La discusión sobre el impacto del nuevo salario mínimo en las personas pensionadas abrió un intercambio entre Gustavo Petro y Daniel Sanín en la red social X.
Sanín, abogado y especialista en Derecho Público, planteó que una persona mayor con una pensión de $3.800.000 enfrenta dificultades para pagar a una cuidadora bajo las nuevas condiciones económicas.
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El abogado escribió: “Con el nuevo mínimo una anciana con pensión de 3.800.000 no puede pagar una cuidadora”.
Sanín profundizó en su postura al mencionar, en tono irónico, que quienes se jubilen en el futuro podrían verse obligados a buscar alternativas poco convencionales para su cuidado.
Añadió: “Pero bueno, esa es la dignidad”. E ironizó: “A las nuevas generaciones que les toca un régimen más duro de pensión les tocará entrenar sus gatos para que los cuiden”.
Con estas frases, Sanín expuso su preocupación por el acceso a servicios de atención para adultos mayores y por la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Ante estos señalamientos, Gustavo Petro intervino para señalar que el cuidado de las personas mayores no debe ser una carga exclusiva para las familias.
El mandatario respondió: “Las cuidadoras son parte del sistema de prevención que deben ser pagas por el sistema de salud”.
Así, Petro planteó que corresponde al sistema de salud asumir ese pago, lo que trasladaría la responsabilidad al sector público.
El presidente Petro también recordó experiencias previas en la administración pública, mencionando: “Tenemos la capacidad para hacerlo y lo hice en Bogotá”.
De esta manera, la respuesta del presidente orientó el debate hacia la necesidad de fortalecer mecanismos estatales que garanticen la atención y protección de las personas mayores.
Situación con las pensiones
El Gobierno de Gustavo Petro introdujo un cambio en el sistema pensional colombiano a través del Decreto 1485. Esta medida, emitida por el Ministerio de Hacienda, modifica el mecanismo conocido como deslizamiento del salario mínimo en las pensiones.
El ajuste generó preocupación entre los afiliados a fondos privados y reabrió el debate sobre el acceso a la jubilación.
Hasta ahora, el deslizamiento permitía que las pensiones mínimas se actualizaran cada año con el aumento del salario mínimo, beneficio que el Estado asumía para quienes recibían una renta vitalicia. Con la nueva regulación, esa responsabilidad pasa a los futuros pensionados, lo que transforma las condiciones necesarias para obtener una pensión.
El decreto establece que solo quienes tengan una pensión equivalente al salario mínimo recibirán la cobertura total del deslizamiento. Para los pensionados con mesadas de hasta dos salarios mínimos, el ajuste solo aplicará si la pensión final es igual al mínimo legal. Además, quedan excluidos quienes hayan retirado excedentes de libre disponibilidad, ya que se considera que tendrían un doble beneficio.
El cálculo del deslizamiento también cambia. Ahora se basará en el mayor valor entre el crecimiento real promedio de la productividad de los últimos diez años o el 35% del promedio de la inflación anual del mismo periodo. La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda definirá y publicará este indicador cada año.
Según Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, la nueva fórmula incrementa de forma considerable el capital necesario para jubilarse. Andrés Velasco, presidente de la organización, explicó que antes bastaba con acumular alrededor de $350 millones, pero con la nueva normativa el monto podría llegar a $550 millones. Esto obligaría a muchos trabajadores a extender su vida laboral entre 10 y 15 años para cumplir con los requisitos.
El gremio también señaló que los seguros de invalidez y sobrevivencia se encarecen, lo que reduce la protección ante riesgos como accidentes o enfermedades. Además, anticipó que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima enfrentará una mayor presión fiscal, ya que podría agotarse y generar nuevas obligaciones para el Estado.
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