La Contraloría General de la República lanzó un llamado de alerta devido a que más de un tercio de los recursos públicos gestionados a través de contratos fiduciarios permanecen sin ejecutar, “inmovilizados”, de acuerdo con la información oficial que emitió la entidad.
Según la institución, de un total de 13,46 billones de pesos comprometidos en fiducias hasta diciembre del 2024, al menos 4,84 billones permanecen sin gestión ni ejecución.
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Esta situación afecta la entrega oportuna de obras y servicios dirigidos a la ciudadanía. De hecho, a través del comunicado que publicó el organismo de control, informaron que la circunstancia “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal la y pérdida de eficacia social”.
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El informe puntualizó que estos fondos, distribuidos en 156 negocios fiduciarios, continúan quietos, a pesar de estar destinados a proyectos específicos.
El organismo enfatizó que “cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”.
Al desglosar la muestra analizada, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda lidera la lista con $165.255 millones sin ejecutar, seguido por el Ministerio de Comercio con $109.320 millones y el Ministerio de Salud con $67.792 millones.
En el sector fiduciario, Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones en recursos inmovilizados, mientras que Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular concentran otros montos significativos.
La Contraloría identificó que los principales factores que explican la inmovilización de estos recursos son falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos poco eficientes.
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El estudio advirtió que la permanencia de los fondos en portafolios de baja rentabilidad genera un “mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”, ya que el rendimiento económico es muy inferior al valor público que podrían producir si se invirtieran a tiempo.
El reporte también destacó que los proyectos más afectados corresponden a sectores estratégicos como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, que requieren una alta inversión inicial y ejecución a largo plazo.
La Contraloría General de la República anunció, en ese sentido, que iniciará actuaciones fiscales para determinar responsabilidades y buscar que los recursos inmovilizados sean ejecutados con mayor eficiencia.
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“Iniciaremos actuaciones fiscales por los recursos inmovilizados en fiducias, que no se ejecutan a tiempo por retrasos administrativos, deficiencias contractuales y procesos poco eficientes”, se leyó en la publicación de la institución en redes.
El organismo reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio público y la mejora en la gestión del gasto estatal, con el objetivo de que los proyectos lleguen efectivamente a la ciudadanía.
Contraloría recuperó 20 millones de dólares para el Estado en contrato de helicópteros Mi-17
La Contraloría General de la República evitó una pérdida millonaria de recursos públicos mediante la recuperación de 20 millones de dólares de la aseguradora vinculada al contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17.
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Estos fondos, que ya ingresaron al Tesoro Nacional, corresponden a la restitución de pagos anticipados no utilizados, costos asociados a obligaciones contractuales y la indemnización por perjuicios.
La recuperación se produjo tras una advertencia emitida en septiembre de 2025, cuando la Contraloría alertó al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida patrimonial debido al incumplimiento del contratista y a la falta de acciones para activar las garantías contractuales.
El organismo de control realizó un seguimiento técnico con visitas al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban las aeronaves, así como inspecciones a los hangares de la empresa contratista Vertol Systems Company Inc. en Estados Unidos.
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El análisis incluyó la revisión detallada de la información contractual, operativa y aseguradora del proceso. Estas acciones permitieron verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente, lo que impidió un detrimento al patrimonio del Estado.
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