
El 14 de enero de 2025, el proceso judicial por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay dio un paso determinante, luego de que Katerine Andrea Martínez, identificada como alias Gabriela o Andrea, alcanzara un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para aceptar cargos en calidad de cómplice y fuera condenada a 21 años de prisión.
“Desde luego que será la señora juez a voces del artículo 293 del Código Penal, quien constate directamente este conocimiento por parte de la procesada. Con todo, para la procesada, en este caso, es claro y comprensible el acuerdo. La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que acreditan ese estándar probatorio y el respeto de la presunción de inocencia, los cuales han sido relacionados dentro de este preacuerdo”, afirmó la fiscal Cristina Reyes.
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A través de este preacuerdo, Martínez no solo contribuyó a acelerar los procedimientos judiciales, sino que, de ser ratificado por la jueza de control de garantías, se convertirá en la tercera persona sentenciada por el crimen que conmocionó el país y cuyo trasfondo aún expone riesgos significativos para los involucrados.
Durante la diligencia, ya en su etapa final, la defensa de Katerine Andrea Martínez insistió en la gravedad de las amenazas que pesan sobre ella y su entorno. El abogado Carlos Trujillo solicitó que su clienta sea ingresada en un centro penitenciario de máxima seguridad, subrayando que no solo la propia Martínez recibió intimidaciones, sino también sus familiares más cercanos y su expareja. Trujillo expresó: “A la Fiscalía le ha acarreado amenazas que han llegado a su lugar de reclusión, no solamente a ella, sino a miembros de su familia, incluso su expareja”.

La aceptación de cargos incluye las imputaciones de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte y tráfico de armas y utilización de menores en actividades ilícitas. En el acuerdo, Martínez admitió su responsabilidad en grado de cómplice, lo que se traduce en una significativa reducción de la pena en comparación con una condena como autora material.
Según el documento presentado por la Fiscalía, ni las partes afectadas ni las víctimas presentaron objeción a la negociación, cuyo principal efecto es la rebaja de la condena. El defensor enfatizó que este preacuerdo excluye cualquier compromiso de colaboración con las autoridades o delación contra otros miembros de la red criminal, limitándose estrictamente a la admisión de responsabilidad y la cooperación en las diligencias propias de su caso.
Trujillo puntualizó: “Nunca lo ha sido a costas de delatar los partícipes de este hecho; toda su colaboración es a lo que ella atañe en este suceso. Esto es importante porque personas que desconocemos se han presentado para otros alcances”.
Durante la audiencia, Martínez dirigió una declaración a los afectados y la sociedad: “Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes. Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”.
Y agregó: “Pero, en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Y, pues, sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos y más que todo con su esposa y su hermana. Muchísimas gracias”.
El acuerdo y la admisión de culpa quedaron formalizados ante el tribunal, a la espera de la decisión final de la jueza. Martínez, de este modo, se suma a la lista de condenados por el asesinato del precandidato presidencial y exsenador, un caso aún rodeado de amenazas y repercusiones en la seguridad de los implicados.
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