Acopi advierte que el alza desbordada del salario mínimo pone en riesgo el empleo formal y acelera la informalidad en 2026

El reciente incremento del salario mínimo en Colombia hasta los $2.000.000 mensuales para 2026, definido por decreto tras el fracaso de la concertación tripartita, encendió las alertas entre los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Para Acopi, la principal asociación que representa a estos sectores, la decisión va más allá de una política social y amenaza con profundizar problemas estructurales como la informalidad laboral, la baja creación de empleo formal y mayores presiones inflacionarias en un contexto económico ya frágil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María Elena Ospina, presidenta de Acopi, advirtió en una entrevista con el medio Semana que el impacto del aumento —cercano al 23%— no debe medirse únicamente en términos de despidos, sino en la pérdida de oportunidades de empleo formal, especialmente entre las empresas más pequeñas.

“El riesgo principal es la menor creación de empleo formal y mayor informalidad en 2026, sobre todo en micro y pequeñas empresas; y otro importante es la inflación que supera ampliamente la inflación proyectada (3,6% a diciembre de 2026), lo que tensiona costos. Acá el tema no es solo cuántos empleos se pierden; es cuántos dejan de crearse y cuántos se informalizan”, señaló Ospina en declaraciones a Semana.

El salario mínimo fue fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, luego de que Gobierno, empresarios y centrales obreras no lograran un acuerdo.

Para Acopi, el alza resulta especialmente problemática debido a los márgenes estrechos y la baja productividad que caracterizan a gran parte del tejido empresarial colombiano.

Ospina insistió en que incrementos de esta magnitud deben estar acompañados de políticas claras de productividad y formalización. “Como política pública debe ser progresivo y venir acompañado de un paquete serio de productividad y formalización; si no, el costo se traslada a menos empleo formal, más informalidad y más presión sobre precios”, afirmó.

Desde el punto de vista técnico, el gremio cuestiona que el ajuste esté muy por encima de la inflación esperada para 2026.

El Banco de la República proyecta una inflación de 3,6% para diciembre de ese año, mientras que el incremento salarial no habría considerado de manera suficiente variables clave como productividad e inflación, criterios tradicionalmente utilizados en la definición del salario mínimo.

Según Acopi, esta decisión puede desanclar expectativas inflacionarias y terminar afectando el desempeño general de la economía.

La preocupación se da en un contexto en el que la inflación en Colombia cerró 2025 en 5,1%, completando cinco años consecutivos por encima del rango meta del Banco de la República.

Esta persistencia distingue al país de otras economías de la región como Brasil, Chile, México y Perú, que han logrado mantener sus índices de precios dentro de los objetivos establecidos.

Además, desde finales de 2024 el proceso desinflacionario perdió fuerza, anticipando mayores desafíos macroeconómicos para 2026 y 2027.

A las advertencias de Acopi se suman las de otros entes técnicos y del sector financiero. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) señaló que el aumento del salario mínimo, decretado tras el fracaso de la negociación tripartita, alterará de manera significativa la trayectoria económica y fiscal del país.

Según el comité, los incrementos sucesivos del salario mínimo y la alta indexación de los servicios a inflaciones pasadas explican buena parte del desanclaje estructural de la inflación en Colombia, con efectos persistentes sobre rubros como arriendos y otros componentes del IPC.

El Carf estima que el impacto fiscal del ajuste será de al menos $5,3 billones en 2026, equivalentes al 0,3% del PIB, y de $8 billones en 2027, es decir, el 0,4% del PIB, debido a la consolidación progresiva de los costos presupuestales.

El comité advierte que el salario mínimo sirve como referencia para múltiples gastos públicos y privados, incluyendo pensiones, nómina estatal y contratos de servicios como vigilancia y aseo, lo que amplifica su efecto sobre las finanzas públicas.

En el frente inflacionario, el Carf proyecta que la inflación podría acelerarse hasta 6,5% en 2026, muy por encima del 4,9% previsto anteriormente, con mayores presiones en servicios y comidas fuera del hogar. Este escenario obligaría al Banco de la República a mantener o endurecer su postura de política monetaria para contener las expectativas inflacionarias.

Por su parte, análisis de Corficolombiana advierten que, aunque la reciente apreciación del peso podría mitigar parcialmente algunas presiones sobre los precios, el mayor dinamismo de la demanda interna limitaría ese efecto.

A ello se suma un entorno externo mixto, con señales de desaceleración en Estados Unidos y una caída de las exportaciones colombianas, factores que reducen el margen de maniobra de la economía.