El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026 comenzó a generar efectos concretos en las finanzas del Distrito Capital, especialmente en sectores estratégicos como la salud pública.
Así lo advirtió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien alertó sobre un desajuste presupuestal no previsto que impacta de manera directa la operación de la red hospitalaria de la ciudad.
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Según explicó el mandatario, el ajuste salarial produjo un incremento cercano a los 100.000 millones de pesos en los costos operativos de las subredes de salud, una cifra que no estaba contemplada en la planeación financiera inicial del Distrito.
“En los costos operativos de las subredes de Bogotá hay un aumento de cien mil millones de pesos, producto del aumento adicional del salario mínimo que se definió por parte del Gobierno nacional”, afirmó Galán en declaraciones a Blu Radio.
El alcalde detalló que la administración distrital había estructurado su presupuesto con base en una proyección de incremento del salario mínimo del 11%, en línea con escenarios inflacionarios moderados.
Sin embargo, el aumento finalmente decretado fue del 23%, lo que duplicó las estimaciones originales y obligó a recalcular de manera urgente los gastos del sector salud. “La proyección que teníamos era de 11%, pasó 12 puntos por encima de eso”, puntualizó.
Galán precisó que el impacto sobre la red hospitalaria no se limita al pago directo de salarios. El aumento del mínimo también repercute en otros compromisos laborales y operativos que están indexados a ese indicador, incluidos los ajustes derivados de convenciones colectivas en varias entidades del Distrito.
Esta situación, explicó, incrementa la presión financiera sobre las subredes de salud y reduce el margen de maniobra para nuevas inversiones.
Ante este panorama, la Alcaldía solicitó una evaluación detallada del efecto real del incremento salarial sobre la prestación de los servicios.
“Les pedí que hicieran una valoración que me van a presentar la semana entrante; calculan los costos adicionales en la operatividad de las subredes del Distrito de Salud en cien mil millones de pesos por cuenta del aumento no proyectado del salario mínimo”, señaló el alcalde.
El mandatario reconoció que el impacto es inevitable y que, ante la ausencia de nuevos recursos, la ciudad se verá obligada a revisar inversiones previamente planeadas dentro del sector salud.
“No vamos a tener más recaudo ni más recursos de los proyectados, por lo que nos toca priorizar y ajustar”, advirtió, al tiempo que reiteró que la prestación del servicio deberá sostenerse en medio de un escenario financiero más restrictivo.
En ese contexto, Galán sostuvo que las consecuencias de una decisión de alcance nacional no pueden recaer exclusivamente sobre los entes territoriales y pidió corresponsabilidad al Gobierno central.
A su juicio, el Ejecutivo debe reconocer los efectos fiscales que genera el aumento del salario mínimo en sistemas sensibles como la salud pública, que dependen en gran medida de recursos ya comprometidos.
A este escenario se suma el impacto sobre el sistema de transporte masivo Transmilenio, donde el alza del salario mínimo también ha tenido efectos directos tanto en los costos de operación como en la tarifa al usuario.
Según explicó el alcalde, 100 pesos del incremento en el pasaje obedecen exclusivamente al ajuste salarial, una medida que calificó como inevitable dada la estructura laboral del sistema.
Galán detalló que Transmilenio cuenta con cerca de 12.000 trabajadores que devengan el salario mínimo y otros 18.000 con ingresos muy cercanos, lo que provoca un aumento inmediato en los costos operativos tras la decisión del Gobierno nacional.
En ese sentido, aseguró que el reajuste tarifario no responde a una decisión discrecional del Distrito, sino a una consecuencia directa del alza salarial decretada a nivel nacional.
El mandatario recordó que, antes de conocerse el aumento del salario mínimo, la ciudad había proyectado un incremento tarifario basado en variables técnicas.
Entre ellas, mencionó un aumento del IPC cercano al 5,3%, un incremento del 10% en el costo del gas —combustible de una parte significativa de la flota— y un alza cercana al 15% en el precio del diésel. “Eso llevó a una proyección de un aumento de 7,8% en la tarifa. Eso es lo que teníamos previsto”, explicó.
Sin embargo, el aumento del salario mínimo al 23 % modificó por completo ese escenario. Galán señaló que, teniendo en cuenta que el sistema cuenta con cerca de 35.000 trabajadores, el impacto total llevó a un incremento adicional de 350 pesos en la tarifa.
“Vamos a hacer trabajos de eficiencia y de consecución de recursos no tarifarios para no subir tanto la tarifa, pero es inevitable”, concluyó.
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