Salario mínimo de 2026 le generará otro gasto al Gobierno y complicará el pago de pensiones, salud y subsidios: “No hay forma”

El aumento del 23% en el salario mínimo de 2026 en Colombia, y que dejó la remuneración en $2.000.000, aplicará desde enero y supondrá una presión fiscal para el Estado. La medida, que busca proteger el poder adquisitivo de cerca de dos millones de trabajadores, genera inquietud sobre su sostenibilidad y ya enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado en la que se argumenta la falta de justificación técnica y económica. El Gobierno Petro estableció el aumento con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de una parte de la población activa, disposición que afecta a empleados públicos, contratistas y trabajadores independientes vinculados al Estado.

Se estima que entre 1,4 y 1,5 millones de empleados públicos serán impactados por la medida. La mayoría desempeña funciones operativas y administrativas, con remuneraciones que oscilan entre uno y dos salarios mínimos. Además, el Estado deberá asumir compromisos adicionales en programas sociales y en los aportes al sistema de salud y pensiones, ya que el salario mínimo constituye la base de cálculo para estos gastos.

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La respecto, un análisis de la firma Crowe Co detalla que el aumento representará para el Estado un gasto fiscal adicional de más de $6 billones, distribuidos en diferentes partidas. Solo en el rubro de pensiones, el costo extra proyectado para 2026 asciende a cerca de $5,5 billones. Además, el gasto anual de la nómina pública podría incrementarse en más de $585.000 millones, ya que cerca de 150.000 empleados estatales perciben el salario mínimo y a cada uno se le sumaría un aumento mensual cercano a $330.000.

Con la nueva base, el costo mensual total de un trabajador público que gane ese monto alcanzará cerca de $3.000.000, cifra que engloba salario, auxilio de transporte, prestaciones y aportes. Por otro lado, el Estado tendrá que responder por aumentos en los pagos a contratistas, desembolsando mayores sumas para mantener contratos de prestación de servicios indexados al salario mínimo.

Efecto cascada y presión sobre el gasto público

De igual forma, el informe advierte que el impacto no se limita a los trabajadores que reciben el mínimo, sino que supone un reajuste inmediato en toda la estructura de pagos del Estado. “El problema es que no se trata de un grupo aislado. Cuando sube el mínimo, también se ajustan otras escalas salariales que están indexadas y ahí se genera un efecto cascada en toda la estructura de pagos del Estado”, afirmó el socio de auditoría de Crowe Co, Óscar Villarruel.

La dinámica afecta también a los contratos de prestación de servicios, cuyos honorarios suelen calcularse en función del salario mínimo vigente. Renovar o ampliar estos contratos demandará recursos presupuestales adicionales, lo que añade presión al funcionamiento estatal.

Asimismo, los trabajadores independientes vinculados al Estado verán un aumento en sus aportes mensuales a la seguridad social, que pasarán de rondar los $400.000 actuales a cerca de $500.000. Esto podría traducirse en solicitudes de honorarios superiores y, en consecuencia, elevar aún más el gasto público. “No estamos hablando de gastos puntuales o excepcionales, sino de presiones mensuales que se acumulan y que el Estado no puede postergar”, enfatizó el experto.

Impacto en el sistema de pensiones

Una parte crítica del gasto corresponde a las mesadas pensionales. En el sistema colombiano, las pensiones mínimas están atadas al salario mínimo. Calcula el informe que cada punto porcentual adicional de aumento en el salario implica $240.000 millones más de gasto anual solo en pensiones.

Así, el alza del 23% significará unos $5,5 billones adicionales en 2026 dentro de este componente. “Las pensiones son un gasto permanente. Una vez suben, no hay forma de revertirlas, y eso reducirá de manera importante el margen de maniobra fiscal en los años siguientes”, advirtió.

Así las cosas, la carga financiera de Colpensiones crecerá de manera automática, lo que convertirá el ajuste en un compromiso fiscal estructural que afecta la planificación presupuestal del país en el largo plazo.

Consecuencias para salud y subsidios

El Estado deberá asumir igualmente mayores obligaciones en salud y en la entrega de subsidios atados al salario mínimo. En su rol de empleador, el Gobierno paga al menos el 12% del salario de cada funcionario en aportes a pensión y el 8,5% en salud, sobre una base salarial ahora superior.

Por cada empleado público, dichos cambios supondrán cerca de $89.000 adicionales al mes o $1,07 millones al año en aportes. En la actualidad, el Estado subsidia la afiliación al régimen de salud de casi 25 millones de colombianos, por lo que se encarece de forma inmediata el gasto público en este sector.

Sostenibilidad y riesgo fiscal

Ante la falta de recursos presupuestados, el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 prevé la activación durante tres años de la llamada cláusula de escape de la regla fiscal, que permite expandir de manera temporal el déficit. Sin embargo, el informe resalta que gran parte del aumento de gasto por el ajuste salarial carece de financiación segura a futuro.

El Gobierno anunció medidas para generar nuevos ingresos, pero aún no está clara la procedencia ni la suficiencia de esos recursos frente a compromisos permanentes. “El riesgo es una mayor presión fiscal y un deterioro de la confianza frente a inversionistas y calificadoras”, advirtió la firma.

Repercusiones económicas más amplias

El efecto del aumento del salario mínimo va más allá de las cuentas fiscales. Según Crowe Co y estimaciones de JP Morgan, el alza podría sumar cerca del 1,4% a la inflación nacional durante el año de ejecución.

La informalidad laboral limita el alcance recaudatorio del ajuste. Solo cerca de 2,4 millones de personas ganan el salario mínimo, mientras que la informalidad alcanza alrededor del 57%. “La informalidad laboral en el país hoy ronda el 57%, lo que limita el alcance del ajuste sobre el recaudo y el aumento podría generar un efecto inflacionario adicional cercano al 1,4%”, puntualizó el socio de auditoría .

La baja capacidad de recaudación por medio de impuestos como el IVA, el impuesto al consumo o el gravamen a movimientos financieros reduce la posibilidad de que el alza salarial compense su impacto fiscal.

La demanda y su trasfondo

El decreto que fijó el incremento fue demandado ante el Consejo de Estado por el politólogo Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. La acción judicial argumenta que el aumento carece de justificación técnica y económica, contrario a lo que exige la Ley 278 de 1996, que obliga a analizar factores como inflación, productividad y crecimiento del PIB. El aspirante alertò sobre posibles consecuencias adversas como mayor informalidad, nuevas presiones inflacionarias y riesgos para la sostenibilidad fiscal. Mientras el Consejo de Estado delibera, el decreto sigue vigente en todo el país.

Al respecto, el ex subdirector operativo de la Dian Christian Quiñonez, socio de Clevertax Assesment, recordó antecedentes similares.

“Lo que hace una sentencia es tumbar el decreto, diciendo que no había justificación técnica para un aumento de esa cantidad”. Sobre la utilidad de estos fallos judiciales, apuntó que “ojalá que en este caso no se demore todo el 2026 porque ya no tendría ninguna razón de ser una sentencia, cuando el salario ya se ha aplicado”.