El Ministerio de Transporte expresó su preocupación por el aumento del 10,9% en la tarifa de TransMilenio —transporte público de la capital colombiana—, que pasará de 3.200 pesos a 3.550 pesos el 14 de enero de 2026, decisión de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, junto con la empresa.
En un comunicado, la cartera que lidera Mafe Rojas cuestionó la justificación de este incremento, especialmente en relación con el alza del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, decretado por el presidente Gustavo Petro.
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El incremento fue definido tras un alza del 23% en el salario mínimo, al que el mandatario llamó ‘salario vital’, y una propuesta inicial del presupuesto de Bogotá que planteaba una tarifa de 3.450 pesos; sin embargo, el ajuste definitivo fue de 350 pesos adicionales al costo anterior, lo que generó una polémica sobre la razón detrás de este aumento.
Este es el informe que la cartera espera tener sobre la mesa
Aunque el aumento salarial es un factor relevante, el Ministerio de Transporte justificó que este no puede ser el único criterio para ajustar la tarifa del sistema, ya que los costos laborales representan solo una de las variables dentro de un análisis integral.
La cartera explicó que es necesario realizar un análisis más profundo de las diversas variables que inciden en el costo del pasaje: “Los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral”.
El análisis debe diferenciar los costos asociados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al salario mínimo y a otros factores como la eficiencia operativa y la gestión contractual, sin que un aumento de salario se traslade automáticamente a la tarifa sin un estudio técnico y financiero adecuado.
“En consecuencia, el aumento de esta variable, de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado”, se lee en el comunicado
Además, la cartera señaló: “Se aprobó el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha. Si bien este convenio no se encuentra vinculado de manera directa con la definición de la tarifa ni compromete la operación y el mantenimiento del sistema, sí contempla impactos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), lo que refuerza la necesidad de adoptar decisiones tarifarias técnica y fiscalmente responsables”.
A pesar de que la facultad para fijar las tarifas recae sobre los entes territoriales, el Ministerio de Transporte tiene la competencia técnica para revisar los ajustes y emitir un concepto sobre su razonabilidad. En este sentido, la cartera destacó que el aumento del costo del pasaje puede tener un impacto importante en los usuarios, especialmente aquellos de menores ingresos.
“El Ministerio de Transporte tiene la competencia para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios”, explicó el comunicado. Además, se recordó la cofinanciación histórica de la infraestructura de TransMilenio por parte de la Nación, lo que refuerza la necesidad de tomar decisiones tarifarias responsables.
En este sentido, la cartera que lidera Rojas, en colaboración con la Superintendencia de Transporte, solicitó a TransMilenio S.A. un desglose detallado del análisis técnico que sustentó el ajuste; la información solicitada debe incluir la diferenciación entre los costos indexados al IPC, los asociados al salario mínimo y otros factores que inciden en la tarifa.
Según el comunicado, el propósito es emitir una evaluación sobre la justificación del aumento y asegurar la protección de los usuarios del sistema, especialmente frente al incremento desmedido que denunciaron los propios usuarios del transporte público.
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