A través de sus redes sociales, principal vía de comunicación con sus seguidores, el presidente de la República, Gustavo Petro responsabilizó el lunes 12 de enero a los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque por decisiones que, según él, aumentaron las tarifas de energía y trasladaron deudas al usuario final. El jefe de Estado reafirmó que el Gobierno implementará un aumento temporal en el costo por kilovatio hora, cuyo impacto será diferenciado por estratos sociales.
Petro señaló que durante mandatos anteriores, en especial bajo la administración de Uribe, se autorizó un alza en los precios de distribución tras acuerdos con propietarios de una empresa extranjera. “Su amigo Duque hizo algo fatal: le congeló la tarifa eléctrica en tiempos de COVID a todos los usuarios, pero no financiada por las utilidades de las empresas, sino como deuda que tenían que pagar de nuevo los usuarios”, expresó el primer mandatario en su mensaje.
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Asimismo, el jefe de Estado reafirmó que esta deuda ascendió a “seis billones”, y añadió que intentó que se cubriera mediante el Presupuesto General de la Nación del 2026, pero hizo énfasis en cómo la iniciativa se hundió en el legislativo. “Su bancada, señor Uribe, se opuso a eso y saboteó las dos leyes de financiamiento”, afirmó Petro en su publicación en X frente a la publicación de Uribe, que compartió un artículo del medio Valora Analitik.
De acuerdo con el reporte del medio, el Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto que contempla un “cargo transitorio” de $8 por kilovatio hora a toda la demanda del sistema eléctrico nacional. El objetivo es financiar la deuda de la compañía Air-e, una empresa de servicios públicos del Caribe intervenida por el Estado, y mantener la confiabilidad del sector, en aquellas compañías bajo supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos.
El complejo panorama con<i> Air-e </i>del que el Gobierno es blanco de críticas
La deuda de la Air-e, prestadora, comercializadora y distribuidora del servicio de energía, con los generadores alcanza cerca de $2 billones. El decreto propone que, mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) diseña un nuevo esquema de confiabilidad en los próximos seis meses, se aplique este cobro adicional, por lo que los recursos recaudados serán entregados a los actores con quienes Air-e mantiene obligaciones pendientes con sus acreedores.
De la misma manera, el plan del Ejecutivo incluye una reforma regulatoria referente a la “energía firme complementaria”. La Creg, según la información replicada en el reporte periodístico, tendrá hasta 18 meses para reglamentar de manera precisa la medición y remuneración de la energía eólica y solar como fuente de respaldo en la red interconectada nacional, con el fin de diversificar la matriz eléctrica colombiana.
El impacto del ajuste tarifario dependerá del nivel socioeconómico de los hogares. “No la pagarán todos los colombianos, sino de acuerdo a sus estratos sociales”, afirmó Petro; sin embargo, el artículo señala que el documento oficial no precisa quién asumirá finalmente el costo, aunque en la práctica los comercializadores suelen cubrir estos valores y, habitualmente, los transfieren al usuario a través de los recibos de energía mes a mes.
Sobre el particular, Ricardo Arango, gerente de Afinia, advirtió sobre los riesgos financieros si Air-e o empresas similares persisten en el incumplimiento de pagos y señaló que “si no es sostenible financieramente, podría materializarse un riesgo de apagón”. Por otro lado, expertos sectoriales como Camilo Mejía, de acuerdo con el medio, expresaron incertidumbre sobre la eficacia del mecanismo y cómo se garantizará la estabilidad financiera de los agentes.
En el ámbito empresarial, la compañía Air-e informó que a partir de enero de 2026 el precio del kilovatio hora permanecerá en $796, por debajo del promedio y aseguró que mantendrá una diferencia de $80 en comparación con otras comercializadoras, remarcando la estabilidad de sus tarifas. Con ello, la implementación de este mecanismo busca “aliviar la presión sobre los usuarios”, al impedir que los costos por ineficiencia recaigan directamente en sus facturas.
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