El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió el debate sobre la deuda pública asegurando que los decretos de emergencia adoptados por su gobierno lograron una reducción significativa en la tasa de interés de la deuda en dólares.
Según el mandatario, “se ha desplomado la tasa de interés en dólares con que nos endeudamos”, y destacó que después de la derogación de la ley de financiación en el Congreso, esa tasa “era 12% y hasta 8% y, ahora, esa tasa se desplomó a 5,9%, gracias a la expedición del decreto tributario por emergencia”.
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En medio de su publicación, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia respondió de manera inmediata y cuestionó la afirmación del presidente: “Presidente, no desinforme. La tasa de endeudamiento en dólares y la tasa de endeudamiento en pesos son cosas totalmente diferentes, y cada una de ellas sigue estando altísima”.
Tras la réplica de Valencia, el presidente continuó explicando los alcances de los decretos de emergencia y cómo estos habrían impactado la economía. Petro aseguró que la reducción de la tasa de interés también provocó una caída en el riesgo país, señalando que “se desplomó la tasa de riesgo del país”, y destacó que estas medidas ayudaron a mitigar un encarecimiento abrupto de la deuda, que consideraba “sobreviniente e insostenible.”
Un llamado de atención para el magistrado Carlos Camargo
En su exposición, el presidente advirtió sobre posibles decisiones judiciales que podrían revertir los efectos de sus decretos. En particular, mencionó al magistrado Carlos Camargo Assis, quien es ponente en la Corte Constitucional encargado de evaluar decreto de emergencia económica y social dictados por el Gobierno al cierre de 2025.
Petro afirmó: “Si el magistrado Camargo se pronuncia a favor de los oligopolios, verá como se dispara el costo de la deuda hasta la insostenibilidad de nuevo”.
El análisis de estos decretos se ha visto demorado por el receso judicial de finales de 2025, que impidió cualquier avance hasta enero de 2026.
La revisión fue solicitada por el Consejo Gremial, que alertó sobre el riesgo de “abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”. En este contexto, la postura de Petro busca reforzar la necesidad de estabilizar la deuda mediante impuestos a los sectores más ricos.
El mandatario argumentó que la medida beneficia a Colombia al estabilizar la deuda, aunque reconoció que los sectores más ricos podrían sentir el impacto del aumento de impuestos, comentando que “el país se beneficia estabilizando su deuda, pero los grandes ricos creen que se perjudican por pagar un poco más de impuestos.”
Las medidas ‘necesarias’ para la deuda del país
Además, precisó que “ese pago mayor de impuestos se mitiga en los megarricos, al ganar más, con un país estable.”
En su análisis, Petro también criticó la resistencia de algunos grupos económicos a asumir su responsabilidad fiscal, afirmando que “no quieren solucionar la situación fiscal sino que simplemente no quieren pagar impuestos y se los quieren delegar a la gente que trabaja, después de gozar en billones el subsidio que les dio el estado a punta de sobreendeudamiento en el gobierno Duque, sobreendeudamiento disparado, aún más, por la devaluación y el crecimiento de la tasa de interés real interno que decretó la mayoría de la Junta del Banco de la República.”
Finalmente, Petro reafirmó la urgencia de tomar medidas para estabilizar la deuda y evitar riesgos futuros: “Minhacienda debería hacer más ventas masivas de nuestra deuda cara por barata, para estabilizar nuestras finanzas antes que la influencia en el poder, de los oligopolios y monopolios privados… por su codicia ciega, logren derrocar nuestra emergencia.”
Este rifirrafe ocurre mientras procesos como el aumento del salario mínimo y la emergencia económica reciben críticas desde distintos sectores. La disputa sobre los decretos de Petro refleja la tensión entre el Ejecutivo y la oposición, mientras la Corte Constitucional evalúa la legalidad de las medidas adoptadas.
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