Las demandas de respuesta inmediata por parte del Congreso de la República, en torno al decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025, han escalado a un nuevo nivel.
El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, formalizó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los 19 ministros del actual Gobierno por no responder a tiempo los cuestionamientos sobre las medidas adoptadas.
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La preocupación del legislador se centra en la falta de transparencia frente a un decreto que, según sus palabras, “crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos”.
Motoa afirmó a través de su cuenta de X que el Ejecutivo ha acumulado tres semanas sin presentarse ante la Plenaria del Senado, recurriendo a excusas y formalismos para aplazar el debate, y solicitando prórrogas de manera reiterada.
El episodio más reciente ocurrió el 29 de diciembre, cuando el Gobierno nacional, representado por el ministro del Interior Armando Benedetti, se negó a asistir a la sesión extraordinaria convocada por el Senado.
La justificación oficial fue la necesidad de que todos los ministerios tuvieran tiempo suficiente para responder un extenso cuestionario de 26 preguntas, con un plazo legal hasta el 31 de diciembre.
Pese a ese argumento, la mayoría de las carteras solicitaron hasta dos prórrogas adicionales, alegando dificultades para compilar la información solicitada en la proposición. Estas dilaciones han impedido que el Congreso obtenga respuestas claras sobre la justificación y el alcance de las nuevas medidas fiscales.
“No permitiré que le hagan más trampa al país”, señaló el congresista, y explicó que la queja ante la Procuraduría busca frenar lo que considera una maniobra para eludir el control político.
El legislador también elevó una solicitud de insistencia a la Mesa Directiva del Congreso, con el fin de que convoque lo antes posible la sesión de debate sobre el decreto de estado de excepción y el Decreto 1479.
Este último decreto incluye medidas tributarias extraordinarias: impuestos para compras en internet, incremento del IVA sobre licores del 5 % al 19 %, y un IVA del 19 % para los juegos de suerte y azar en línea, entre otros cambios. Estas decisiones surgieron tras el archivo de la reforma tributaria en el Congreso, y buscan incrementar el recaudo para financiar el presupuesto nacional.
La Corte Constitucional recibió solicitud de suspensión de decretos de emergencia
El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño Martínez y el Consejo Gremial Nacional han solicitado a la Corte Constitucional de Colombia la suspensión provisional de dos decretos claves expedidos por el Gobierno en el marco de la Emergencia Económica.
El Consejo Gremial Nacional, a través de Camilo Armando Sánchez Ortega, advirtió que la vigencia del Decreto 1390 de 2025 podría provocar distorsiones económicas y aumentar la inseguridad jurídica en el país, lo que afectaría a la inversión y al normal funcionamiento del sistema económico.
Además, el gremio alertó sobre el riesgo de “uso abusivo de los poderes excepcionales” sin una intervención previa de la Corte Constitucional, lo que podría poner en peligro la separación de poderes y el control de la legalidad tributaria. La solicitud fue presentada el 13 de enero de 2026 y remitida al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Por su parte, Juan Alberto Londoño Martínez pidió la suspensión inmediata del Decreto 1474 de 2025, firmado el 29 de diciembre de 2025 para implementar medidas tributarias durante la emergencia, alegando “irregularidades formales insubsanables en su expedición, así como la ausencia de hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que justifiquen su expedición”.
Además, advirtió que la decisión del Ejecutivo “provoca una desnaturalización del sistema constitucional de estados de excepción, al fundamentar la crisis en circunstancias históricas y estructurales que deben ser gestionadas por los mecanismos ordinarios previstos en el marco democrático y/o que corresponden a hechos atribuibles a las políticas implementadas por el mismo Gobierno”.
La solicitud presentada ante la Corte Constitucional se basa en el Auto 272 de 2023, que establece que la suspensión provisional solo procede en situaciones donde haya normas abiertamente contrarias a la Constitución y exista riesgo de daños irreparables para el Estado y la ciudadanía.
Londoño puntualizó que el decreto “no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional para la expedición de un decreto legislativo en el marco de una declaratoria de emergencia económica y social”.
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