario de movilizaciones y después del aumento del salario mínimo y la declaración de emergencia económica tras el fracaso de la reforma tributaria.